El Ayuntamiento se exculpa a sí mismo en el sainete de la fábrica de la luz

La fábrica de la luz, un edificio que sigue en ruinas después de habernos costado varios millones de euros gracias a la "magnífica" gestión municipal.
Foto: La Voz de Galicia

El Ayuntamiento de Lugo investiga al Ayuntamiento de Lugo y concluye que no hay “dolo, culpa o negligencia grave” en la “equivocación” del Ayuntamiento de Lugo. Que dicha “equivocación” nos cueste unos dos millones y medio de euros del dinero de todos los lucenses es irrelevante para el investigador, el investigado y el pagador que son, casualmente, la misma entidad.

Aunque resulta chocante a primera vista, no es ninguna sorpresa entender que para que un concejal y un funcionario deban responder con su patrimonio personal de una metedura de pata no llega con que ésta exista, sino que hay que demostrar que ha sido hecha a conciencia y, tras la prácticamente total despenalización de la malversación, que metieron dinero en sus propios bolsillos. Lógicamente cuando se produce un retraso intencionado no se pone en el expediente “recordar no presentar la solicitud a tiempo para cargarse el proyecto”, aunque visto el nivelazo que tenemos vayan ustedes a saber.

En todo caso, la investigación presuntamente exculpatoria lo que demuestra es que sí hubo una negligencia (que se ve que es “leve”) y achaca al desconocimiento del funcionario y el concejal de los plazos que debían cumplir, y a que la Confederación no notificó en ningún momento la existencia de un límite temporal para pedir la prórroga de la concesión que después caducó, desembocando todo ello en el sainete que tenemos sobre la mesa y que solventaremos aflojando billetes públicos, que como todo el mundo sabe, no son de nadie y no duelen.

Aunque les sorprenda, estoy bastante de acuerdo con esa conclusión. Si la Confederación, el organismo especializado, no mencionó nunca dicho plazo en sus muchas comunicaciones al Ayuntamiento parece lógico entender que el funcionario de turno o el concejal (sobre todo con la preparación de los concejales que, salvo honrosas excepciones, sufrimos actualmente) no tienen por qué conocer en profundidad todos los temas.

La paradoja no está ahí, sino en la consecuencia lógica sobre esto: el Ayuntamiento, tan comprensivo consigo mismo con la ignorancia sobre los plazos ¿será a partir de ahora igualmente generoso con los ciudadanos que se salten los plazos que no se les hayan notificado expresamente?

La administración, que aplica sobre todas las normas la ley del embudo, emite una maraña de normativas que ni ella misma es capaz de desentrañar. Imaginen en esa tesitura al pobre ciudadano de a pie que ni tiene la preparación, la capacidad o el tiempo para sentarse a intentar deshacer el nudo gordiano que publican los múltiples boletines oficiales que hay (provincial, autonómico, nacional y europeo, casi nada). Pero ahí no hay piedad ni compresión. Si te saltas un plazo el zasca es épico y no importa que alegues no conocer dicho plazo, porque entonces te sueltan que “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento” y se quedan tan anchos.

Se podría argumentar que ambos casos son parejos, porque el incumplimiento del ayuntamiento trae consigo un desembolso económico y el del ciudadano también. La diferencia, la importante diferencia, es que los primeros juegan con dineros ajenos y el segundo con dineros propios, por lo que en la práctica en el primer caso no hay sanción para el incumplidor y en el segundo sí.

Así que cabría esperar que nuestra administración local, ahora que ha visto lo difícil que es atender a todas las obligaciones legales, sea más indulgente con los ciudadanos… pero ya les digo que no va a ser así.