Parece que por fin ha acertado Rajoy en el foro en que sus palabras tienen eco. El perfil del aspirante a Presidente me recuerda siempre a Vicente del Bosque (quienes me conoce, gritarán “¡milagro! por el símil deportivo), un hombre tranquilo que va a su ritmo y le resbala que los demás intenten marcarle los tiempos. Cuando quiere callar, calla y cuando quiere hablar, habla.
Ahora ha hablado, y centra su mensaje en el desarrollo autonómico como uno de los problemas endémicos de España. En este mismo blog se podía leer un artículo que apuntaba en esa dirección: superponer una y otra administración sobre el ciudadano, pagano de toda esa ensalada de funcionarios, no es bueno. Además de farragoso, poco práctico, antieconómico y, por si fuera poco, generador de inseguridad jurídica (uno nunca tiene la certeza absoluta de tener todos los papeles en regla), es un esquema totalmente ilógico.
Vale que España es un estado con Autonomías; vale que la Administración Local tiene que tener su parcela; vale que somos más europeos que la CECA (ojo al apunte histórico), pero lo que no tiene sentido es que cada administración se dedique a engordar año tras años a cuenta de nuestros impuestos. Aquí no se trata de identidad nacional, que los partidos nacionalistas supongo que hoy seguirán el guión de costumbre y saldrán en tromba a llamar fascista a Rajoy, sino de que no podemos permitirnos seguir tirando el dinero a manos llenas.
Me parece fantástico que los ayuntamientos tengan sus competencias, al igual que comarcas, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, ministerios, comisiones europeas y demás familia. El problema es cuando TODOS tienen TODAS las competencias, pero repartidas en diferentes niveles.
Pongamos un ejemplo: Una directiva de la Unión Europea sobre la cría del berberecho salvaje (es un decir) marca unas pautas, que la legislación de cada Estado desarrolla. Pero en España, hete aquí, que el Estado sólo tiene competencias sobre legislación “básica” teniendo que hacer la de desarrollo cada Comunidad Autónoma. Una vez llegado aquí, pasamos a las competencias provinciales de las diputaciones con costa, que también meterán mano en el tema, hasta que, por fin, el Ayuntamiento de turno busca dónde cargar una tasa o un pequeño impuesto para poder seguir pagando bailes y festejos varios. Todo muy bonito, muy guay y muy plural, si no fuera porque cada una de las administraciones implicadas va a tener asesores, redactores, secretarios, conselleiros, concejales o lo que sea dedicados a ese tema de forma redundante. Lo lógico sería que en España cada competencia se asigne a una administración, y el resto ni le tosan sobre ella, pero claro, eso no vende, lo que mola es que todo el mundo pueda colocar a su cuñado de especialista regional.
Todo eso lo pagamos nosotros, y preferiría que no me quitaran el dinero, que yo sé gastarlo mucho mejor que el Estado. Como liberal creo que la administración ha de ser de mínimos, y que estamos en un momento en que hay demasiada normativa, un exceso de poder público y que se está acotando demasiado a la sociedad civil, cuya única función parece ser ir cada cuatro años a meter la papeleta. Y luego si puede ser, mejor calladitos.
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