La Xunta hace negocio con el auditorio... a costa de los lucenses

La reunión entre la alcaldesa de Lugo y el presidente de la Xunta
en que se acordó lo que ahora se convierte en un gran negocio para la administración autonómica.

Lugo lleva años soñando con un nuevo auditorio que sustituya el actual, del que podríamos decir que no es el adecuado para una ciudad de 90.000 habitantes, sin pretender tampoco exagerar y hablar de “galpones” y cosas así.

La historia de esta nueva dotación cultural ha sido larga y tortuosa, y eso que todavía no ha terminado. Comenzó con la esperanza de estar en el centro, en el cuartel de San Fernando, que fue canjeado a finales de los 90 al ejército por García Díez para albergar allí un sustituto del malogrado Gran Teatro, al que los intereses urbanísticos y económicos dieron la puntilla. Tras un discutible informe en que se aseguraba que la reforma afectaba a la Muralla (y eso que no está ni siquiera a su lado) se cambió la ubicación a la actual, en la avenida de Magoy, lo que probablemente es un error que ahora ya es tarde para rectificar.

Tras gastarse 23 millones de euros en la construcción del edificio, se terminó a principios de 2016 y se le echó la llave, porque faltaba equiparlo para poder entrar en uso, y ahí surgió una nueva polémica ya que la Xunta pretendía hacer “fondo común” con Diputación y Ayuntamiento, de forma que cada una de las administraciones abonase 1,2 millones para reunir los 3,6 que se suponía que costaría la dotación. Me parece recordar que la Diputación aprobó colaborar (aunque si les soy sincero no estoy seguro de todo) y que la cosa se fue al traste porque el Ayuntamiento se empecinó en que era la Xunta la que tenía que pagar el equipamiento, y no estaba dispuesto a dar los 1,2 millones que le tocaban.

Sin embargo, en un giro sorprendente de los acontecimientos la alcaldesa Lara Méndez aceptó no cobrar a la Xunta el IBI de varios edificios autonómicos durante seis años, lo que supone un ahorro para los presupuestos gallegos de 3,6 millones (600.000 euros al año), así que se pasó de no querer pagar un tercio a asumir el coste total…

Y hoy nos enteramos de que la Xunta acaba de adjudicar el contrato del equipamiento… y que cuesta 2,1 millones de euros. El negocio del siglo para la administración presidida por Feijóo, que se embolsa 1,5 millones de euros (yo hay días que no los gano) que en realidad salen de los presupuestos municipales.

No sé si es que unos son muy listos o los otros muy tontos, pero entiendo que el ayuntamiento debería haber exigido que en el acuerdo se hubiera puesto una cláusula en que se aclarase que en caso de que la adjudicación fuera menor de los 3,6 millones, el IBI a reducir no podría superar en ningún caso la inversión, o que al menos la diferencia se reinvirtiera en un ambicioso programa cultural para poner en funcionamiento la dotación. 1,5 millones dan para mucho.

Como lucense me alegré del acuerdo entre Xunta y Ayuntamiento aunque es cierto que siempre pareció extraño que tras oponerse a pagar 1,2 millones se costease el total. Pero esto suena a chiste. Nos cobran de más y eso no es aceptable.