La negativa del señor Deán de la Catedral de Santiago a aceptar la Credencial del Camino Primitivo emitida en Lugo con el aval y respaldo explícito del Obispado de nuestra ciudad ha abierto un debate que llevaba años pendiente, el del control del Camino de Santiago.
Piensa el señor Deán que la máxima autoridad sobre esta ruta es él, o en su defecto el Cabildo que él encabeza, pero ese criterio deja de lado muchos aspectos de lo que la ruta de peregrinación católica más conocida del mundo significa en realidad.
El trabajo desinteresado de muchísimas personas ha convertido tradicionalmente al Camino de Santiago en lo que es, un fenómeno difícilmente explicable sin la participación de los entes que se han agrupado en Asociaciones de Amigos del Camino y otras instituciones a lo largo de la Historia. A ellas, colectivamente, se ha enfrentado el señor Deán al negar la validez de toda credencial que no sea la publicada por su Catedral, cuestión totalmente ilógica porque no tiene el más mínimo sentido exigir al caminante un documento emitido por el punto de destino.
El debate de fondo de todo este asunto puede interpretarse de otra manera: ¿tiene sentido que sea una institución tan parcial y tan demostradamente interesada como la Catedral de Santiago la que controle el Camino? ¿No sería más apropiado que las administraciones con competencias en materia de cultura y turismo se hicieran cargo de esto?
Como liberal me cuesta mucho trabajo abogar por la intervención del Estado en cualquier materia, pero la actitud del señor Deán, lejana a toda caridad cristiana y a la generosidad que se le supone al cargo, hace que me plantee la oportunidad de crear una “Oficina Civil de Acogida al Peregrino”, dependiente del Ayuntamiento de Santiago, ubicada en la Plaza del Obradoiro y que, libre de todo prejuicio, acepte cualquier acreditación que demuestre que el caminante ha cumplido los mínimos 100 kilómetros de viaje, sin exigir ni una motivación religiosa ni un impuesto revolucionario como el que pide ahora la Catedral.
Para evitar intrusismos el Ayuntamiento podría coordinarse con la Xunta y emitir un certificado, la Compostelana (diferente de la Compostela y con un sentido más abierto), que tendría una tasa de un euro dedicado íntegramente a fines sociales, con lo que a nadie le costaría demasiado desprenderse de ese precio simbólico.
Con todo lo que pasó en la Catedral de Santiago, los millones de euros presuntamente sustraídos sin que siquiera se enterasen, lo del Códice… quizás el señor Deán debería ser más cuidadoso a la hora de intentar imponer unos privilegios que la sociedad de hoy día no está dispuesta a aceptar. Y si siguen en sus trece, esa misma sociedad tendrá que reaccionar y dar alternativas. Alternativas civiles.
El Camino de Santiago es de los peregrinos, de los hospitaleros, de las personas que generosamente ofrecen su tiempo y su esfuerzo a cambio de nada. Es Patrimonio de la Humanidad desde mucho antes de que tuviera ese título de la UNESCO. Y quien no lo entienda así no debería tener ninguna competencia sobre el Camino.
Piensa el señor Deán que la máxima autoridad sobre esta ruta es él, o en su defecto el Cabildo que él encabeza, pero ese criterio deja de lado muchos aspectos de lo que la ruta de peregrinación católica más conocida del mundo significa en realidad.
El trabajo desinteresado de muchísimas personas ha convertido tradicionalmente al Camino de Santiago en lo que es, un fenómeno difícilmente explicable sin la participación de los entes que se han agrupado en Asociaciones de Amigos del Camino y otras instituciones a lo largo de la Historia. A ellas, colectivamente, se ha enfrentado el señor Deán al negar la validez de toda credencial que no sea la publicada por su Catedral, cuestión totalmente ilógica porque no tiene el más mínimo sentido exigir al caminante un documento emitido por el punto de destino.
El debate de fondo de todo este asunto puede interpretarse de otra manera: ¿tiene sentido que sea una institución tan parcial y tan demostradamente interesada como la Catedral de Santiago la que controle el Camino? ¿No sería más apropiado que las administraciones con competencias en materia de cultura y turismo se hicieran cargo de esto?
Como liberal me cuesta mucho trabajo abogar por la intervención del Estado en cualquier materia, pero la actitud del señor Deán, lejana a toda caridad cristiana y a la generosidad que se le supone al cargo, hace que me plantee la oportunidad de crear una “Oficina Civil de Acogida al Peregrino”, dependiente del Ayuntamiento de Santiago, ubicada en la Plaza del Obradoiro y que, libre de todo prejuicio, acepte cualquier acreditación que demuestre que el caminante ha cumplido los mínimos 100 kilómetros de viaje, sin exigir ni una motivación religiosa ni un impuesto revolucionario como el que pide ahora la Catedral.
Para evitar intrusismos el Ayuntamiento podría coordinarse con la Xunta y emitir un certificado, la Compostelana (diferente de la Compostela y con un sentido más abierto), que tendría una tasa de un euro dedicado íntegramente a fines sociales, con lo que a nadie le costaría demasiado desprenderse de ese precio simbólico.
Con todo lo que pasó en la Catedral de Santiago, los millones de euros presuntamente sustraídos sin que siquiera se enterasen, lo del Códice… quizás el señor Deán debería ser más cuidadoso a la hora de intentar imponer unos privilegios que la sociedad de hoy día no está dispuesta a aceptar. Y si siguen en sus trece, esa misma sociedad tendrá que reaccionar y dar alternativas. Alternativas civiles.
El Camino de Santiago es de los peregrinos, de los hospitaleros, de las personas que generosamente ofrecen su tiempo y su esfuerzo a cambio de nada. Es Patrimonio de la Humanidad desde mucho antes de que tuviera ese título de la UNESCO. Y quien no lo entienda así no debería tener ninguna competencia sobre el Camino.
Artículo publicado el 16 de marzo de 2016 en La Voz de Galicia
Con la Iglesia hemos topado
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