Fraude de ley en las casetas del pulpo

Tras la publicación del artículo de ayer recibí un correo que me pide que explique mejor en qué me baso para decir que no se puede dar la concesión de las casetas a las “cascadas” de licitadores que se produjeron tanto este año como en 2016. Lo explico con más detalle a ver si queda más claro.

El fraude de ley que se está cometiendo con las casetas del pulpo por segundo año consecutivo es consecuencia de dos factores: el primero es la cabezonería por parte del gobierno local en no modificar las bases para evitar este tipo de trapicheos, y el segundo es que no se molestan en mirar las leyes.

La ley de contratos dice en su artículo 60 que no pueden contratar quienes hayan “retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación”, lo que imposibilitaría que los mismos empresarios presenten varias ofertas diferentes.

Se puede argumentar que no lo hacen, que son diferentes personas de la misma familia o que utilizan distintas sociedades, pero la ley no es tan estúpida como para no prever esta situación por lo que se contempla la figura de las “empresas vinculadas”, que son aquellas que aunque tengan diversos CIF y nombres son realmente parte de la misma entidad.

Hay sentencias de tribunales como el TSJ de Madrid, que dice explícitamente que en casos como el que acabamos de describir “la presentación de sociedad dominante y filial a un mismo concurso, presentando cada una de ellas su oferta, permite concluir, sin duda alguna, que no se trata de dos licitadores distintos, sino de un solo licitador- la sociedad matriz- que decide porque así le conviene presentar dos proposiciones, la suya y la de su sociedad filial”. Es un fraude de ley como un piano y el Ayuntamiento no debería consentirlo.

En un concurso hay que intentar que la competencia sea libre y real, y en los procesos que ha llevado a cabo el Gobierno Local tanto en este año como en el 2016 no se da esto. Me sorprende que con los juristas que tienen en plantilla no se hayan dado cuenta de que esto es una ilegalidad que perjudica notablemente los intereses de la ciudad de Lugo.

Artículo publicado en La Voz de Galicia del 20 de septiembre de 2017