Carta blanca selectiva

Tras un descanso vacacional más que generoso, retomamos la actividad bloguera, y voy a empezar con un tema que año tras año vemos en Lugo con aparente indolencia: la avalancha de manteros.

Ante la petición de Lugo Monumental de que en el próximo San Froilán se cumpla la ordenanza municipal sobre venta ambulante, elevada al Ayuntamiento de Lugo, que es la administración competente sobre el tema, el Gobierno Local se declara incapaz, literalmente.

Establecen una comparación con el asalto a la valla de Melilla, asumiendo que todos los vendedores ambulantes ilegales son africanos, lo cual denota un sesgo más que discutible. Dicho paralelismo, además, es insostenible porque entre cruzar una frontera y estar 10 días vendiendo mercancía falsa en puestos estables controlados por mafias hay una serie de obvias diferencias. La primera de ellas es que tras más de una década de permisividad y un efecto llamada evidente los mismos que antes consentían tienen difícil hacer cumplir las normas. Si las autoridades que con tanto celo se preocupan de sancionar a algunos vecinos de Lugo hubieran puesto la mitad del empeño en tomar medidas contra el comercio ilegal la situación sería muy diferente.

En la petición de la asociación se habla también de mejorar las condiciones en que se instalan las personas que sí venden mercancía legal, ya que es preocupante la situación de insalubridad en que en años anteriores se consentía "acampar" a mucha gente, haciendo sus necesidades en plena vía pública. Lo lógico es que quien venga lo haga en unas condiciones dignas.

De todas formas, a nivel general lo más preocupante es que parece que en Lugo siempre que haya un número suficiente de personas que desean incumplir una norma tienen bula para hacerlo. La fiesta de la Carballeira, el incumplimiento de los servicios mínimos en la reciente huelga de recogida de basuras o la permanente presencia de gorrillas en el HULA son ejemplos más que evidentes de que un grupo lo bastante grande puede hacer lo que le venga en gana sin preocuparse de la engorrosa obligación de seguir las ordenanzas que sí atan al común de los mortales.

La ciudadanía asiste pasmada a las declaraciones pública de las autoridades que dicen que no se pueden poner “puertas al campo”, o lo que viene a ser lo mismo, “siempre que sean muchos pueden hacer lo que les salga de las narices porque yo no me voy a arriesgar a perder votos de tanta gente y encima al resto os importa un pepino”. ¿Tienen razón? ¿Realmente nos da igual que haya carta blanca para algunos y vara para otros? Ustedes dirán.