Estamos hartos de la cita previa en la administración

El tema de la cita previa es una auténtica tomadura de pelo. Se implantó con la excusa del Covid, aunque no tiene la menor lógica porque mientras podíamos hacer cola en el supermercado o para ponernos la vacuna en los hospitales, se ve que en la administración había un hecho diferencial que hacía que las cosas fueran diferentes. Ahora, tras dar por finiquitada en la práctica la pandemia, sigue siendo habitual que las administraciones públicas obliguen al ciudadano a pedir hora para hacer cualquier trámite lo que, sinceramente, no tiene el menor sentido y encima, según la defensora del pueblo de Galicia, es ilegal.

La administración trabaja a un ritmo diferente que el resto de los mortales. Yo mismo, que soy funcionario, veo que las cosas son diferentes en este mundo en que, por ejemplo, el incumplimiento de plazos por el pobre mortal trae consigo graves consecuencias mientras que si quien se salta el calendario es la administración no pasa absolutamente nada. Y así todo.

Frente a la lentísima, pesada y avasalladora burocracia que todo lo frena y que todo lo quiere controlar la receta de algunas personas es… poner más burocracia. Esa fe absoluta en la ineptitud pública por encima de la agilidad privada es algo que jamás he entendido. Puedo comprender que el Estado garantice ciertas cuestiones y que respalde servicios fundamentales, pero me cuesta mucho comprender que se siga pensando que la administración ha de hacerlo “todo”, y no porque redunde en un menor precio o una mayor cobertura para los particulares, nada más lejos.

Recientemente hemos demostrado que los aparcamientos privados de Lugo son más baratos que los públicos, propiedad del Ayuntamiento de Lugo, con lo que ya me dirán ustedes dónde está la ventaja para el ciudadano. No es una cuestión puramente municipal, la Xunta también está obsesionada con enterrar millones y millones de euros en la Tinería con una política que se ha demostrado equivocada, metiéndose a compradora, promotora, constructora e inmobiliaria con un éxito más bien discutible, ya que la zona sigue estando deshabitada a pesar de los muchos euros públicos enterrados allí.

Pero volviendo al tema de la cita previa, hay lugares donde jamás tuvo sentido. Por ejemplo, una de mis funciones en el trabajo es el diligenciado de libros de subcontratación de obras de construcción, un sector que ni siquiera en el confinamiento paró de trabajar más que unos pocos días (se les alargó un par de semanas el puente de Semana Santa), por lo que esos libros jamás se dejaron de hacer presencialmente y al momento, como toda la vida, algo que sigue sorprendiendo a las empresas que llaman para preguntar por el trámite.

Incluso durante el confinamiento estricto se siguieron haciendo todos los días en el horario de siempre, de 9 a 14. El edificio de la Xunta estaba casi vacío y sólo estábamos aquí unos compañeros de Política Social (algún día alguien tendría que reconocer su labor durante esos terribles días, porque fueron los que se encargaron de las sustituciones y demás trámites para que las residencias de mayores siguieran atendidas) y mi jefa de servicio y yo para tramitar el tema de los EREs/ERTEs... y los libros de subcontratación.

Tres años después de aquello la gente sigue llamando y se siguen sorprendiendo de que los libros se tramiten presencialmente, sin cita y al momento, algo que nos da idea de lo asumido que tenemos la normalización de una situación anormal y que jamás tuvo sentido alguno.

Desde hace ya algún tiempo la Xunta se atiende sin cita previa en el registro, pero no en todas las dependencias. Para depositar documentación el sistema de cita previa sigue funcionando pero no es obligatorio, mientras que en otras administraciones te dan con la puerta en las narices si no has hecho el trámite previo de pedir audiencia, como en el siglo XIX. Lo más grave es que esa petición se hace a través de medios que no todo el mundo domina, como internet o una lucha con una máquina que te atiende por teléfono. Eso supone una barrera para mucha gente, y no sólo hablamos de personas mayores, que parece que son el ejemplo más manido.

En el Ayuntamiento, por ejemplo para pedir un certificado del padrón, te dan cita con dos semanas de retraso lo que, en ocasiones, supone un problema grave para quien ha de pedir el papel con urgencia. No tiene el menor sentido y aunque siempre puede haber errores y retrasos indebidos, convertirlos en costumbre no es de recibo.

Basta ya de obligar a la ciudadanía a pasar por un trámite absurdo para hacer otro trámite. Si la pandemia ha terminado en la práctica, ha terminado para todo, no sólo para lo que conviene.