Enésima vergüenza en la Diputación Provincial

Hay temas tabú, en los que no se puede decir lo que se piensa realmente, y menos votarlo, a menos que se esté en una situación tan peculiar como la del diputado Manuel Martínez, que ahora mismo está haciendo lo que le da la gana porque no tiene que justificarse más que ante la opinión pública, cosa que parecería de sentido común si las cosas no funcionaran en clave de partido y de nota de prensa.

En el pleno de la Diputación de Lugo de ayer asistimos a un absurdo tan grande, incluso rayando en el delito de prevaricación, que choca notablemente que solamente uno de 25 diputados tuviera el coraje de decir en voz alta y clara lo que el sentido común y la legalidad vigente nos indican.

El tema era la aprobación de una nueva ordenanza del Gallego en la Diputación Provincial de Lugo a propuesta del BNG, que, por no variar, se pasa unos cuantos pueblos y viola cuestiones tan esenciales como el derecho del ciudadano de dirigirse a la administración en el idioma que le salga de las narices, sin más explicación que el respaldo legal e incluso constitucional.

Esta nueva intentona de imponer sus ideas por encima de las del común, recogido en normas superiores a las que puede dictar la Diputación (por suerte, dicho sea de paso) choca con el fracaso que en el Ayuntamiento de Lugo tuvo una normativa calcada, y que fue rebajada en sus expectativas unidireccionales por la justicia. De ahí mi referencia a un posible delito, ya que el hecho de aprobar una normativa ilegal a sabiendas de que lo es viene recogido en la legislación vigente como algo prohibido. Creo que a nadie debería extrañarle.

El respaldo del bipartito PSOE/BNG era previsible, ya que es habitual el entreguismo de los socialistas, perdidos en su espiral autodestructiva en que solo la muleta nacionalista les permite sobrevivir ante sus reiteradas derrotas electorales. Sin embargo es más llamativo el apoyo de los populares, que debería trazar una línea roja en la legalidad vigente. No lo han hecho y lo que es más grave, han votado a favor de una norma a pesar de decir en el propio pleno que no tenían muy clara su legalidad, lo que denota una pobreza en el asesoramiento jurídico bastante alarmante en un partido mayoritario en nuestra tierra.

Martínez, tras el bipartito haciendo marcaje

La complicidad de unos y otros en la aprobación de una normativa de corte totalitario, en que se impone un idioma sobre el otro a golpe de pito por inspiración divina no tiene justificación, y el Pepito Grillo en que se ha convertido Martínez por las circunstancias ha sido la única voz discordante en nombre de un sentido común ausente del pleno en las demás agrupaciones. También hay que decir que si Martínez hubiera sido aupado a la presidencia con los votos favorables del BNG no dudo en que estaría votando entusiasta a favor de este disparate, pero la cuestión no es por qué lo hace sino si tiene razón o no, y aquí la tiene.

El PP de Fraga fue el primero en andar la senda del “regionalismo integrado en la nación española” y le funcionó. Se merendó a Democracia Galega y otros partidos emergentes de centro-derecha autóctona metiéndolos a todos bajo el paraguas de un pseudonacionalismo de segunda categoría, que defendía lo propio pero sin poner en tela de juicio la unidad de España. Funcionó porque lo equilibró razonablemente bien aunque en los últimos años se derivó demasiado para beneficiar a los que le iban a hacer la puñeta electoral, pero ya sabemos que la capacidad del PP de pegarse tiros en su propio pie es un comportamiento que, de tan habitual, es una seña de identidad del partido.

La agrupación provincial del PP ha metido la pata, en mi opinión, respaldando un disparate jurídico que entiendo que en breve Galicia Bilingüe llevará a los tribunales. Y ganará, para vergüenza de los 24 diputados que, a sabiendas, respaldaron esta barrabasada.