jueves, 1 de diciembre de 2016

La independencia de la administración

Entre las muchas cosas importantes para garantizar la Democracia y el Estado de Derecho está la separación de poderes. La idea es sencilla: el legislativo aprueba las normas, el ejecutivo las traduce en hechos y el judicial vigila el proceso. Desde Montesquieu, no se concibe que un sistema político pueda estar articulado sin que los tres poderes estén claramente independizados unos de otros, aunque varía el nivel de cumplimiento de esto, como es lógico.

El problema suele surgir en el ejecutivo, ya que toda la administración pública depende del gobierno de turno y está sometida a su dirección. Es normal, ya que para ejecutar sus políticas el ejecutivo necesita tener una herramienta, pero siempre cumpliendo unos límites obvios como es evitar la politización de la actuación administrativa. Es algo complicado de distinguir en ocasiones: el funcionario que sanciona a un comercio por no tener el letrero en catalán ¿es cómplice de una norma que viola la libertad lingüística del empresario multado o simplemente hace su trabajo porque no tiene más remedio?

Aun así hay casos que son tan claros y evidentes que claman al cielo, y hoy les voy a hablar de uno. De hecho toda esta introducción es para sentar las bases de lo que les voy a explicar y que me parece tan grave y tan chocante que me sorprende que no esté abriendo los telediarios.
Primer párrafo de la carta de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria ha enviado el pasado 21 de noviembre una “comunicación” a las personas que hicieron una regularización fiscal en el 2012 en que les advierten que tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Hasta ahí nada llamativo… salvo que comienza dicha carta diciendo que lo hacen porque el Congreso aprobó una iniciativa de Ciudadanos que les obliga, y para mayor fantasía incluyen copia de la Proposición No de Ley presentada por el partido de Albert Rivera.

Es decir, que un órgano de la administración pública adjunta a una carta oficial una iniciativa de un partido político y justifica en ella su decisión, como pidiendo disculpas. Suena un poco a que Rajoy les dice, a través de la AEAT que “tenéis que pagar, pero oye, yo qué culpa tengo si es que me han obligado los de Ciudadanos”.

Escrito adjunto a la carta
Es un precedente que jamás había visto. Ya no solo por esa especie de “pío, pío que yo no he sido” que es una barbaridad, sino por el simple hecho de meter en una comunicación administrativa una iniciativa política. ¿Qué le impide a partir de ahora a la alcaldesa de Lugo adjuntar una copia de la propuesta del PSOE al pleno para rebajar una tasa con la comunicación al beneficiario? ¿O a Feijoo meter un papelito del PP en las resoluciones administrativas que se vean beneficiadas por iniciativas de su partido en el Parlamento de Galicia? Es inadmisible.

La línea que separa la administración de la política no está siempre trazada con absoluta claridad, pero de la misma forma cae de cajón que en este caso se han sobrepasado todos los límites. La separación de poderes es fundamental, y también saber cuándo se está actuando como poder público y cuándo como partido político.

No entender eso es muy grave. Y acaba de pasar.

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