La mal disimulada acusación que los técnicos de Hacienda han hecho sobre los autónomos es un insulto intolerable. Claro que habrá chorizos y defraudadores entre los autónomos, igual que entre empleados, funcionarios, políticos o cualquier otro sector, pero generalizar de esa forma es una indignidad que no puede quedar sin respuesta. No porque vayan a leer este artículo en el Consejo de Ministros, sino porque nuestros convecinos de Lugo han de conocer la dura lucha que supone mantener un pequeño negocio a flote a día de hoy.
Lo primero que tenemos que entender es que para tener un beneficio neto de 1000 euros al mes, un autónomo tiene que facturar entre 1.400 y 1.900 euros solo para pagar los impuestos. A eso hay que sumar los gastos de sostenimiento del negocio si necesita un local, que le genera los correspondientes costes de alquiler, luz, agua y demás, es decir, que hablamos solo de IVA e IRPF. Ya si tiene empleados ni les cuento.
Ser autónomo hoy día o tener un negocio local entra en la categoría de heroísmo, y normalmente no es solo por la dura competencia de las grandes plataformas de Internet, que son el monstruo que ha sustituido a los centros comerciales en las pesadillas del pequeño comercio, sino por la Administración. La burocracia es un agujero negro que digiere todos los recursos que puede, y encima para malgastar una parte importantísima de los mismos en patochadas como trasladar una estación de autobuses a un sitio peor ubicado, en construir un barrio nuevo en una ciudad con 12.000 viviendas vacías o en poner aeropuertos donde no hacen falta.
Cualquiera que tenga una inquietud emprendedora ve que es mucho más preocupante la parte que atañe a la administración que el propio hecho de atraer clientes, y eso es terrible porque la consecuencia es desanimar a las nuevas generaciones a montar sus negocios. Es más cómodo y menos problemático depender de otros o incluso intentar vivir de ayudas públicas que enfrentarse a la maraña burocrática que parece diseñada para poner zancadillas a quienes generan riqueza.
Otros países tienen cuotas flexibles o incluso carecen de ellas y cobran sus impuestos de los ingresos obtenidos, que es lo lógico. Ese es el camino, y no acusar de ladrones a quienes cobran menos que sus empleados porque sus cuentas no les dan para más, mediante una indigna e inaceptable denuncia basada en la ignorancia, los prejuicios y la más absoluta falta de empatía hacia quienes, no lo olviden, pagan sus salarios.
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