Votar una ordenanza que nace tocada de muerte

Hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Lugo se debate la aprobación definitiva de la ordenanza de ocupación de vía pública para 2017. Las alegaciones presentadas por los colectivos Lugo Monumental y Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo han sido descartadas (con un informe bastante borde, todo hay que decirlo) por lo que los grupos políticos se enfrentan a una decisión que aparentemente es sencilla pero que la política puede convertir en sorprendente.

Por un lado tenemos una ordenanza que presenta serios problemas que ya hemos tratado en este blog. Se cobran las terrazas de Lugo a un precio totalmente disparatado (diez veces más caras que en Vigo y el doble que en Santiago o Coruña por poner ejemplos reales) y encima se utilizan criterios cuya consecución es fruto de una ilegalidad bastante obvia, ya que se soslaya el artículo 35.c de la vigente ley de Procedimiento Administrativo que dice claramente que hay que motivar los cambios de criterio, cosa que no se hizo al pasar a considerar las terrazas peligrosas o molestas cuando el año pasado no lo eran.

Por otro lado tenemos que el grupo de gobierno pretende utilizar la baza de “es que hay que acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia”, pero ese argumento tiene un fallo muy grave, y es que dicha sentencia no dice en ningún sitio que haya que corregir la ordenanza de 2017, simplemente anula una parte de la de 2016. Esto quiere decir que no hay plazo, no hay una fecha mágica que nos haga tener una prisa loca por aprobar la nueva ordenanza.

Lo lógico sería retirar del debate esta aprobación, a la vista de los poderosos argumentos de los interesados, y consensuar un texto razonable y equilibrado, aprobándolo antes del 31 de diciembre y haciendo retroactivos sus efectos económicos al 1 de enero de 2017. De esta forma se lograría cerrar toda vía de agua y también se impediría que los usuarios tengan que acudir a los tribunales para que les den la razón (otra vez) e invaliden la ordenanza (otra vez), lo que haría que el Ayuntamiento tenga que de volver TODO el dinero, más los intereses y las costas. Es decir, que tomar una postura razonable y consensuada ahorrará dinero de todos.

También los plazos son peligrosos políticamente hablando. Una hipotética revisión judicial de las tasas nos pondría a pocos meses de las elecciones municipales y no sé yo hasta qué punto sería positivo que el Tribunal vuelva a dar un tirón de orejas a Lara Méndez y su gobierno acusándoles de cobrar de más a los ciudadanos por usar un bien público.

En ocasiones no puedo evitar pensar que todo esto les da igual, y que realmente muchas de las personas que están en el ayuntamiento (políticos y técnicos) como no han desarrollado actividad económica fuera de la administración en su vida no tienen ni idea de lo que cuesta ganar un euro y lo duro que hay que trabajar para juntar dinero para pagar las abusivas tasas que nos pretenden cobrar.

Afortunadamente las asociaciones están para algo más que organizar fiestas y saraos (que también son importantísimos porque dinamizan la vida económica), y en sus funciones también está pelear por sus asociados y evitarles tener que ir por separado a presentar las oportunas demandas en un tema en que todos sabemos de antemano que tienen razón.

Los 25 concejales del Ayuntamiento tienen que decidir si apoyan una ordenanza que nace tocada de muerte o si optan por la vía del diálogo y del sentido común. No parece una decisión difícil, ¿a que no?… Pues ya verán cómo la cosa no es tan sencilla.