Los números no son lo mío. Soy el típico “de letras” al que hasta los años de las fechas históricas se le atragantaban porque venían en signos matemáticos, y hasta las operaciones más simplonas se me resisten como la tabla del 7, que me la tengo que pensar. Quizás ese es el motivo de que sea incapaz de entender que nuestro ayuntamiento presuma de las cuentas municipales y sea de los ayuntamientos más morosos de España.
Publicaba ayer El País que Lugo está entre las 23 entidades locales de España (22 ayuntamientos y una diputación, la de Cádiz) apercibidas por el Ministerio de Hacienda por su retraso en pagar a proveedores. Tenemos el dudoso honor de ser el único gran ayuntamiento de Madrid para arriba que está en ese listado, ya que los compañeros de vergüenza son casi todos andaluces (cinco de las ocho capitales de esa Comunidad están en el listado), canarios, madrileños y poco más. Ni uno solo en Asturias, Castilla, Cataluña… ni Galicia. Aquí solo nosotros.
El pago a proveedores se sitúa en Lugo en los 80 días, muy por encima de los 30 que señala la normativa, e incluso supera el plazo real tras la “trampa” de contar ese plazo desde los 30 días siguientes a la recepción de la factura, lo que convierte ese periodo en 60 días. Es decir, que los lucenses somos unos morosos. No somos los peores del listado, pero es que el mero hecho de estar ahí es ya un baldón importante.
La administración, así en general, tiene un poder desproporcionado sobre el desamparado ciudadano. En este caso, por ejemplo, si ellos se pasan alegremente por el arco del triunfo el plazo que las normas dicen que tienen que cumplir, la consecuencia es… ninguna. Sin embargo si usted se retrasa en el pago de un recibo aunque sea media hora le cascan un recargo, y si es más tiempo le cae una multa y les falta mandarle a casa a la Guardia Civil.
El Ministerio advierte que de proseguir en esta “teima” intervendrán la economía municipal, esa que nos venden como saneada y con superávit entre otras cosas porque si no pagas te sobra la pasta. A mí me pasaría igual, si no pago los recibos de agua, gas, luz, y dejo a deber la compra en el Gadis a final de mes me sobraría dinero por todas partes.
La gestión económica del Ayuntamiento de Lugo es desastrosa, tanto que en mi modesta opinión podría considerarse, si no delictiva, sí incuestionablemente inmoral. Contratos caducados que superan la treintena, innumerables facturas pagadas con reparos de legalidad que explican en gran parte esos retrasos, y un largo etcétera que pondría colorado a cualquiera que tenga un mínimo de decencia.
Me voy a parar un momento en lo de los reparos de legalidad, que todos oímos hablar de ellos pero mucha gente no tiene muy claros. ¿Qué son exactamente? Pues es muy sencillo, es un competencia del interventor del ayuntamiento (un funcionario que vela por la corrección de las cuentas y los pagos) por la que puede paralizar el pago de una factura si detecta irregularidades. La Ley General Presupuestaria habla de cinco casos tasados:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
b) Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
e) Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero.
Como ven son supuestos graves, e incluso pueden dar lugar a un delito de prevaricación si no se atienden.
Curiosamente estos reparos pueden ser “levantados” por la alcaldesa, pero personalmente yo no dormiría tranquilo firmando las facturas de ciertas concejalías cuya gestión deja bastante que desear. El tiempo dirá...
