El peor escenario posible, legalmente hablando, es el de la inseguridad jurídica. Si uno no sabe qué normas ha de cumplir y de qué manera es muy complicado sujetarse a ellas, porque de la interpretación que se haga puede estar violando la legalidad o no y eso es inadmisible.
Eso es lo que nos está pasando a los que nos dedicamos a algo relacionado con los EREs (los llamados ERTEs) y la maraña legislativa que han montado con los Reales Decretos y Reales Decretos-Ley que han ido publicando como enajenados, a veces con correcciones e interpretaciones posteriores que los liaron más aún. Ni los tiempos de adaptación dados han sido suficientes ni el lenguaje ha sido claro, con lo que aquí cada cual hace lo que le viene en gana. Esto hace que lo que se informaba correctamente hace unos días ahora no sea así, lo que perjudica notablemente a las empresas y los trabajadores.
Por ejemplo, el Real Decreto del 18 de mayo hablaba de que las empresas recuperarían a los trabajadores en la medida en que podían ir recuperando su actividad. Esto abre un melón considerable, ya que si puedo abrir ya no hay causa de fuerza mayor, por lo que teóricamente no debería poder seguir manteniendo a la plantilla (al menos no en su totalidad) en un ERE basado en esa causa… pero por otra parte si tengo un restaurante de 400 metros cuadrados y se me permite abrir la terraza aprovechando cuatro mesas es absurdo volver a la actividad. Este tipo de paradojas han sido quebraderos de cabeza que han traído por la calle de la amargura tanto a gestores como administrados.
Pues bien, el criterio es la flexibilidad total: ¿se puede seguir con el ERE de fuerza mayor incluso aunque se pueda reabrir?: Sí. ¿Se puede recuperar a trabajadores y, si las cosas no van bien, volver a meterlos en el ERE?: Sí. ¿Se puede pasar a una persona de suspensión de contratos a reducción de jornada e ir variando sus porcentajes según nos venga en gana?: Sí. Todo es que sí con una limitación: el 30 de Junio se acaba la manga ancha y volvemos a recuperar una relativa normalidad.
Pero lo que llama poderosamente la atención es que toda esta barra libre laboral la respalda un gobierno que se dice de izquierdas y que asegura que su objetivo es derogar la supuestamente perniciosa reforma laboral. Esa misma reforma que permitió salvar cientos de miles de empleos mediante la tramitación urgente de EREs temporales y que ellos no solo no relajaron sino que reforzaron, reduciendo los plazos de tramitación (incluso hasta el absurdo) y convirtiendo últimamente este asunto en una coladera en que la empresa puede hacer lo que le venga en gana.
Después vendrá el tío Paco con las rebajas y empezarán a hacer inspecciones y a tramitar sanciones por los excesos, pero va a ser muy difícil culminar en multas, salvo para las pequeñas empresas que no cuentan con legiones de abogados que puedan desenmarañar las normas publicadas para encontrar un párrafo que sirva de justificación a sus desmanes. Mientras tanto, el Juan Pelanas de turno, el pequeño comerciante con un empleado, el autónomo que no puede contratar al gran bufete legal, tendrá que pagar las multas que le pongan tras actuar de buena fe buscando la supervivencia de su pequeño negocio.
Menudo panorama.
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