Un Estado de Alarma ilegal

Tras un par de días inmersos en el Estado de Alarma, que a los ciudadanos de a pie nos afecta bastante poco, llega el momento de analizar esta figura y su declaración ante la presión y las maniobras ilegales de los controladores aéreos.

Antes de nada, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación están diciendo muchas tonterías sobre las disposiciones que la Constitución recoge sobre el estado de alarma. La Constitución no dice nada, sólo menciona que se puede declarar por el Gobierno por 15 días, y remite su regulación a una Ley Orgánica, así que lo que hay que ver es lo que dice la Ley Orgánica 4/1981, que es la que se ocupa del tema.

Artículo 4

El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

1. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

2. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

3. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.

4. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

El Gobierno ha decretado el Estado de Alarma basándose en los puntos 1 y 4; vamos, que lo de los controladores fue una “calamidad” pública que produjo un “desabastecimiento". Es evidente que es una excusa ya que no se dan ninguna de las dos circunstancias, y que este artículo no se refiere a la situación actual, sino de otras más extraordinarias, poniéndose en la propia ley ejemplos como terremotos, inundaciones… No nada análogo al plante de un colectivo. El otro clavo ardiendo para el Gobierno es el punto 3, que habla de paralización de servicios públicos. El problema es que esa paralización se condiciona a que “concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”, es decir, que se refiere a que esa paralización esté debida a una catástrofe o crisis sanitaria.

Con esta ley en la mano, por tanto, es obvio que el Gobierno no ha actuado conforme a derecho al decretar el Estado de Alarma dadas las circunstancias. Que yo sepa, los controladores no han provocado una pandemia de ébola ni han incendiado las torres de control, así que la mera interrupción del tráfico aéreo, por grave que sea, no autoriza sacar los tanques a la calle (es un decir).

Creo que por otra parte la ciudadanía no es consciente de la gravedad de lo que significa declarar un Estado de Alarma. Es un fracaso de cualquier democracia intentar atajar por las bravas lo que no se ha solucionado por vías convencionales, pero no me refiero sólo a eso, sino a que es un estado de anormalidad que supone la suspensión de algunos de nuestros derechos constitucionales, y facultar al Gobierno para tomar medidas extremas que se justificarían por la gravedad de la situación. Algunas de las cosas que se pueden hacer durante un Estado de Alarma son las siguientes:

• Limitar la libertad de circulación.
• Requisar temporalmente cualquier bien.
• Imponer prestaciones personales obligatorias (vamos, obligar a cualquier ciudadano a hacer un servicio).
• Intervenir y ocupar cualquier industria o local, salvo domicilios privados.
• Racionamiento de servicios o artículos de primera necesidad.

Si esas son las medidas que prevé la ley, ¿alguien cree que se está refiriendo a una crisis como la actual? ¿No suena más bien a una emergencia de otro tipo?

Es muy tentador dar un puñetazo en la mesa, al estilo de Franco, pero poco democrático. No se puede pretender atajar vía decreto lo que no se ha sabido o no se ha podido arreglar en meses o años de conflicto, sobre todo cuando la ley no lo permite. Lo grande es que encima ya sabían que se iba a armar el belén en el puente.

Decía el ministro Rubalcaba, en ausencia de Zapatero que es quien tenía que haber dado la cara, que “quien echa un pulso al Estado, pierde”. La cuestión ahora es esta batalla, que los controladores han perdido, tal vez provocará que ganen la guerra en los juzgados. Si recurren a la justicia para que invalide el estado de alarma, ¿qué podría pasar a continuación?, ¿qué mecanismo queda para la próxima crisis?

Esto no ha terminado, me temo, y al final los paganos seremos los españolitos de a pie, que vamos a tener que pagar con nuestras vacaciones, viajes y ya reducidos salarios las crisis provocadas por unos señores que ganan lo que no ganaremos ninguno en nuestra vida y por un Gobierno que no ha sabido o no ha querido atajar el problema y tira de lo primero que se le ocurre.