¡Qué cara es la memoria histórica!

Publicaba el BOE hace unos meses la relación de las ayudas concedidas al amparo de la Ley de la Memoria Histórica. Supongo que nadie se sorprenderá de que esta iniciativa fuera acompañada de “subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo”. Si no hubiera pasta de por medio no habría tanta gente interesada en el tema.

Entre otras cosas hemos pagado jugosas cantidades como las siguientes:

• Proyecto para la recuperación de la memoria histórica y la dignificación moral de los líderes sindicales del Metal y la Construcción de UGT, Fundación Anastasio de Gracia FITEL, 18.500,00 €
• Recuperación y difusión de la memoria histórica protestante en Galicia durante la guerra civil y el franquismo, por el Consello Evanxélico de Galicia 18,500,00 €
• Exposición itinerante: "La lucha por la democracia desde la izquierda rupturista", de la Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de España y de la Joven Guardia Roja de España, 23.000,00 €
• Diccionario del republicanismo catalán en el exilio mexicano, por la Fundació President Josep Irla i Bosch, 27.000,00 €

Así podríamos seguir hasta los 3.870.000,00 € (casi 650 millones de pesetas) gastados en estas subvenciones. Interesantísimo gastarse ese dinero en resucitar la memoria de los protestantes en Galicia en la guerra civil o a la Joven Guardia Roja, que estaban muy olvidados.

Basta fundar una asociación y ponerse un nombre rimbombante para que lluevan los euros de todos en nombre de la nueva corrección “democrática”, y hay de quien diga que ese dinero estaría mejor gastado en cosas como, por ejemplo, pagar proyectos para evitar parados (es un ejemplo, no demagogia barata). Pues me niego a ser “correcto” según el diccionario acuñado por Zapatero.

No me apetece que en plena crisis, y recortando salarios y prestaciones, se gasten mi dinero en apesebrar voluntades. Si realmente creyera que son proyectos interesantes de investigación histórica estaría de acuerdo, pero no me lo creo. Gente cuya vida se centra en investigar la barbarie de la dictadura no necesita que le paguen cuatro millones y medio de pesetas por escribir un “diccionario” y cosas así. Sí, me atrevo a poner en duda que esas cantidades no contemplen jugosos contratos con personas afines al poder, soy así de desconfiado.

Las subvenciones para publicaciones deberían desaparecer. Que se cuelguen las cosas en Internet, que es más rápido, más universal y encima más ecológico, que no gasta papel.