El Gobierno de Lara Méndez miente: La competencia sobre animales abandonados es municipal

La tensión en el Pleno fue palpable e incluso el público se enfrentó a la Alcaldesa por su falta de empatía con la Protectora. Foto: El Progreso

Cuando uno piensa en el Pleno del Ayuntamiento de Lugo se imagina un foro de debate en que primen los argumentos, no una edición local del "Sálvame" donde a uno se le cae la cara de vergüenza pensando que esos son los representantes del pueblo de Lugo.

Las sesiones municipales son, salvo excepciones justificadas, de acceso público. Es poco habitual que la gente se moleste en ir, pero ayer hubo bastante afluencia por los temas a tratar entre los que destacaron el de la falta de financiación de las nuevas instalaciones de la Protectora de Animales, la propuesta de Ramón Cabarcos de una modificación del PXOM más ambiciosa que la que se supone que el gobierno local está llevando a cabo (lo de "se supone" es porque ni siquiera la concejala que intervino en representación del gobierno supo explicar qué están haciendo), y la dotación de servicios básicos a alguna parroquia del municipio.

Lo más sorprendente de todo es que se mienta descaradamente sin el menor rubor. Supongo que no sabían por dónde salir tras las brillantes intervenciones de Elena Candia (estuvo excepcional) y se llegó a escuchar, por parte del Gobierno Local, que la competencia sobre los animales abandonados es autonómica lo cual denota un desconocimiento preocupante sobre la legislación.

Desde los años 50, en que el Decreto de 17 de mayo de 1952 sobre Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se estableció que la recogida de perros vagabundos (como se les denominaba entonces) correspondía a los municipios. Nadie ha discutido jamás esa competencia, y de hecho todos los ayuntamientos afrontan este tema con mayor o menor fortuna.

Pero, ¿hay normativas más actuales? Por supuesto que sí. La Ley 1/1993, de 13 de abril, de Protección de Animales Domésticos y Salvajes en Cautividad, actualmente derogada por la posterior Ley 4/2017 de 3 de octubre, incluía en su artículo 16 lo siguiente:

Compete al Alcalde la responsabilidad superior en la defensa y protección de los animales en el ámbito de cada municipio. Las funciones obligatorias que corresponden a los Ayuntamientos son las establecidas en la normativa de régimen local y las contenidas con carácter general para todas las administraciones públicas en la presente Ley.

La nueva normativa, Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, actualmente en vigor, no modifica demasiado esto, ya que en su artículo 6 dice esto:

Se atribuye a las personas titulares de las alcaldías de los ayuntamientos de Galicia la responsabilidad superior en la defensa y protección de los animales incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley en su término municipal.

Concreta más todavía las obligaciones locales en el artículo 22, titulado "Recogida y acogida de los animales vagabundos y extraviados":

1. Los ayuntamientos recogerán los animales domésticos vagabundos y extraviados que deambulen por su término municipal y los albergarán en centros de recogida de animales abandonados inscritos en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos hasta que sean retirados por sus propietarios o propietarias, sean acogidos temporalmente o adoptados, o se les dé otro destino autorizado según los supuestos establecidos en la presente ley.

2. Los ayuntamientos podrán prestar el servicio de recogida y acogida por sí mismos o asociados, en régimen de gestión directa o indirecta. Asimismo, podrán suscribir convenios de colaboración en esta materia con otras administraciones públicas y entidades, como las asociaciones de protección y defensa de los animales.

Se podría pensar que la Comunidad Autónoma pretende escurrir el bulto sobre este asunto y endilgar a los municipios una competencia que podrían asumir como propia, pero es que la reciente Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, aprobada por el gobierno "progresista" de Pedro Sánchez, va en la misma dirección. En su artículo 22, bajo el título de "Recogida y atención de animales", dice lo siguiente:

1. Corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal.

En los términos que establezca la legislación autonómica, podrá derivarse esta responsabilidad a las agrupaciones de municipios, o, en su caso, a las diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares o a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

La competencia es, pues, plenamente municipal. Por si esto fuera poco, esta última norma especifica que "para llevar a cabo esta gestión y cuidados, los municipios deberán de contar con un servicio propio, mancomunado o concertado, en los términos establecidos en el artículo 23", y ese artículo detalla las obligaciones de los centros públicos de protección animal.

Entre esas obligaciones se dice, en la letra d), que han de "Velar por las condiciones adecuadas de bienestar y condiciones higiénico-sanitarias de los animales alojados, adecuación de los espacios, medidas de seguridad, capacitación del personal, registro de animales y atención veterinaria".

A pesar de los titánicos esfuerzos de la Protectora de Animales y sus voluntarios para llevar a cabo este mandato, se ven impedidos por la dura realidad de que las instalaciones no son válidas para el fin que se persigue. No hay tal "bienestar y condiciones higiénico-sanitarias" y la ley está para que se cumpla.

Todo lo demás no dejan de ser excusas. La bobada de que los fondos están comprometidos para hacer huertos urbanos es una simpleza porque quien comprometió esos fondos fueron ellos mismos, y dudo bastante que la Unión Europea ponga reparos a modificar el proyecto para dar cumplimiento a una obligación legal antes que a un capricho.

En todo caso, una vez más, se demuestra que no sólo se adolece de sensibilidad sino también de altura de miras. Y mientras tanto, los perros mueren y se agreden por desesperación mientras nuestros gobernantes "ecologistas" miran para otro lado y subvencionan que se planten lechuguitas y pepinos.