Dos respuestas, como mínimo curiosas, del Gobierno Local

Los cables de fachada, prohibidos por el PEPRI, campan a sus anchas e incluso se instalan otros nuevos mientras que las cámaras de seguridad, por lo visto, las ha de pedir la Xunta... aunque las que ya hay las pidió el Ayuntamiento...

Ayer hubo una reunión convocada por la Alcaldesa con vecinos del casco histórico que, en teoría, era para explicar el tema de las nuevas peatonalizaciones del centro pero que se convirtió en una enmienda a la totalidad de las políticas aplicadas por el Gobierno Local al barrio amurallado.

Los vecinos protestaron, en primer lugar, por la falta de acceso a la regidora. Varias personas denunciaron que llevan años pidiendo cita para tratar temas importantes para la zona pero que han recibido la callada por respuesta, en contra del mantra tan repetido de que “se atiende a todo el que quiera”. No es que derivasen la consulta a un concejal (que sería lógico, la Alcaldesa no puede recibir a toda la ciudadanía) o que se les respondiese desde la jefatura del servicio correspondiente, es que no han sabido nada a pesar de sus reiteradas peticiones por registro físico, electrónico, email y teléfono.

En un futuro artículo les hablaré de los temas que se pusieron sobre la mesa, que fueron muchos y muy importantes, pero como acabamos tardísimo y me toca madrugar, me voy a centrar sólo en dos cuestiones que me sorprendieron notablemente por la respuesta dada a las mismas: las cámaras de seguridad y los cableados en fachada.

Las cámaras de seguridad, según la Alcaldesa, no se pueden instalar por motivos de seguridad sino que únicamente son autorizables para la defensa del patrimonio. Es llamativo, ya que por ejemplo en la calle Amor Meilán hay una cámara (justo detrás del Cuartel de San Fernando) que lleva ahí un montón de años… apuntando hacia la parte de abajo de esa calle donde, hasta donde yo sé, no hay elemento patrimonial alguno. La cámara fue recientemente renovada, por si piensan que es un vestigio del pasado. Ahora tienen en trámite poner cámaras en el Polígono del Ceao, donde, de nuevo dentro de mis conocimientos, no hay patrimonio a defender.

La consulta que se le hizo fue la siguiente: si las cámaras sólo se pueden poner para proteger el patrimonio, y el casco histórico está declarado BIC, por lo que todo el recinto amurallado es patrimonio… ¿por qué no han solicitado cámaras para evitar el vandalismo en el centro? La respuesta fue…, no sé cómo calificarla, vamos a decir que sorprendente. La Alcaldesa respondió que quien declara el BIC es la Xunta así que quien tiene que pedir esas cámaras es la Xunta… En serio, lo dijo, hay muchas personas de testigo.

Esto quiere decir que, según la teoría sostenida por la regidora, sólo el titular de un bien puede pedir que se proteja con cámaras, a pesar de que la normativa sobre ese asunto no respalda esa curiosa postura. Entiendo que, según ese punto de vista tan peculiar, para poner cámaras que protejan una calle tendrán que pedirla a todos y cada uno de los vecinos propietarios de bajos y pisos, a pesar de que la ley dice que quien ha de promover la instalación de cámaras son las fuerzas de seguridad. En fin…

El otro tema fue todavía más extraño. Se habló de la instalación de fibra óptica que se está llevando a cabo en el casco histórico y que se está poniendo a través de las fachadas.

Hace 25 años que el Ayuntamiento de Lugo aprobó el PEPRI, una normativa con la que el Gobierno Local atiza sin piedad a los pequeños propietarios pero que obvia cuando se trata de grandes compañías, con esa costumbre que tienen de ser fuertes con el débil y débiles con el fuerte, poniéndose del lado del poderoso y machacando al particular. Pues bien, esa norma dice, en su artículo 54, que “las instalaciones eléctricas, telefónicas y demás instalaciones por cable habrán de ser subterraneizadas”. Añade, a mayores, que cuando se abran zanjas para otros servicios o renovación de pavimentos se harán canalizaciones y se aprovechará para hacer subterráneos los cableados.

Curiosamente en estas dos décadas y media se han levantado prácticamente todas las calles del casco histórico. La última, por ejemplo, ha sido Quiroga Ballesteros, con su flamante obra de peatonalización… y todas esas vías siguen llenas de cables aéreos, incluida Quiroga Ballesteros. Cables fuera de ordenación, prohibidos por el PEPRI pero que ahí siguen.

Puedo llegar a entender que el Ayuntamiento no tiene capacidad para obligar a retirar los que ya había y enterrarlos, pero ahora se está instalando fibra óptica por el centro, por calles renovadas en este largo periodo y… ¡oh sorpresa!... se están poniendo en las fachadas de las casas, algo expresamente prohibido por el PEPRI.

La pregunta concreta que se hizo a la Alcaldesa fue: ¿esas obras tienen licencia? Su respuesta fue que NO. Sorprendentemente son conscientes de que se están haciendo y que se está pidiendo a las comunidades de propietarios que firmen una autorización, lo que hacen porque les dicen que si no no tendrán fibra... con lo que a ver ahora de quién es la responsabilidad por saltarse una normativa a la torera: ¿de la Comunidad que lo autoriza? ¿de la empresa que hace la instalación? ¿del Ayuntamiento que mira para otro lado?…

Habrá que seguir investigando si es cierto que no hay tal autorización, porque entonces nos encontramos con la disyuntiva: ¿El Ayuntamiento prevaricó autorizando algo prohibido por el PEPRI, o ignora que se están instalando nuevos cableados en las fachadas del centro? Lo uno es grave, lo otro… triste quizá, porque no es que lo hagan a escondidas precisamente.