La factura de la discordia

A la izquierda el decreto en que Arroxo "corrobora" "la efectiva ejecución de los servicios detallados". A la derecha el decreto de Miguel Fernández en que indica que "no está acreditada" la realización del servicio. La actuación, realmente, no tuvo lugar.

La semana pasada nos enteramos del sainete que ha montado el gobierno local con una factura que se iba a pagar por un servicio no prestado. La oposición lo denunció y se montó un cristo de los que hacen época. Veamos qué ha pasado.

En primer lugar, tienen que saber que el Alcalde de Lugo, Miguel Fernández, se ausenta una o dos horas hábiles cada cierto tiempo para que el primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, asuma las funciones durante ese tiempo y así pueda firmar el pago de facturas a las que el servicio de intervención pone reparos. Como lo leen. La última fue desde las 14:00 horas de un día hasta las 7:30 del día siguiente, es decir, que estuvo menos de una hora de “horario administrativo” para firmar eso. Es como la versión administrativa de esa película, “La Purga”, en que un día al año todos los crímenes son legales, incluido el asesinato. El Alcalde no quiere firmar facturas que la intervención asegura que no son correctas pero, en vez de rechazarlas, deja en manos de su socio de gobierno levantar los reparos de intervención.

¿Qué es un reparo de intervención? Es una advertencia, que incluso puede llegar a la paralización preventiva, que hace el órgano de intervención (que es el que vigila los movimientos económicos del Ayuntamiento) cuando considera que un trámite no cumple los requisitos exigidos, ya sea por una ilegalidad o por un incumplimiento presupuestario.

En Lugo es muy habitual que se paguen facturas que intervención no ve plenamente adecuadas por uno u otro motivo. En el año 2019 el Ayuntamiento autorizó pagos por 27.911.883 € que incluían reparos de legalidad. En 2020 ese disparate subió a más de 34,5 millones de euros. De estos últimos años no he logrado encontrar datos.

Sobre la factura que nos ocupa, el caso es más que llamativo. Se refiere a una actuación de Lugo Máxico (esa iniciativa que llevaba el Mago Rafa hasta que el departamento de Cultura, dirigido por la nacionalista Maite Ferreiro, lo asignó a su amigo personal, el Mago Antón). Se trataba de un espectáculo que iba a tener lugar en el auditorio Fuxan os Ventos pero que no se celebró porque hubo un problema con el sistema anti incendios (que saltó por una actuación anterior).

Esto fue en mayo. Sorprendentemente la factura, de 1.149 euros, se tramita en julio según el listado aprobado por el Ayuntamiento (habría que ver la fecha de emisión, porque sería más que curioso que se haga una factura de algo que no se celebró) y los servicios de intervención la paralizan porque ven irregularidades. Y tanta irregularidad porque el acto no se celebró.

En octubre el Alcalde, una vez más, deja su puesto un par de horas y el teniente de Alcalde ordena el pago de esta factura, entre otras también con reparos de intervención… Vale que se pueda colar una factura “ordinariamente”, pero si intervención dice que está mal lo suyo sería mirarla con lupa. Pues no. En el decreto firmado por el titular accidental de la alcaldía se dice textualmente que se corrobora “a efectiva execución dos servizos detallados nelas”. Pero no fue cierto, no hubo tal actuación.

Un mes más tarde el propio Alcalde corrige el decreto firmado por el teniente de Alcalde y excluye la factura en cuestión porque “non está acreditada a realización do servizo”, lo que contradice lo que se decía en el decreto anterior.

El PP insinúa malversación(1) por parte de Rubén Arroxo, y éste monta en cólera montando una rueda de prensa con toda la plana mayor de su partido y califica de “bulo” la acusación y amenaza con ir al juzgado, ya que, según su versión, no pasa nada y es un error que ocurre “frecuentemente” y que se detectó y por eso se paralizó el pago. Lo que no dice es que ese error ya se detectó antes de que él autorizase dicho pago y que ignoró las advertencias y siguió adelante con el trámite, lo que no tiene mucho sentido porque para eso están, precisamente, los reparos de intervención que se pasan por el forro día sí y día también.

Lo que es para echarse a temblar es que la defensa del BNG sea que esto ocurre "frecuentemente". Es como cuando dijeron desde el gobierno que la previsión de seguridad cuando una vaca mató a una persona en las fiestas fue "idónea". ¿En qué manos estamos si se tramitan “frecuentemente” facturas de servicios que se asegura que se prestaron y realmente no existieron? ¿Para qué pone el decreto que se ha comprobado que el servicio a pagar sí se prestó, cuando realmente no se prestó?

El problema de fondo de todo esto es que la gestión de los pagos se hace a lo loco, ignorando los controles de intervención y normalizando que pleno tras pleno haya un capítulo para “levantar” los reparos de intervención y pagar facturas que no reúnen los requisitos legales para ello. Eso sí, si usted comete un “erro” con el pago de tasas o se le pasa un plazo, le meten un palo de narices. Así funciona el tema.

¿Hay motivos para la alarma? Sin la menor duda, sí. Ignorar sistemáticamente las advertencias del órgano que fiscaliza el pago de facturas no es lo más tranquilizador del mundo, pero oigan, juzguen ustedes.

Quizá la sobrerreacción del BNG esté justificada, pero no por la metedura de pata que han tenido con la factura, sino porque así intentan desviar el foco de la opinión pública de su metedura de pata con Alonso Montero a cuyo homenaje, dicho sea de paso, ni se dignaron asistir.

(1) La malversación es el delito que comete un cargo público que se apropia, desvía o utiliza indebidamente fondos o bienes públicos que tiene a su cargo, con o sin ánimo de lucro.