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| Texto de la convocatoria |
Hay cosas que son interpretables. Otras que son directamente falsas.
Queremos Galego convoca una concentración que tendrá lugar hoy a las 11:30 horas (si están de acuerdo con ellos ya saben, acudan a la manifa) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anuló algunos artículos de la ordenanza que el Ayuntamiento de Lugo aprobó hace un par de años con la vergonzosa complicidad de los partidos estatales. Del PSOE ya nos lo esperamos porque sabemos que necesitan la muleta del BNG en las instituciones, pero el PP difícilmente puede explicar que apoyara semejante cosa.
Esto ya lo habíamos hablado el otro día así que no voy a insistir. Lo que sí me parece que es retorcer la verdad, y demostrar que se miente, son los argumentos utilizados para la concentración. Según los convocantes el acto es “contra a sentenza que limita o uso do galego polo concello de Lugo”. Esto es falso. No se limita absolutamente nada.
Limitar, por definición, es poner límites a algo. En su acepción más “política” de la definición de la RAE, es “fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien”. La sentencia no supone prohibición alguna para nadie, ya que no impide a nadie la utilización del gallego allá donde considere oportuno, sino que lo que hace es derogar la obligatoriedad.
Cuando publiqué el anterior artículo sobre este asunto no faltó la obvia y previsible reacción airada de quienes entienden que no imponer el gallego es luchar contra el gallego. Lo que no acaban de meterse en la cabeza es que la imposición crea rechazo, y que lo contrario de lo que hacía Franco, que era imponer el castellano, no es imponer el gallego sino dar libertad de elección.
La libertad es buena, por definición. La ciudadanía es la que ha de decidir lo que quiere hablar, donde y cuando quiera. Si una persona desea expresarse libremente en gallego ha de poder hacerlo, al igual que en castellano. Eso es bilingüismo.
De hecho entiendo que ese rollo de que si te hablan en gallego hay que contestar en gallego es una tontería, igual que lo es que si te hablan en castellano hay que contestar en castellano. Yo tengo amigos y familiares cuya lengua materna es el gallego y mantenemos conversaciones perfectamente válidas hablando cada uno en lo que le sale de las narices y no pasa nada.
Otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, de administraciones públicas. Ahí entiendo que hay una diferencia que es que el funcionario no está actuando como ciudadano, sino como servidor de la otra persona por lo que sí es normal que conteste en el idioma que decida el administrado. Aunque solo sea para que se sienta cómodo hablando en lo que le apetezca, pero cuidado, recuerden que eso tiene la doble vertiente de que si desean expresarse en castellano no es lógico responder en gallego. En la administración, insisto.
Alguien debería explicar a los colegas de “Queremos Galego” que están en todo su derecho de utilizar la lengua que les dé la gana y que la sentencia del TSJ no anula ni un ápice ni limita en lo más mínimo dicho derecho. Solo que no obliga a todo el mundo a hacerlo, ese es el matiz fundamental.
Ya somos mayorcitos para que nos vengan con imposiciones, ¿no creen?
Queremos Galego convoca una concentración que tendrá lugar hoy a las 11:30 horas (si están de acuerdo con ellos ya saben, acudan a la manifa) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anuló algunos artículos de la ordenanza que el Ayuntamiento de Lugo aprobó hace un par de años con la vergonzosa complicidad de los partidos estatales. Del PSOE ya nos lo esperamos porque sabemos que necesitan la muleta del BNG en las instituciones, pero el PP difícilmente puede explicar que apoyara semejante cosa.
Esto ya lo habíamos hablado el otro día así que no voy a insistir. Lo que sí me parece que es retorcer la verdad, y demostrar que se miente, son los argumentos utilizados para la concentración. Según los convocantes el acto es “contra a sentenza que limita o uso do galego polo concello de Lugo”. Esto es falso. No se limita absolutamente nada.
Limitar, por definición, es poner límites a algo. En su acepción más “política” de la definición de la RAE, es “fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien”. La sentencia no supone prohibición alguna para nadie, ya que no impide a nadie la utilización del gallego allá donde considere oportuno, sino que lo que hace es derogar la obligatoriedad.
Cuando publiqué el anterior artículo sobre este asunto no faltó la obvia y previsible reacción airada de quienes entienden que no imponer el gallego es luchar contra el gallego. Lo que no acaban de meterse en la cabeza es que la imposición crea rechazo, y que lo contrario de lo que hacía Franco, que era imponer el castellano, no es imponer el gallego sino dar libertad de elección.
La libertad es buena, por definición. La ciudadanía es la que ha de decidir lo que quiere hablar, donde y cuando quiera. Si una persona desea expresarse libremente en gallego ha de poder hacerlo, al igual que en castellano. Eso es bilingüismo.
De hecho entiendo que ese rollo de que si te hablan en gallego hay que contestar en gallego es una tontería, igual que lo es que si te hablan en castellano hay que contestar en castellano. Yo tengo amigos y familiares cuya lengua materna es el gallego y mantenemos conversaciones perfectamente válidas hablando cada uno en lo que le sale de las narices y no pasa nada.
Otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, de administraciones públicas. Ahí entiendo que hay una diferencia que es que el funcionario no está actuando como ciudadano, sino como servidor de la otra persona por lo que sí es normal que conteste en el idioma que decida el administrado. Aunque solo sea para que se sienta cómodo hablando en lo que le apetezca, pero cuidado, recuerden que eso tiene la doble vertiente de que si desean expresarse en castellano no es lógico responder en gallego. En la administración, insisto.
Alguien debería explicar a los colegas de “Queremos Galego” que están en todo su derecho de utilizar la lengua que les dé la gana y que la sentencia del TSJ no anula ni un ápice ni limita en lo más mínimo dicho derecho. Solo que no obliga a todo el mundo a hacerlo, ese es el matiz fundamental.
Ya somos mayorcitos para que nos vengan con imposiciones, ¿no creen?
Según tu razonamiento, la administración pública es un oasis en un régimen de libertad. Defiendes la libertad, salvo en la administración donde el usuario impone al funcionario la lengua de su elección.Además de vulnerar el principio de movilidad del funcionariado por todo el país, conviertes al funcionario en hijo de un Dios menor incapaz de hacer sus propia elección.
ResponderEliminarSí, es cierto. Igual que entiendo que una persona tiene libertad de movimientos pero no puede faltar al trabajo en base a eso, o creo en la libertad de expresión pero me parece que en horario de trabajo un funcionario no debe hacer gala de sus opiniones políticas en su puesto.
EliminarLos funcionarios no somos "personas" en nuestro puesto sino servidores públicos. Y creo que en este caso prevalece el derecho del administrado a que se use el idioma que le resulte más conveniente a él.
En qué te parece vergonzosa dicha ordenanza?
ResponderEliminarLa Ordenanza no es vergonzosa es ilegal por el hecho de establecer la obligatoriedad de utilizar una de las dos lenguas cooficiales. Dejar que la gente elija en que idioma quiere comunicarse.
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