¿Para qué queremos la titularidad de la Nacional VI?

La Nacional VI a su paso por Lugo. Foto: La Voz de Galicia

Asumir la Nacional VI a su paso por Lugo tal y como propone el Gobierno de España al del Ayuntamiento de Lugo es un arma de doble filo.

Por un lado, como es evidente, supone asumir una carga económica importante para el mantenimiento, señalización, gestión, seguridad… que no sabemos bien si sería compensada por el Estado con un aumento del presupuesto que destina a Lugo o si, simplemente, es “tú quédatela y te las compones”. Es algo habitual asumir competencias como si no hubiera un mañana sin la financiación suficiente, y parece de sentido común entender que si el gobierno quiere pasarle el muerto a otro es porque le supone un ahorro.

Pero por otro podría hacerse realidad una vieja pretensión sostenida por Joaquín García Díez y convertir lo que hoy es una carretera pura y dura en una calle más de la ciudad, una rotonda de circunvalación con sus aceras, aparcamientos, pasos de peatones y accesos directos al Parque del Miño que él creó en su etapa de alcalde.

Es un debate importante que no debería solucionarse con un acuerdo entre gobiernos, ya que es algo que nos implica a todos y que tal vez debería requerir un acuerdo, si no unánime, sí al menos muy mayoritario para garantizar que la operación no sea una cosa de unos pocos por intereses políticos o partidistas, como suele ocurrir con estas cosas.

La cesión incluiría el mal llamado puente blanco (porque de ese color sólo le quedan los hongos que le salen) y el que seguimos llamando puente nuevo (que ya no lo es tanto) y que se propuso bautizar como puente de Tomás Notario. El primero es una barrabasada urbanística que metió un “haiga” en medio del río, y el segundo una estructura que ya tiene sus añitos y que puede empezar a dar problemas el día menos pensado así que no sé si haríamos un buen negocio asumiendo esas construcciones.

Es curioso el tema de las competencias. Cuando interesa se asumen a lo loco, sin financiación, o se invaden las ajenas creando servicios paralelos duplicados o triplicados porque se considera que así se captan votos. Pero cuando no, se indica que tal competencia es “exclusiva” de la administración adversaria.

Recientemente, por ejemplo, en una reunión sobre el cuartel de San Fernando nos decía el presidente de la Federación de Vecinos que las competencias sobre cultura y patrimonio son de la Xunta y que por eso tendría que hacer ella el Museo de la Romanización en solitario. Obviaba que la ley de Patrimonio indica que el mantenimiento de los BIC (y el cuartel está declarado como tal) es responsabilidad de su propietario, en este caso el Ayuntamiento, y también que si lo que dice fuera cierto no sé para qué tenemos una concejalía de Cultura… Tal vez (es una idea) su objetivo no fuera defender un argumento, sino a quien le paga las facturas.

Pero a lo que íbamos. Asumir competencias parece que es un deporte mayoritario y poco reflexivo, porque no se tienen en cuenta las cargas económicas que se van sumando a los disparates propios que, año tras año, van aumentando los gastos sin contrapartida en ingresos.

La solución es sencilla: subir los impuestos y listo, que para eso nunca dudan.