Un resumen de la historia del Garañón (I)

En 1991 entró en vigor un nuevo Plan General de Lugo. En ese documento se daba edificabilidad a amplias zonas de la ciudad entre las que estaba la unidad de actuación CS5, más conocido como el Garañón.

Alzado aprobado en Pleno
por la mayoría absoluta de Orozco

El 7 de noviembre de 2005 se aprueba el PERI y el convenio del Garañón. ¿Qué es esto? Pues es, para que nos entendamos, la concreción de la forma que tomaría volumen que concedía el Plan General. El constructor planteó una serie de torres en lugar de opciones menos agresivas y que no entorpecerían la vista pero menos interesantes económicamente para él. El PSOE aprobó ambos documentos en solitario. Besteiro era el concejal de urbanismo y Orozco el Alcalde.

El 31 de diciembre de 2005, un sábado que encima era festivo (fin de año es festivo para la administración) Orozco reúne de forma extraordinaria a la junta de su gobierno y aprueba el proyecto de equidistribución garantizando la edificabilidad al propietario. En el convenio con el promotor se le garantizaba que, de no llegar a buen término la concesión de licencia, sería indemnizado, incluso por el lucro cesante. Besteiro seguía siendo el concejal de urbanismo y Orozco el Alcalde.

Al día siguiente, el 1 de enero de 2006, entraba en vigor una reforma de la Ley del Suelo que reduciría la edificabilidad de la parcela.

Gracias a la dinámica asociación en defensa del Parque de Rosalía, que llevó el tema a los tribunales, el 21 de septiembre de 2009 el juzgado de Lugo anula el proyecto de urbanización.

El 26 de noviembre de 2010 el juzgado de instrucción nº 1 de Lugo paraliza el proyecto y la construcción de las torres, ya comenzadas para escándalo de media ciudad. En el auto de paralización (página siete) se recoge que "tras el examen detenido de las actuaciones, se llega a la conclusión de que se pudiera estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística, ya que parece haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales y una promotora particular para actuar en contra de los intereses generales, que nuestros representantes tienen la obligación de preservar". También se dice que tanto el convenio como el proyecto de licencia "incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo".

También se recoge que la paralización se lleva a cabo "por posibles delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, conocimiento de ilegalidades en la concesión de la licencia, omisión del deber de perseguir delitos y numerosas transgresiones". Se solicita además informe a la Guardia Civil sobre el coste que supondría ejecutar la demolición de lo ya construido.

El ayuntamiento lucha contra esta paralización (es decir, a favor de que se construyan las torres) pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima su recurso.

El 2 de diciembre de 2011 el gobierno local hace público que el promotor ha pedido 25,8 millones de euros en concepto de indemnización por la paralización de las obras, acogiéndose al convenio firmado con Orozco.

La vergüenza del Garañón - Foto de El Mundo

El 15 de diciembre de 2013 la instructora, Pilar de Lara, rechaza la intención del Ayuntamiento de personarse como acusación particular, ya que insinúa que si está implicado en el expediente es como responsable, no como acusador. Dice textualmente: “Es absurdo que el Concello de Lugo pretenda personarse como acusación particular en una causa por prevaricación y contra la ordenación del territorio (...), en la que se investiga la implicación de autoridades, concejales y del alcalde mismo”.

Estos hechos son incontestables. No son opiniones, sino realidades. Lo de la opinión vendrá mañana que si no me alargo...