Lugo presumía en el año 2017 de la obtención de más de 4 millones de euros para hacer una “ciudad inteligente”, una “smart city”, que incluía un 60% de financiación del Estado para hacer cosas maravillosas como la gestión inteligente de aparcamientos en superficie o la modernización de las lecturas de contadores de agua. Casi diez años después, ni lo uno, ni lo otro. Lugo siendo una ciudad “tonta” a estos efectos.
Lo de la obligación del cambio de contadores se sabe desde hace al menos 5 años. En 2020 se aprobó la normativa que establecía un plazo máximo que vence el 24 de octubre de este año para cambiar los contadores que tuvieran más de 12 años de antigüedad. La Ley de Metrología establece multas de hasta 5.000 euros por no realizar dicho cambio, que habrá que ver quién pagaría llegado el caso. Como siempre, dejamos todo para última hora.
Otras ciudades, como Elche por poner un ejemplo, pidieron fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, financiado con los fondos Next Generation, consiguiendo que los 3,2 millones de euros del coste de digitalizar todos los contadores de agua se pagasen con 2,1 millones de la Unión Europea y 1,1 de la empresa mixta que gestiona el agua. En Lugo se han gastado esos fondos en las mal llamadas Caldas, el carril bici, la casita de madera que no vale para nada y la peatonalización llena de coches del casco histórico. Cuestión de prioridades.
La diferencia de gestión es la clave. Mientras en unos ayuntamientos han utilizado las subvenciones europeas para resolver problemas en otros se han gastado en crearlos, como ha sido el caso de Lugo, donde nos han metido en una hipoteca en piedras que seguiremos pagando hasta que se gaste otra fortuna en quitar losas para meter un suelo que resista el paso del inevitable tráfico que hay en una ciudad con cuatro grandes aparcamientos públicos en su zona “peatonal”. Y en poner verde, ya que estamos.
Pero no hay consecuencia alguna, porque la principal responsable de este desaguisado huyó a Santiago a parapetarse en el Parlamento de Galicia y sólo pasa por aquí para hacerse fotos de campaña y decir que la Xunta es mala, que para eso cobra (y mucho).
No hay responsabilidades en las cagadas públicas. Ni las hubo en la aberración del Gaiás, un proyecto que venía de tiempos de vacas gordas pero que aún así era un disparate en aspectos como traer las piedras de Brasil (algo que hizo el bipartito, por cierto, porque tuvieron desacuerdos con las empresas contratistas iniciales que eran gallegas), ni en la triste y absurda gestión del Cuartel de San Fernando, ni en el fracaso del centro de nuevas energías del Ceao (que ahora quieren convertir en aparcamiento…), ni en los mencionados disparates de Caldas, carril bicil o edificio de madera, ni en la que se prevé una nueva burrada con dinero público: convertir la fábrica de la luz en un centro de gastronomía.
Aquí no pasa nada. El dinero público no es de nadie y el sufrido ciudadano no tiene más remedio que sentarse atónito a ver lo que hacen con sus votos y cómo los transforman en subidas de impuestos para pagar caprichitos y chorradas varias, mientras los contadores del agua de Lugo siguen siendo tontos. Tan tontos como quienes toman decisiones que nos hacen la puñeta a todos.
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