El 23F de Zapatero

Zapatero se negó a contestar ayer, en la sesión de control parlamentario a la que el Gobierno está sometido, a una pregunta que Rajoy le hizo sobre economía. Su argumento era que, como era 23-F, no quería discutir. Y se quedó tan tranquilo con su particular visión de lo que quieren decir términos como “democracia”, “dictadura”, “diálogo” y “debate”. Alguien, quizás el Rey que parece que algo puede decir sobre el 23-F, debería coger a Zapatero por una oreja y explicarle clarito clarito que el pilar básico de cualquier democracia es el debate. Que el poder se niegue a contestar “por no discutir” es como la paz de los cementerios: real, pero no deseable.

Entiendo que para el Presidente, y más con la que está cayendo, le incomodan las preguntas de la oposición. Principalmente porque no tiene mucho que decir: los demás países están saliendo de la confabulación judeo-masónica de los mercados que, malvados ellos, sólo buscan derrocar su califato. El resto del mundo, por lo que se ve, le cae mejor a los opresores mercados. No tiene que ver con la gestión de Zapatero, ¿qué va a poder hacer el pobre?. Él sólo es el Presidente del Gobierno de España: no le elegimos (los que le han elegido, quiero decir) para que nos ayude a salir de la crisis, sino para aliar civilizaciones, crear ministerios de quita y pon (léase el de igualdad o vivienda) y decir que le gustan las revueltas de África, pero que mejor si muere poca gente (observación a la que ni el mismísimo Winston Churchill habría podido llegar por su complejidad y profundidad extremas; para cuándo el Nobel a Zapatero).

El 23 de febrero de 1.981 hubo un intento de golpe de Estado, llevado a cabo por los sectores descontentos del franquismo. Precisamente, una de las cosas que no les convencía mucho a esta gente era el tema del parlamento, el debate, la obligación del Gobierno de contestar a la oposición y todas esas tonterías que la democracia trae consigo.

Flaco favor le hace a la democracia un presidente del gobierno que usa un intento de golpe de Estado para no cumplir con sus obligaciones en el Parlamento.