miércoles, 28 de diciembre de 2011

Habla, pueblo, habla

Volvemos a las andadas. Cuando uno tiene poder legislativo, sólo tiene que intentar una y otra vez aprobar normas que quiere sacar adelante por mucho que la Constitución diga lo contrario y el Tribunal Constitucional se las tumbe, día sí y día también. Nuestro amigo Mas, presidente del gobierno catalán, acaba de anunciar que va a llevar al Parlamento de su Comunidad una ley para poder hacer “consultas al pueblo” sin permiso del Estado. Vamos, lo que se viene llamando un referéndum.

Todo viene del famoso Estatut, ese que el propio Constitucional dejó en un “ni chicha ni limoná” que no sólo no contentó a nadie sino que encima será una fuente de problemas durante décadas. El artículo 122 del Estatut otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en las consultas populares que no sean por la vía de referéndum. Y ese artículo coló, así que según el Constitucional está dentro del marco de nuestra norma fundamental. Francamente, se les debió despistar en ese ladrillo normativo, pero ahora “tarde piaches”.

referendumDice la Constitución, en su artículo 92, que “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, y que “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. Por último, remite a “Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución”. Es decir, que para hacer una consulta al pueblo sobre temas políticos de especial trascendencia tiene que autorizarlo el Congreso, proponerlo el Presidente del Gobierno y convocarla el Rey. Menos en Cataluña, siempre que se tome como “consulta popular" que no sea por la vía del referéndum.

¿Y cuáles son las consultas populares que no entran en referéndum? Podríamos pasarnos la tarde hablando del tema, o del sexo de los ángeles, porque el resultado es similar: cada uno va a entender lo que le dé la real gana. Mas entenderá que consultar sobre la independencia de Cataluña o el concierto económico no son “decisiones políticas de especial trascendencia” y que por tanto no entran en el concepto de referéndum, pero tendrá que hilar muy fino porque si acepta eso tiene que asumir que sólo puede consultar chorradas intrascendentes.

El problema de las normas es que se supone que están para cumplirse. ¿Y qué pasa cuando, como en este caso, el Constitucional mete la pata y aprueba de rondón un texto que, obviamente, si no contradice sí soslaya nuestra Ley Fundamental? Pues que como mínimo se dan bazas para el llanto a quienes buscan su victoria política a costa de lo que sea.

El problema de fondo no es toda esta tontería normativa, que al final sólo es un tira y afloja a ver quién puede más. El problema es que las Comunidades Autónomas se creen pequeños estados federados, y eso es, como mínimo, una estupidez. El sistema diseñado por nuestra Constitución no estaba pensado para la situación actual, porque si hubieran sabido lo que se nos venía encima me juego algo a que no habrían otorgado poder legislativo a las autonomías. No es sostenible un sistema con 17 legislaciones diferentes en los temas más variados, y mucho menos cuando el Estado adelgaza como si tuviera anorexia, porque siempre se ve gordo.

La idea era que el Estado fuera la unión y las Autonomías la cercanía; que legislaran sobre sus temas internos pero no se rompiera la cohesión de nuestro país, y creo que los últimos años han sido muy perjudiciales para esto porque las grietas parece que se agrandan. La táctica de echar la culpa “a España” de nuestros problemas es facilona y, lo peor de todo, funciona.

Tal vez ahora, con la crisis, sea el momento de dejarse de tonterías y racionalizar: aligerar la administración pero no por la parte estatal, que bastante escuálida está ya, sino por la autonómica, que es la que está más rolliza. Y de acabar con la desigualdad real que hay entre los ciudadanos de España, para que todos tengamos los mismos derechos vivamos donde vivamos. No parece razonable que si resides en Piedrafita pagues impuestos que en Villafranca no se pagan. O viceversa.

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