| Uno de los más tristes episodios de las obras fue la tala de árboles que estaban en perfecto estado. Foto: El Progreso |
Es curioso lo que puede sorprender a algunos la coherencia. Estamos en un mundo tan acostumbrado a bandazos interesados, sometidos a siglas, que cuando alguien, sea una persona o una organización, es fiel a sus principios y su independencia el común de los mortales se extraña.
Esto es lo que ha pasado estos días desde que la Asociación Lugo Monumental que tengo el honor de presidir comunicó que iba a impugnar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Lugo. La decisión no la tomé yo, ni la directiva. La tomaron los socios.
Tenemos un grupo de Whatsapp donde todo se consulta, y donde la gente puede opinar libremente de lo que considere oportuno. Ahí se debatió el tema y se votó, con unanimidad a favor de la impugnación, por lo que no hay mucho más que añadir a ese respecto.
Es cierto que desde la aprobación inicial a la definitiva de la ordenanza se introdujeron mejoras. El actual gobierno, que lleva ahí pocos meses, ha intentado tramitar a uña de caballo las modificaciones porque en breve la ordenanza tiene que estar en vigor para evitar problemas con la Unión Europea así que entiendo que tampoco pueden darle muchas más vueltas… pero la cuestión no es tanto esa sino el modelo en sí mismo, que consideramos erróneo.
Verán, aquí desde el primer momento se ha camuflado una ordenanza de tráfico como si fuera una de bajas emisiones. Es falso. De hecho, la ordenanza no habla de emisiones en ningún momento. Lugo ya cumplía los estándares de contaminación y, si bien es cierto que la ley obliga a tener una ordenanza de ZBE se podría haber declarado el casco histórico como tal sin hacer nada más. Los largos años de obras, con el terriblemente malo resultado final (suelos que se rompen, tala caprichosa de árboles que estaban en perfecto estado…), fueron un capricho de anteriores gobernantes.
¿Quiere decir esto que estamos contra la peatonalización? No. ¿Acaso somos negacionistas del cambio climático? Tampoco. De lo que hablamos aquí es de que se tomaron medidas sin la menor consideración a nada que no fuera “la foto”, una foto, por cierto, llena de piedras rotas y hormigón que se desmigaja.
Lugo es una ciudad con un casco histórico de un tamaño considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que no es lineal sino circular. Esto hace que cualquier decisión de peatonalización total del recinto amurallado cree graves dificultades a muchos colectivos como el de las personas con dificultades de movilidad. No hablo de personas con minusvalías reconocidas, que tienen una tarjeta y ciertas posibilidades (aunque no muy razonables, porque por ejemplo sólo les dejan aparcar dos horas en sus plazas reservadas, cosa inaudita).
Hablo de personas de cierta edad a las que les acaban de decir que no pueden ir a la Plaza de Abastos como hacían antes a hacer una compra un poco grande porque no pueden meter el coche, salvo que usen el aparcamiento de Santo Domingo, que es del Ayuntamiento, y cuya primera hora es la más cara de Galicia. De eso hablo.
Hay otras cuestiones que tampoco son razonables. Se mantiene la posibilidad de un agravante para las sanciones de un 30% en caso de reincidencia, pero no se regula una posible reducción del 50% en caso de pronto pago, y tampoco se recogen las propuestas para facilitar la tramitación de accesos en caso de servicios de reparaciones urgentes, que deberían ser más ágiles dada la naturaleza de la actividad.
Es llamativo que una ordenanza de bajas emisiones establezca como únicos límites de acceso general los que derivan del peso de los vehículos, algo que no tiene ninguna relación con el medioambiente sino con el erróneo diseño de los solados de la zona. Lo hacen para que el suelo no se rompa más aún, no porque tenga la menor relación con las emisiones.
Tampoco se contemplan posibles fórmulas flexibles, como la peatonalización por tramos horarios o por días concretos como ocurre en localidades de Portugal o que las restricciones más importantes se activen cuando hay episodios de contaminación como establecen en Ponferrada. ¿Por qué no puede haber calles que se abren o cierran al tráfico en función de si hay, por ejemplo, mercados o si se trata de días laborables o festivos?
La ordenanza es de máximos, algo incomprensible en una ciudad que ya cumplía los estándares medioambientales que supuestamente se persiguen. Por lo tanto, se presentaron en su momento alegaciones que fueron rechazadas (de las diez sólo se aceptó parcialmente una) así que para la Asociación impugnar esta ordenanza es un ejercicio de coherencia e independencia, al margen de cualquier otra consideración.
Estoy seguro de que recibiremos críticas, igual que las recibiríamos si no lo hiciéramos porque ahora gobiernan “otros”. Lo que me molestaría de estas últimas es que tendrían razón.
Veremos lo que pasa, aunque me gustaría recordarles que hasta el momento la Asociación ha ido al juzgado en cuatro ocasiones, impugnando normativas municipales y autonómicas. En todos y cada uno de los casos logró anularlas. O mucha suerte tenemos… o mucha razón.