Más sobre la Pantoja y otros delincuentes

Que la lógica y la administración no suelen ir de la mano creo que no es un secreto para casi nadie. El hecho de que lo público tenga que regularse por rígidas normas generalistas, que no permiten individualizar los casos sin caer en la peligrosa deriva de la arbitrariedad, provoca situaciones absurdas como casi todos conocemos en el anecdotario popular. 

Pero estas situaciones no siempre son tan ridículas como parece, y en ocasiones no es tanto un problema de la administración como de la percepción que tenemos de ella y de la forma de operar que tiene. Me estoy refiriendo concretamente a la contratación de servicios públicos con delincuentes, tal y como suena. 

A raíz del artículo de ayer sobre Isabel Pantoja, me llegó un email diciéndome que era una vergüenza que la TVG contratara a esta señora para un espectáculo porque, tal y como dice el BNG, es “normalizar el delito” o algo por el estilo. He traducido el correo a un argumento que pueda tener sentido porque si les pongo el texto original Google me cierra el blog por bizarro, aun corrigiendo las obvias faltas de ortografía. 

En la misma línea a Feijoo, recientemente acusado por las famosas fotos de ser poco menos que el que ayudaba a un narco a descargar los fardos de coca de las planeadoras, se le ocurrió plantear en el Parlamento que frente a los 5.000 euros de contratos que recibieron las empresas de Dorado durante su mandato el bipartito les concedió 125.000 euros en subvenciones. La lio parda porque PSOE y BNG no llevan nada bien la crítica así que si ya se la tenían jurada ahora ni les cuento. 

Hellín Moro, ultraderechista de fuerza nueva y condenado en 1982 a 43 años por el asesinato de una chica de 19 años, trabaja ahora como asesor de la policía en temas de espionaje e informática… 

La cuestión es, resumidamente, la siguiente: ¿puede una persona condenada por un delito fiscal, de tráfico de drogas, terrorismo, pederastía o asesinato ser contratada por la administración pública? Es evidente que sí, legalmente hablando, lo que suscita la segunda cuestión ¿y es lícito? 

La respuesta es, para mí, totalmente obvia: Sí. 

Verán, cuando una persona es condenada se le impone una pena que suele ser un tiempo de prisión (que se puede canjear en determinados casos si uno no tiene antecedentes y esas cosas) y una cantidad de dinero en concepto de multa o indemnización, o ambas. A mayores de eso las condenas pueden incluir otra serie de mandatos o limitaciones: no poder presentarse a un cargo público (sufragio pasivo), vedar la distancia a que el condenado puede acercarse a un determinado lugar o persona (órdenes de alejamiento), inhabilitación para ciertas actividades… Se entiende que con eso es suficiente. 

Si creemos que la pena es proporcional y justa al delito cometido, lo cual es otro debate a abrir en este país (sobre todo con el tema de las reducciones de condena y esas cosas), entonces no podemos pretender que un condenado vea destruida su vida sin posibilidad de remisión, porque entonces lo que estamos es creando un círculo vicioso en que el criminal jamás podrá volver a reintegrarse a una sociedad normalizada. 

Tengo que reconocer que en ciertos casos yo mismo dudo de las bondades de esta idea. Que un terrorista pueda estar tan tranquilo regentando una cristalería me revuelve el estómago, pero entiendo que si no hace eso se le está abocando a seguir con una “carrera criminal”. Otra cosa es que la cristalería (todos recordarán de qué les hablo) esté en el bajo del edificio donde vive la viuda de una de sus víctimas. Pero eso es un error en la sentencia, no en el sistema. 

¿Cómo proponen, además, los defensores de una “limpieza absoluta” atajar esto? ¿En las convocatorias de subvenciones o de contrataciones se pone una coletilla que diga “el empresario no puede haber sido condenado por ningún concepto”? ¿O enumeramos una serie de delitos “mayores” o “indignos” y dejamos a un lado otros “menos graves”? Es una cuerda peligrosa de la que se puede caer con muchísima facilidad. 

Isabel Pantoja ha sido condenada por blanqueo de capitales, lo que no tiene nada que ver con su arte a la hora de cantar, que es por lo que la contrata la TVG. ¿Que es diferente eso de un contrato público al que se presentan las empresas que les da la gana? Sí, claro que sí, y probablemente sea una torpeza por parte de la televisión gallega haberse metido en ese jardín, aunque fuera cuando estaba imputada y no condenada, ya que esos contratos son discrecionales. 

Tampoco estoy hablando de que a un tío condenado por desvío de fondos públicos lo pongas de Secretario General del Tesoro, vamos a ser razonables, pero de ahí a lo que se está diciendo media un abismo. 

Sé que esta teoría de la rehabilitación puede crear situaciones esperpénticas, y que también es probable que se den casos de abuso en que personas condenadas por ciertos delitos vayan a foros públicos a hablar de la indignidad de otros que hacen exactamente lo mismo, yo lo he visto y no me tienen que explicar nada de eso, pero la otra opción podría ser aún peor. Y ahí es donde la Sociedad tiene que poner el límite y decirle a esta gente "oye, macho, vale que ya has cumplido tu condena pero no me vengas a dar lecciones de moralidad tú que eres un chorizo".

La sentencia fija la condena, no seamos más papistas que el Papa y aunque haya una reacción social inevitable intentemos normalizar esto.