La inexistencia de sanciones políticas

Hablábamos ayer de los sueldos de los representantes públicos, “los políticos”, como le gusta decir de forma despectiva a mucha gente. Hoy hablaremos de las sanciones. Hay cosas que son totalmente incomprensibles en el funcionamiento de este país, y ya no sólo en política sino en cualquier ámbito. No existe la responsabilidad, ese concepto básico de cualquier sociedad avanzada y que en España en lugar de intentar inculcarse se disimula en la educación de las últimas generaciones. 

Vemos en los telediarios día sí y día también que fulano de tal, que arruinó su imperio económico y que entró en concurso de acreedores, metiendo en un berenjenal a cientos de empleados y recurriendo a dineros públicos para “sanear” el chiringuito, monta una nueva empresa multimillonaria a los pocos días. Por poner nombres y apellidos, los lucenses observamos ojipláticos que Dorribo, que tiene más líos de los que podemos contar, anda creando industrias allá por la costa mediterránea sin ningún tipo de problema. Esto, llevado a la política, es un poco lo mismo. Quienes han colaborado activamente a arruinar a este país no sólo no se meten en un agujero (por favor, entiéndanme que hablo de agujero como madriguera, que aquí caen querellas por amenaza como mantas) sino que se atreven a alzar la voz y decir a sus sucesores “lo que tienen que hacer”. 

No hay responsabilidad, no existen consecuencias. Desde que la Iglesia entró en declive, y con ella la religión en España, el temor al infierno (que por lo visto ora existe, ora no existe, según se levante el Papa ese día) ya no es amenaza para los fieles, y como la legislación aprobada por nuestros padres de la patria es muy laxa con sus propias vergüenzas, nos encontramos con esa situación en la que vemos que el que la hace no sólo no la paga, sino que la cobra. 

Para el hipotético y poco probable caso de que un chorizo no encuentre un buen abogado o una trampa legal por la que escabullirse (recuerden que Liñares está en la calle por un tecnicismo, perfectamente lícito, pero tecnicismo a fin de cuentas) se inventaron la figura del “indulto”, que viene a ser una violación flagrante del principio de separación de poderes por el que el Gobierno se salta a la torera una sentencia en que se considera probado un delito y “perdona” al malnacido de turno. Y lo hacen de forma arbitraria y sesgada, sin molestarse en salir a la plaza pública a preguntar al “pueblo” (me pone enfermo lo de usar ese término para hablar de los ciudadanos, lo pongo precisamente en plan demagogia) “¿A quién queréis que libere, a Jesús o a Barrabás?”, lo cual tiene la ventaja de hacer lo que te venga en gana y la desventaja de no poder lavarte las manos. 

Llevamos en democracia 18.000 indultos, lo cual hace que la medida excepcional, lo que se dice excepcional, no parezca. Son líderes de misericordia los gobiernos de Felipe González (5.948 indultos) y Aznar (5.944). No les digo los delitos más habituales que se me encienden las masas y toman la Moncloa, incluso retroactivamente. 

Pero a lo que iba, hablábamos de la responsabilidad. ¿Qué puede pasarle a un diputado que haga una barrabasada? (obsérvese el hábil manejo de la figura de Barrabás con el término “barrabasada”) pues a lo más le puede caer una sanción de su grupo político, y eso sin pasarse. Para que se hagan a la idea, jugar al Apalabrados en el escaño supone una sanción de 300 euros si sale en los periódicos (si no sale, no pasa nada), y romper la disciplina de voto en una consulta sobre la unidad de España sólo cuesta 100 euros más. Son las sanciones que pusieron a los diputados que salieron en la prensa dándole a las letras flotantes y a los del PSC que se abstuvieron en la declaración soberanista de Mas y compañía. No son sanciones, son tiritas que se ponen para sanar titulares negativos. 

¿La solución? Compleja. O creemos en la libertad de los diputados para votar lo que les venga en gana, lo cual en un país de listas redactadas por partidos políticos y nula responsabilidad ante los electores directos, u optamos por las famosas listas abiertas y la circunscripción más reducida aún que la provincia. Pero esto último es política-ficción por ahora. De todas formas, recuerden que lo de la falta de responsabilidad no vale sólo para diputados, va para todos, políticos y no políticos. Es lo bueno de ser español si eres un fan de la picaresca, y lo malo si quieres hacer una sociedad mínimamente seria.