Empezamos bien el año. El Alcalde de Lugo acudió junto a la concejala de urbanismo, ambos imputados, a prestar declaración en los Juzgados de Lugo por una querella interpuesta por la Asociación por la Legalidad Asociación lucense para la legalidad del Plan General (ALPUL). La acusación, en esta causa, es de injurias, pero no es la única vez que el Gobierno de Lugo tiene que desfilar por las instalaciones judiciales para explicar varias causas de las abiertas en la ciudad.
Por supuesto, Orozco se ha revuelto como gato panza arriba para explicar que la malvada ALPUL no es una asociación, sino una especie de mafia en que tres o cuatro personas están intentando proteger sus intereses. Aunque esto fuera cierto, lo cual desconozco, hasta donde yo sé los juzgados no suelen imputar a alguien porque se lo digan las mafias. Si están como imputados es porque se entiende que hay un indicio de delito, y es irrelevante que lo denuncien tres o tres mil.
Es curioso que el señor Alcalde dice que es una “campaña de desprestigio”. Probablemente no recuerda que hace un par de años su Gobierno denunció a un concejal del PP por “revelar secretos”, cosa que no sólo era falsa sino que era tan evidente que no se sostenía que ni la propia fiscalía tramitó el tema. Lo metió en el cajón de las denuncias chorras. Eso no era desprestigiar, claro, era defender los intereses de Lugo según él.
De todas formas, el problema de fondo no es ese, sino ver que nuestra querida ciudad sólo sale en los medios por cosas de este tipo: el caso de las multas retiradas a los amiguetes, la trama de las prostitutas con policías presuntamente implicados, las dudas sobre la transparencia del Plan General y las instrucciones y presiones recibidas por las redactoras por parte del Gobierno Local, los carnets de conducir de los chinos…
Si yo fuera el señor Orozco estaría preocupado. No tanto por la sentencia que pueda salir, sino por la imagen que está dando de persecución a cualquier colectivo que no comulgue con sus hostias. Quien dice defender la democracia y ser su “Sumo Sacerdote” debería aceptar las críticas e incluso que los desacuerdos lleguen al juzgado para que la justicia dirima quién tiene razón sin tomárselo como algo personal y salir a los medios a insultar a los que estén en desacuerdo.
Hay que recordar que incluso se cambiaron actos públicos para evitar que en la foto salieran carteles reivindicativos de colectivos que luchaban contra temas que hoy están paralizados por el juzgado. Me refiero a la Asociación en defensa del parque Rosalía de Castro, cuyas protestas contra la barbaridad de O Garañón intentó tapar Orozco cambiando de ángulo la ofrenda a Rosalía de Castro para que no salieran en la foto.
Por cierto, en Lugo hay colegiados unos 600 abogados aproximadamente. Muy malos tienen que ser todos para que Orozco encargue su defensa a uno de Madrid. Lo digo porque si como dice el Alcalde la denuncia es absurda, cualquier abogado de infantería le podría valer, no hacía falta llamar a los generales, y eso siempre asumiendo que en Lugo estemos todos muy mal defendidos con los de aquí.
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