¿Por qué se esconden los gastos del Ayuntamiento?

Desde el 1 de enero de 2018 solo aparece un contrato menor. La ley obliga a publicarlos al menos trimestralmente.

Denuncia hoy Olga Louzao, por enésima vez, que desde hace año y medio no es posible ver los contratos menores del Ayuntamiento de Lugo. Tampoco han publicado las subvenciones ni otra información que la ley obliga a colgar en Internet, con lo que uno se pregunta si hay algo que esconder para incumplir el artículo 63.4 de la Ley de Contratos del Sector Público que dice textualmente que "la publicación en el Perfil de contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente".

La pestaña de la web oficial del Ayuntamiento etiquetada como “perfil del contratante” es una guasa. Anuncia procedimientos de hace más de un año como “en plazo de presentación de ofertas” y cosas similares. Vale que también pone arriba que los expedientes ahora están en la web www.contrataciondelestado.es, pero no creo que fuera tan complicado poner a los que pillaron vivos en el procedimiento una leyenda del estilo de “trasladado a tal web” con un enlace, más que nada porque de la otra forma queda ridículo.

Los contratos menores ya ni se pueden ver. Mientras ayuntamientos como Foz o Valadouro, y entidades públicas tales como la Dirección Provincial de Lugo del INSS o el Instituto Social de la Marina explican detalladamente hasta compras de “serigrafiado de sobres” por 495 euros, el Ayuntamiento sistemáticamente esconde a los lucenses en qué gasta nuestro dinero. Entre el 1 de enero de 2018 y hoy (ayer cuando lean ustedes esto) solo sale un contrato menor, por un tema del Fondo Galego de Cooperación. Ni uno más.

Por supuesto tampoco hay información sobre ayudas a entidades privadas. No se explica cuánto cobra cada asociación, federación o cualquier otra organización en subvenciones que provienen de nuestros impuestos y cuya gestión es completamente opaca.

Ya no se trata de un derecho común de toda la ciudadanía de saber a dónde va nuestro dinero, que también, sino de que la normativa no contempla, hasta donde yo sé, excepción alguna que les permita hacer esto, o mejor dicho, no hacer esto.

Si se gasta ese dinero en una comilona de miles de personas, en propaganda de cara a las elecciones o en comprar voluntades en venta es algo que los ciudadanos tenemos que poder saber, y aunque hay vericuetos por donde pueden intentar “camuflar” ciertos gastos, la información de quién recibe cuánto es fundamental.