jueves, 7 de marzo de 2019

¿De veras? ¿Un gobierno manifestándose contra una sentencia?

Una manifestación contra una sentencia no es ninguna broma.

Lo de la separación de poderes no acaba de quedar claro para mucha gente. Es comprensible entre personas no metidas en el tema, porque a veces se dan situaciones que chirrían demasiado, sobre todo si tenemos en cuenta el sistema de elección de los jueces de algunos de los altos tribunales. Es menos comprensible esa falta de respeto a la doctrina de Montesquieu en nuestros líderes políticos, que deberían predicar con el ejemplo pero que clamorosamente se escabullen de esa obligación.

El Gobierno Local de Lugo estuvo ayer, pancarta en mano, en una manifestación que se convocó contra la sentencia del Tribunal Supremo  que, a pesar de la reiteración en la mentira, no contempla ni una sola situación en que a alguien que quiera usar el gallego se le impida. Sí anuló ciertos artículos en sentido contrario, es decir, en que se obligaba al uso del gallego, cosa que nuestra Constitución afortunadamente imposibilita, cerrando la puerta a confundir la promoción de un idioma con la prohibición del otro.

Hubo un tiempo en que el PSOE calificaba de “cínicos” a los populares por manifestarse contra la sentencia del Supremo por el caso de De Juana Chaos, o que consideraba “preocupante” que el PP se manifestara contra decisiones judiciales. Tenían razón, aunque les faltó tiempo para echarse a la calle cuando los tribunales fallaron en contra de sus posturas. Como es evidente, no es una cuestión de incoherencia que ataña únicamente al PSOE ya que los del otro lado han hecho lo mismo en varias ocasiones: criticar sentencias judiciales o manifestarse contra ellas pero rasgarse las vestiduras cuando lo hacen los del otro bando. Es un peligroso juego de desprestigio de una Justicia ya no demasiado bien vista.

Claro que hay que contemplar la posibilidad de que un partido político critique una sentencia judicial, por supuesto. De hecho son ellos los que hacen las leyes y para modificarlas primero han de detectar un problema. Los jueces solo las ejecutan. Pero entre eso y salir a la calle pancarta en mano media un abismo ¿Qué se pretende conseguir con esa manifestación? ¿Presionar a los jueces? ¿Cambiar el sentido de una sentencia que ya es firme? ¿O simplemente dar espectáculo de cara a las próximas generales y municipales, con el contraproducente mensaje de que se apoya la imposición del gallego anulada por el Supremo (de eso va la sentencia, recuerden)?

Un anuncio pagado con nuestro dinero para manifestarse contra una sentencia... No sé yo...
Si además el Ayuntamiento no solo asiste a la manifestación e incita a los demás a hacerlo sino que paga con fondos públicos anuncios para animar a la gente a respaldar el acto (por cierto, con un éxito bastante escaso porque en las fotos no se ve demasiada gente, quizá porque llovía mucho) tal vez entremos en harina de otro costal, porque en mi modesta opinión eso incluso podría ser delictivo, que el dinero de todos no está para esas cosas. Es lo mismo que hicieron en Cataluña aunque a una escala obviamente menor.

Creer en la separación de poderes es cada vez más complicado. El legislativo controla al ejecutivo y nombra al judicial, hay un claro desequilibrio, pero eso es un tema y otro mezclarlo todo. Al menos un alcalde debería tener eso claro.

5 comentarios:

  1. Tienes mucha razón. Nadie te prohibe usar el gallego, sólo se abre la posibilidad de utilizar la otra lengua oficial. Sería estupendo que la Xunta de Galicia se aplicase el cuento también .

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    1. En la Xunta no es obligatorio el uso del gallego para el ciudadano...

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  2. Mis hijos estudian en centros públicos y no pueden estudiar historia ni biología en español. Libros, material y clases están exclusivamente en gallego, además de otras muchas asignaturas. Todas las comunicaciones del centro, rotulado y documentación en general están exclusivamente en gallego.
    Mi hermana trabaja en el HULA; tres cuartas partes de los mismo. Atienda usted, simplemente como usuario al rotulado y docuemntación sanitaria. La Xunta obliga por narices al uso del gallego a sus funcionarios y se les persigue si quieren expresarse en español.

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    1. Es un tema complicado. Si usted pide al centro que le manden las comunicaciones en castellano entiendo que están obligados. Lo de las asignaturas es más difícil de resolver porque se entiende que ha de haber unas cuantas en cada idioma, lo que supone que para el que hable un idioma las que estén en el otro tiene un "plus" de dificultad.

      En cuanto a lo de que se "persigue" el castellano en la Xunta no estoy de acuerdo, y yo trabajo allí. Se usa el gallego como idioma interno y como lengua por defecto, pero es lógico en la administración autonómica entiendo yo. Alguno tiene que ser.

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  3. No tiene nada de lógico que no se pueda elegir y , en caso de utilizar una sola lengua, ésta debería ser , por defecto, la lengua común de todos los españoles. Conviene recordar que en casi todos los países de nuestro entorno, d existen lenguas regionales. Dígale usted a un bretón o a un corso que se prohibe utilizar el francés en educación u otros servicios públicos.
    Por otra parte, tiene su gracia que nos rasguemos las vestiduras por el declive demográfico, que es tremendo en toda España pero más acusado aún en Galicia , cuando todo son obstáculos para atraer agente joven con hijos en edad escolar a vivir en una región donde la calidad de vida es alta, la vivienda relativamente asequible y que goza de unos servicios inimaginables hace pocas décadas.
    En otras palabras, una pareja con hijos en edad escolar no puede plantearse un destino a una ciudad o pueblo gallego desde otra parte de España porque la Xunta obliga a la inmersión lingüística en todos los servicios públicos. Esto supone un obstáculo innegable. Si yo me fuera a trasladar desde Sevilla o Valencia y mis opciones fuesen, por ejemplo León o Lugo, me iría a León, sin dudarlo o preferiría Santander a La Coruña. Tendría menos obstáculos en esas ciudades.

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