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| ¿Nos libraremos del Garañón? |
Cuestionar a estas alturas si se quiere derribar el Garañón es algo con una respuesta tan obvia que incluso sobra la pregunta. Claro que se quiere. Añadir que se convertirá la parcela en una zona verde también despierta simpatías, como es evidente.
El problema no está en el “qué” sino en el “cómo”. Cambiar la calificación urbanística de un terreno no es ninguna broma, y convertir lo privado en público acarrea consecuencias económicas. Habrá que ver de cuánto hablamos, de si se puede o no pagar… y de si conviene.
Lugo no es precisamente una ciudad que tenga cubiertas sus necesidades más básicas. Aún así seguimos gastando millonadas en obras absurdas como museos soterrados a los que nadie va o proyectando gigantescas estaciones para recibir unos trenes que no llegan. En ese escenario a la pregunta “¿derribamos el Garañón?” hay que contestar de la forma más gallega posible: “depende”. Si nos va a hundir la economía local, pues no.
El plan presentado por la alcaldesa tiene la bondad de objetivos de un programa electoral pero, al igual que éstos, adolece de una inasumible falta de concreción en los medios. ¿Se ha negociado con el promotor antes de proponer este paso para que retire la demanda que, cual espada de Damocles, pesa sobre las cuentas municipales? ¿Garantiza el camino diseñado que se resuelva el problema? ¿No sería más lógico hacerse con la parcela en litigio y luego cambiar su uso para que no haya problemas con la propiedad?
Por otro lado todo, esto parece dar por sentado que el promotor ganará su demanda, sin contar con que quizá podríamos evitar soltar esos millones. Tal vez las sentencias judiciales que anularon diversos pasos, entre ellos la licencia concedida al amparo de un convenio firmado un festivo y con el ayuntamiento cerrado, ayuden a que podamos librarnos de comprometer los presupuestos municipales de, al menos, las próximas dos décadas.
Lo que está claro es que la medida, anunciada a pocos meses de las elecciones municipales tras tres años largos de “dolce far niente” viene cargada de buenas intenciones pero coja de datos vitales como el coste de la operación o su viabilidad. Estoy convencido de que la Alcaldesa, Lara Méndez, desea como el que más que las torres caigan, así que habrá que ver si lo consigue. Si lo hace quizá pueda llegar a Mayo en buena posición.
Artículo publicado en La Voz de Galicia del 18 de Noviembre de 2018
Acertadas reflexiones, Don Luis. El asunto tiene mucha miga y no va a resolverse con una carta a los Reyes Magos.
ResponderEliminarEn primer lugar habría que analizar un poco el asunto. Saber de donde venimos y a donde podemos ir.
Como usted bien sabe, no nos encontramos ante un problema surgido de la nada en el Plan General de 1991. No. La cosa viene de bastante más atrás.
Concretamente, del viejo Plan de 1969 que, por cierto, era bastante bueno para su época.
En efecto, ese Plan preveía una ordenación única de toda la Calle García Portela con planta baja y ocho altas.Y tal circunstancia confería a los propietarios unos derechos edificatorios, guste o no.
Lo que hizo el Plan del 91 fue proteger el edificio del sanatorio y configurar una unidad de actuación con un coeficiente de 2,05 m2/m2. Era una edificabilidad alta, sin duda, pero reducía muy notablemente la preexistente y se conseguía así evitar un litigio con los propietarios cuyo resultado habría resultado incierto.
El gobierno local de Orozco negoció un convenio y redujo aún más esa edificabilidad, con lo que, al menos aparentemente, la situación mejoraba.
El error cometido, en mi opinión, fue la composición volumétrica del monstruo resultante. Aquí sí creo que erró el Concello, que podría haber impuesto una ordenación menos agresiva y no lo hizo. De hecho, existían bocetos del anterior propietario que recogían una edificación escalonada de mucho menor impacto.
Lo que ocurrió después ya lo sabemos. Utilizando con éxito las brechas que trae consigo la permanente inseguridad jurídica de la normativa urbanística, hubo un colectivo que se llevó por delante judicialmente el proyecto.
Y en esas estamos, Señor Latorre.
Como usted bien dice, la cosa debe ser más, mucho más, que una mera declaración de voluntad.
Una actuación de esa envergadura requiere un estudio económico financiero real y viable. No olvidemos que estamos hablando de una modificación de Plan General en la que se pretende la obtención de una dotación, esa zona verde. Y que para ello debe alterarse también el Estudio Económico Financiero con el que debe contar obligatoriamente todo plan general.
Cualquier iniciativa que prescinda de esto está condenada al fracaso si alguien la impugna.
Por lo tanto, Don Luis, tiene usted razón desde el punto de vista del sentido común. Pero, también, desde el punto de vista legal.
Porque, aunque desgraciadamente no siempre, el Derecho no es más que sentido común hecho norma.
Reciba un cordial saludo.