La Pantoja debería buscar marido en la Casa Real

La infanta libra por ahora. Es que ni como testigo será citada a declarar en los juzgados lo que hace pensar a muchos españoles, entre los que me incluyo, que va a ser verdad eso de que la justicia no es igual para todos. 

El pasado 23 de octubre declaraba como imputada Isabel Pantoja por blanqueo de capitales de su exloquesea, Julián Muñoz. Nadie dudaba entonces de la procedencia de que la cantante diera explicaciones de muchas cosas, entre ellas de los ingresos que tenía y que se achacaban al del bigote. Por su parte, ayer nos dicen su señoría José Castro, anticorrupción y la acusación particular que no hace falta que la Infanta pise el juzgado, a pesar de haberse demostrado no sólo que recibía ingresos de la fundación que está en el ojo del huracán, sino que es copropietaria con su marido de la empresa Aizoon a donde éste, presuntamente, desviaba los fondos públicos que están encima de la mesa. 

Con estos antecedentes, si yo fuera la Pantoja, me buscaría un marido vinculado a la monarquía. Al príncipe ya no lo pilla, pero a lo mejor algún primo que tenga por ahí se animaría a compartir mesa y mantel con la de Marinero de Luces. Parece ser que eso es más efectivo que un buen abogado, lo cual es para echarse a llorar en un supuesto Estado de Derecho.

A Isabel Pantoja no la han metido en el juzgado por echar mano a la caja, ni por participar en el saqueo del Ayuntamiento de Marbella, sino simplemente por, en teoría, recibir dinero de Julián Muñoz, lo mismo que ha hecho la Infanta Cristina, pero ésta, ya no sólo no es llamada como imputada sino que ni siquiera tiene que acudir como testigo, lo cual es como mínimo llamativo. Que conste que estoy más de acuerdo con que si la regla es que no habiendo pruebas directas no se llame a declarar a alguien como imputado no se le llame, pero como testigo... eso es diferente. Tampoco me gusta el cambio de criterio dependiendo de quién esté al otro lado de la mesa.

La inmunidad que reconoce la Constitución al Rey hace que éste sea impermeable a cualquier tipo de demandas, ya sean penales como civiles. Ha habido casos de demandas para que reconozca alguna paternidad que han acabado archivadas por el artículo 56 de la Constitución que nos dice que la persona de El Rey es inviolable. Sin embargo esa inmunidad (jurídicamente muy, pero que muy cuestionable) no alcanza a toda su familia, o al menos no debería. 

Los españoles somos un pueblo bastante rarito: pasamos del amor al odio con la misma facilidad con que se enciende o apaga la luz de la cocina. Desde que tengo memoria, y recuerden que yo no conocí a Franco (ni ganas), la familia real ha sido un asunto intocable periodísticamente hablando. Esto, en otro país, podría haber tenido como consecuencia que se diera a la monarquía un halo de misterio y distanciamiento, pero en el nuestro lo único que se consiguió es alimentar rumores y más rumores. 

Todos hemos oído hablar de la aventura del conductor que pinchaba y que un tipo en moto lo ayudaba a cambiar la rueda con el casco puesto y que, al marcharse se lo sacaba y era el Rey. Otras presuntas anécdotas son menos amables, y nos cuentan desde que en Mallorca se celebraban dos cumpleaños (uno al que iba la Reina y otro al que iba la otra) hasta inclinaciones de diversos miembros de la familia real. En España el silencio lo único que hace es que la gente piense fatal. 

Ahora va a pasar lo mismo. El silencio de la infanta en el juzgado no hará más que acrecentar sus probabilidades de condena, no judicial que esa parece que la tienen más o menos encarrilada (no olvidemos que todas las sentencias se dictan “en nombre del Rey”, vamos, “dice tu padre” en este caso), sino pública. 

Las inmunidades y prebendas no tienen por objeto crear una casta superior, sino proteger a quienes están más expuestos de los ataques de los enemigos que, por razón de su cargo, puedan generar por intereses políticos o lo que sea. Sólo desde ese punto de vista estoy dispuesto a admitir que haya “tribunales especiales” para determinadas personas. 

Pero eso no justifica que esas mismas personas no tengan que pagar las multas de tráfico, o que su comunidad de vecinos tenga que ir al Supremo porque el diputado de turno no paga las cuotas de la comunidad. José Blanco no será juzgado en Lugo por el caso Campeón, sino en el Tribunal Supremo por su calidad de Diputado, pero eso es una clara perversión del sistema. 

Sus señorías deberían renunciar a su aforamiento cuando se trate de causas que nada tienen que ver con su actividad pública. Con más motivo la Infanta Cristina no sólo no debería ser llamada como testigo, sino que ella misma debería dar un paso adelante y defender, si es cierta, su inocencia. 

Meterse debajo de las mantas con el escudo real como defensa no le hace ningún favor a la monarquía, que ya vive horas bajas pero que aún pueden empeorar.