¿Por qué no fue ''urgente'' la Ordenanza de Ruidos en 27 años y ahora lo es?

El ruido es, sin duda alguna, uno de los grandes problemas de las ciudades.

Los temas se ponen “de moda” según coincida o a capricho de algún partido político que calcula que traerlo a colación puede beneficiar sus intereses electorales. Confían en arañar votos poniendo sobre la mesa las presuntas vergüenzas del contrincante. La táctica es lícita e incluso correcta si esas supuestas carencias generan problemas para los ciudadanos. El problema es cuando se revela más dejadez del denunciante que del denunciado.

Ahora le toca el turno a la Ordenanza de Contaminación Acústica (ORCA para los amigos) que es un tema “urgentísimo e importantísimo” si hacemos caso a algunas asociaciones y a los partidos políticos de la oposición. Analicemos el asunto.

Empezaré por confesar que particularmente soy un maniático con el tema del ruido. En casa he puesto unas ventanas que según mi hermana, que es arquitecto, son más propias de un aeropuerto que de una vivienda, pero no me arrepiento porque cuando las cierro se sellan y no se oye nada. Con eso quiero decirles que no dudo de la importancia e incluso de la urgencia, pero sí de la intencionalidad de quienes alegan eso pero hicieron justo lo contrario en las casi tres décadas que gobernaron en la ciudad.

Lugo tiene en vigor una ordenanza acústica del siglo pasado. Literalmente hablando. La firmó Joaquín García Díez y se publicó el 16 de diciembre de 1997.

Como es lógico, las normativas legales en que se basaba o que afectaban a esa ordenanza fueron cambiado con el tiempo y una parte de la misma quedó desactualizada, cuando no anulada directamente, lo que hizo que se plantease la redacción de una nueva.

Y así nos plantamos en el año 2013. El gobierno de José Clemente López Orozco se puso manos a la obra para dotar a la ciudad de una nueva normativa y redactó un borrador que aprobó inicialmente a mediados de ese año… y se abrieron las puertas del infierno. La redacción era tan sumamente mala que llovió una tormenta de alegaciones que cayeron de todas partes: asociaciones de todo tipo y pelaje, partidos políticos (el BNG fue uno de los “alegantes”)… y como lo del trabajo duro es algo que no caracterizó a los gobiernos locales desde junio de 1999 a mayo de 2026 la opción fue “dejarla morir”.

No se resolvieron las alegaciones ni se aprobó definitivamente aquella chapuza de ordenanza, y ahí quedó, durmiendo el sueño de los justos en un cajón como tantas otras iniciativas municipales que se anunciaron pero no se concretaron.

En marzo de este año se convocó a varias entidades (entre ellas Lugo Monumental, la asociación que tengo el honor de presidir) para entregarnos dos borradores: uno de una ordenanza de terrazas (otro de los marrones que jamás llegaron a tramitar por lo que nunca hubo una ordenanza de ese tipo en Lugo) y otro de la “urgentísima” Ordenanza de Contaminación Acústica, tramitada “tan sólo” 13 años después de dejar morir la anterior.

Mes y medio más tarde hubo una moción de censura, como todos sabemos, y entró un nuevo gobierno que se encontró con este tema sobre la mesa, aunque, por no variar, sin que se dieran todos los pasos razonables e incluso legales para sacarla adelante.

En primer lugar, la ley exige que para aprobar una nueva ordenanza se tenga que abrir, salvo supuestos muy puntuales y que en este caso no proceden, una consulta pública para que la población general pueda expresar su opinión sobre el contenido que debería tener la norma, si es necesaria o no… Pues ni siquiera hicieron esa consulta pública oficialmente, lo que deja traslucir la forma de hacer las cosas.

Fue Ramón Cabarcos, el actual concejal de Urbanismo y al que le ha tocado este tema, el que cumplió este trámite (por cierto, hasta el día 28 tienen ustedes tiempo de presentar sus opiniones si lo estiman oportuno).

Es decir, que lo único que hicieron en 13 años, desde que dejaron fracasar el anterior intento de ordenanza es un borrador que no deja de ser una revisión del que había más de una década antes incorporando, eso sí, algunas importantes novedades (eso es innegable)… pero no las suficientes.

Por ejemplo, uno de los requisitos que se exige por la Ley del Ruido y las directivas europeas es redactar una zonificación acústica por barrios o calles según su uso (residencia, comercial, industrial…) que tendrá unos objetivos de calidad acústica. Claro, eso da chollo y no se ha hecho. Ya sólo por eso, entiendo que la norma caería por su propio peso.

Así que ahora el gobierno de Elena Candia se enfrenta a una curiosa disyuntiva: llevar a pleno la chapuza de borrador que dejó hecho el bipartito o redactar uno nuevo en condiciones, que casi seguramente llevaría un largo plazo, más allá de mayo del 2027, con lo que daría una “baza” a la oposición para decir que han “bloqueado” algo que “dejaron listo” (es llamativa la cantidad de cosas que iban a hacer en estos meses después de tantos años de tocarse las narices).

Yo optaría por el primer camino. Llevaría el borrador tal cual al próximo Pleno explicando que se hace por la insinuación interesada de que se pretende paralizar el asunto y, tras explicar detalladamente todas y cada una de las barbaridades y carencias del documento, votaría en contra de su aprobación. Es la forma de explicarlo con luz y taquígrafos. Otra sería hacer un debate público, pero ¿qué mejor debate que el que hay para hablar de una normativa en el Salón de Plenos?

Intentar forzar entre elegir si hacer algo pronto y mal, o más despacio y bien es una disyuntiva aparentemente sencilla, pero quizá no tanto si la política se mete en medio. Venir con prisas 27 años después o, siendo generosos, 13 años después no parece que responda a una argumentación sino a una grosera manipulación.