Un año de - torpe - normativa sobre los ERTE

Oficina de empleo... Foto: El Progreso

Hoy se cumple un año desde que comenzó la tramitación masiva de los Expedientes de Regulación de Empleo, popularmente conocidos como ERTEs, causados por la pandemia. Cientos de miles de españoles han visto reducida o suspendida su actividad laboral por esta causa, y aunque el golpe ha sido durísimo, habría sido todavía peor, incluso insostenible, de no ser por la tan denostada reforma laboral, esa que el actual gobierno juró derogar en cuanto pisara la Moncloa. Afortunadamente fue una promesa incumplida.

Durante estos doce meses se han publicado nada menos que 5 reales decretos leyes sobre este asunto, a los que hay que sumar otros que les influyeron directa o indirectamente. Un cuerpo legal de difícil seguimiento que ha ido enmarañando la cuestión y volviendo locos a trabajadores y empresarios, pero más aún a gestores, administradores, asesores y funcionarios.

Es sorprendente que la ministra Díaz se cuente entre las más valoradas del Gobierno de España, cuando ha sido la irresponsable que ha liado cada vez más la tramitación haciendo que, doce meses después, estemos menos seguros de cómo se tramita y gestiona un ERTE que cuando empezó todo esto.

Comenzaron con la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020 que, sin dar tiempo a las autonomías a organizar a su personal o adaptar sus formularios, impuso un casi imposible plazo de 5 días para resolver la avalancha de expedientes que se arrojó sobre una desprevenida administración. Fue una locura que en Lugo se superó gracias a un titánico trabajo desarrollado sin más herramienta que el LibreOffice pero con muchísima dedicación por parte de muchos funcionarios que, al margen de sus tareas, arrimaron el hombro sin dudarlo un instante.

La Inspección de Trabajo de Lugo también desarrolló una tarea increíble, ya que originalmente todos los expedientes tenían que venir informados hasta que, como era obvio desde el principio, el Gobierno se vio obligado a modificar esa disposición ya que era absurda e incumplible. Ese fue el problema de las normativas, que se dictaron bajo la improvisación y el nulo criterio, algo muy habitual cuando se redactan sin pensarlas con un poco de detenimiento ni hablar con quienes las tramitan.

Por si todo eso fuera poco, la aprobación de los ERTEs sólo era el primer paso, porque lo gordo le tocó al SEPE. No soy capaz de imaginar lo que tuvieron que pasar los funcionarios de esa administración, que aún hoy día siguen arrastrando una inmerecida culpa por no haber podido tramitar sin errores un volumen imposible de trabajo para el que no les dieron los adecuados refuerzos. Podría entenderse hasta cierto punto que al principio no hubiera previsión, pero un año después siguen sin ellos y eso no es de recibo. Hay herramientas para reforzar el personal en emergencias como ésta y no se usaron convenientemente.

Ha sido un año de terrible confusión, y no sólo por el volumen de expedientes, que eso se puede superar con la colaboración de todos (de hecho, se hizo), sino por lo cambiante de las normativas. Nadie está ahora seguro de nada, y lo que se informaba hace seis meses como verdad inmutable es ahora un vago recuerdo.

Lo malo es que de toda esta confusión salen los incumplimientos, las sanciones, la picaresca y los problemas. Cada uno se agarra a lo que cree que le conviene y vamos a estar años pagando las consecuencias de una diarrea normativa contradictoria, incomprensible, mal redactada y absurdamente enfocada.

Ahora que el tsunami de los ERTEs se va calmando es cuando veremos mejor los daños, como en cualquier inundación se aprecian las ruinas al retirarse las aguas. Y muchos de ellos estarán causados por una terriblemente torpe gestión normativa.

Artículo publicado en El Progreso de Lugo el día 16 de marzo de 2021