El pasado día 8 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó una sentencia que ya les he mencionado en varias ocasiones. En la misma anulaba una parte importante de la ordenanza de ocupación de vía pública que afecta indirectamente (pero afecta) a todos los epígrafes y específicamente anula algunos de ellos, los relacionados con la construcción gracias a un pleito ganado por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción.
El Ayuntamiento, en su infinita sabiduría – entiéndase la ironía – ha seguido pasando los recibos a los ciudadanos para ver si consigue cobrarles unas tasas que el alto tribunal gallego ha declarado ilegales. Si el pagador sabe que puede reclamar para que le devuelvan el dinero se le devuelve, pero si no lo sabe y paga se aplica esa máxima tan poco adecuada a la administración pero tristemente habitual en Lugo: “si cuela, cuela”.
Dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad es un delito de prevaricación como un castillo. La sentencia que ilegalizó una parte importante de las ordenanzas de ocupación de vía pública ha sido comunicada al Ayuntamiento, con lo que no pueden alegar ignorancia, y como es del TSJ no cabe recurso, así que no les queda otra que aplicarla. Quizás el exceso de celo de algún concejal o funcionario municipal le hagan intentar lograr ingresos a toda cosa para las arcas municipales, pero deberían recordar que se están columpiando y que a los juzgados no les gusta nada que se pasen por el arco del triunfo sus sentencias.
Si usted va a hacer alguna obra en su casa y tiene que ocupar la calle temporalmente con un contenedor, un vallado o similar, o lo ha hecho en los últimos tiempos, que sepa que no le pueden cobrar un céntimo porque la tasa está anulada. Y si se lo han cobrado reclame porque le tienen que devolver el dinero con intereses.
La ley está para cumplirla. Las sentencias también. Y sin obligar a los ciudadanos a reclamar algo que tendría que ser automático.
Artículo publicado en La Voz de Galicia del 15 de Junio de 2017
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