El tiempo perdido en el Garañón (y otros muchos asuntos)

Desde 2009 llevamos dando vueltas al Garañón y, a pesar de las sentencias, ahí sigue

Hacer de la necesidad virtud es el primer mandato de cualquier políticos que se precie. Es irrelevante si los argumentos contradicen posturas anteriores, si se lleva la contraria a lo que se sostuvo durante años, si las declaraciones son totalmente opuestas a lo que se dijo en los juzgados o los periódicos... lo importante es salir de cada atolladero a corto plazo porque el ciudadano (el votante, a estos efectos) tiene la memoria de un pez. Un pez que se haya golpeado la cabeza contra una roca, probablemente.

A menos de un año de las elecciones municipales toca hacerse la foto frente al Garañón anunciando su derribo. Es algo relativamente frecuente, que ya hizo la alcaldesa, Lara Méndez, en varias ocasiones, como en febrero de 2017, cuando anunció que reservaba una partida de 300.000 euros para demoler “cuanto antes” las torres que había autorizado el gobierno de su antecesor, López Orozco. Se ve que no entendemos igual el término “cuanto antes”, porque más de cinco años después las torres siguen en pie.

Con esa facilidad para incrementar las cifras a lo loco (no hay más que recordar el increíble incremento de las obras "necesarias" en el nuevo Auditorio) se nos dice ahora que se triplica el coste y que se reserva casi un millón de euros para el derribo de las torres, ilegalizadas por varias sentencias judiciales - curiosamente ninguna de las cuales menciona el antiguo plan general al que Orozco siempre achacó las torres y que, lo que son las cosas, es el único documento que no se anuló en los juzgados - y a pesar de que el Gobierno local intentó por todos los medios mantenerlas ahí. Presentarse ahora como los adalides de su caída no deja de ser una contradicción más, una pirueta que, estoy seguro, colará como cuela casi todo en este santo país.

La historia es curiosa cuando uno se fija un poco en ella. Incluso sin fijarse demasiado hay cosas que chirrían. En julio del año 2015, es decir, hace una década exactamente, el gobierno municipal decía que estaba “pendiente” de la resolución del TSXG sobre la demolición del Garañón. En enero de 2017, cuando el TSXG falló que eran ilegales tanto las licencias de construcción del edificio como la urbanización de la parcela, se anunciaba que estudiarían recurrir ante el Supremo. Muchas ganas de tirar el edificio no se veían.

Pero toca cambiar de criterio, ya que la realidad es tozuda y los edificios no sólo se amparan en una licencia ilegal, basada en un sospechosísimo convenio firmado un festivo, 31 de diciembre, con el ayuntamiento cerrado y prescindiendo de toda vergüenza porque al día siguiente entraba en vigor una nueva normativa autonómica que reducía la edificación notablemente, sino que encima ahora nos cuentan que ni siquiera se cumplió la licencia dada, algo en que se ve que se han fijado doce años después de comenzar la polémica por este asunto. Mucho no lo habían mirado.

Todos estamos deseando ver desaparecer el Garañón, y el día que caiga es más que probable que la gente olvide de dónde salió todo esto y que aplauda a los mismos responsables de ese disparate que, sea como sea, nos va a costar una buena cantidad de dinero público, incluso aunque se lograra esquivar la posible indemnización multimillonaria al promotor, algo harto discutible y que ya veremos dónde acaba.

Lugo tiene la capacidad innata de estancarse en los mismos temas una y otra vez durante décadas. Mientras otras ciudades avanzan, nosotros seguimos dando vueltas en círculos persiguiéndonos la cola e incluso aunque se consigan algunas supuestas metas (la construcción del nuevo Auditorio, por ejemplo) se buscan los medios de que los temas sigan sin conclusión real (ahí lo tenemos, cogiendo polvo).

Algún día nos daremos cuenta de la de tiempo que hemos perdido.