¿Estaban al día los catamaranes de la Diputación en la campaña de 2018?

Uno de los catamaranes de la Diputación que circuló sin tener la documentación en regla ante la CHMS.
Foto: El Progreso

El artículo de hoy es largo, pero creo que no se puede tomar este tema a la ligera y despacharlo con cuatro ideas, así que les ruego paciencia.

La polémica de los Catamaranes de la Diputación está servida. En uno de los últimos plenos, el diputado Juan Carlos Armesto afirmó que los barcos dependientes del organismo provincial habían navegado sin los permisos y seguros pertinentes, lo que generó una amenaza de demanda por parte de Eduardo Vidal, el diputado encargado del asunto, quien aseguró que a menos que se retractase lo llevaría al juzgado por calumnias, cosa que hizo confiando en que la lentitud de la justicia no permita que esto se aclare antes de las elecciones de mayo y en que la costumbre de exagerar que tiene la oposición le dé parte de razón.

Estas cosas están casi siempre sujetas a la interpretación de Su Señoría, que puede tener agarraderas para que haya causa. Como les decía, la tendencia de la oposición a todo gobierno de exagerar el lenguaje con que describen los problemas para que parezca que poco menos que los barcos se iban a hundir en cuanto les pusiera el pie encima un pasajero algo entrado en carnes hace que es probable que haya una retractación parcial, que se venderá como un paso atrás… aunque tampoco estoy convencido de que la Diputación tenga mucho interés en airear realmente este asunto porque Armesto tenía razón en parte.

Es un tema complejo así que vamos por partes, como suelo hacer en estos casos.

¿Tenían los catamaranes los permisos en vigor en la campaña de 2018?

No. Les explico el por qué de tan tajante afirmación:

Los catamaranes de la Diputación navegan por los ríos competencia de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), así que necesitan permiso de ésta para poder transitar por sus aguas. Entre agosto de 2015 y mayo de 2016 la Confederación dio autorizaciones a los 5 barcos de la Diputación, y dichos documentos estaban vigentes hasta el día 31 de diciembre de 2018. Esto parece solventar este tema y apoyar que estaba todo como debía… pero las cosas no son siempre tan sencillas.

En febrero de 2018 la CHMS notifica a la Diputación un cambio en la documentación necesaria para navegar por las aguas de su competencia, indicando explícitamente que “a partir de la presente notificación, para poder llevar a cabo el ejercicio de la navegación y flotación en las cuencas de esta Confederación Hidrográfica, deberá de presentar el modelo de Declaración Responsable”. Esto anula pues el permiso anterior y lo condiciona, en román paladino, a presentar ese nuevo documento, la declaración responsable, para poder navegar en 2018, y a adjuntar una serie de anexos.

Como la Diputación no se molestó en contestar a esa carta (a pesar de que la notificación implique que sin presentar la documentación los catamaranes no podrían navegar), la Confederación reiteró el requerimiento a mediados de marzo y el Servicio de Turismo de la Diputación (a la segunda va la vencida en este caso) contesta a esos escritos a primeros de abril, remitiendo las cinco famosas Declaraciones Responsables (una por barco). Sin embargo no presentan toda la documentación, que les es requerida por parte de la CHMS pocos días más tarde (por cierto, en todo este tema la CHMS ha demostrado una rapidez asombrosa en el mundo administrativo). La Diputación contesta al requerimiento diez días más tarde, pero tampoco está completa su repuesta. Falta un documento fundamental: los certificados de navegabilidad.

¿Qué son esos certificados? Es la versión para barcos de la ITV, un documento que certifica que se han revisado y que cumplen con la normativa vigente para poder ser utilizados. Llama la atención que no la tuviesen pasada ya, por lo que podemos deducir que si la Confederación no hubiera exigido ese documento nadie se habría acordado de pasar la revisión a los barcos.

Es interesante hacer notar también que la campaña de los catamaranes de 2018 comenzó el día 24 de marzo, es decir, que documentalmente vemos que la Confederación había requerido a la Diputación las declaraciones responsables, y que solo se remitieron a principios de abril (e incompletas, como ya dijimos). Esto, por sí mismo, ya hace que Armesto tenga razón cuando dice que no estaban los permisos en regla, ya que según la propia CHMS no se podían haber validado dichos permisos según su propio requerimiento inicial.

Ahora es donde viene lo gordo. A finales de abril la CHMS vuelve a requerir a la Diputación cinco veces (una por barco) para que presente el Certificado de navegabilidad (las conocidas como ITBs). Se les contesta a mediados de mayo que se ha “iniciado el expediente de contratación para la adjudicación de las inspecciones reglamentarias” y que se les remitirá a la mayor brevedad (¿no les suena a ustedes a “ya os lo mandaremos un día de estos”?). Eso quiere decir que en mayo, dos meses después de iniciada la campaña, no se habían pasado las inspecciones ya que ni siquiera se habían contratado.

De hecho hay inspecciones que no se pasaron hasta primeros de agosto, y la Diputación no obtuvo las ITBs hasta principios de septiembre, terminando ya la campaña de los catamaranes. Sin ese certificado la CHMS no pudo considerar válidas las declaraciones responsables, así que Armesto dijo la verdad cuando afirmó que los barcos no estaban en regla.

Hasta el mes de septiembre no se envía a la CHMS la contestación a su requerimiento de mayo, generándose otra petición por parte de la Confederación en que piden que se aclare la vigencia de los seguros. Eso sí estaba bien, ya que hubo una confusión por parte de la Diputación en la documentación y al ser el pago semestral se embrolló con su periodo de vigencia.

En noviembre de 2018 la CHMS remite a la Diputación las tasas que hay que pagar para obtener los permisos de navegación de ese año, y se aprueba el gasto de dichas tasas a finales de diciembre de ese año, con lo que, en todo caso, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la documentación no pudo estar completa antes de que se abonasen las correspondientes tasas.

De los cinco barcos (Pelegrín I, Pelegrín II, Pelegrín III, Mencía y Cañón del Sil) la Confederación no pudo considerar los permisos otorgados antes de diciembre de 2018, y ni siquiera de todos ellos, ya que el 7 de diciembre se consideró desistida la petición relativa al Pelegrín III y el 15 de enero de 2019 se archivó el expediente del Pelegrín I, del que hablaremos más tarde.

¿Tenían seguro vigente los catamaranes para la campaña de 2018?

Sí. Ahí es donde ha metido la pata Armesto, aunque su error es fácilmente disculpable. Los catamaranes tenían en vigor los seguros correspondientes, pero la propia Declaración Responsable enviada por la Diputación a la CHMS (de hecho la enviaron varias veces en fechas diferentes) decía que el seguro caducaba en pleno verano. Se equivocaron, esa fecha era la del vencimiento de los pagos, pero si el propio Eduardo Vidal firmó el documento con el error es llamativo que salte como una hidra cuando Armesto utiliza la propia declaración del que se supone responsable del tinglado.

El problema con los seguros es que habría que ver si a pesar de estar al día en pagos se harían cargo de los daños e indemnizaciones de unos barcos que no habían pasado la ITB y que no tenían permiso de la CHMS para navegar. Ese tema es grave.

Probablemente en caso de que hubiera un accidente o un siniestro de cualquier naturaleza la compañía se negaría a pagar, dependiendo de las circunstancias. Ya sabemos que para contratar seguros todo son facilidades, pero que para abonar facturas se pone la proa (¡qué bien traído!).

Si uno circula con un coche sin pasar la ITV y sin permiso de circulación y causa un accidente, la compañía le va a poner todo tipo de problemas para pagar. Seguramente, según tengo entendido (pero esto no es seguro que sea así), sí se harían cargo de los daños a terceros, pero nada impide que luego le reclamen al usuario los importes, sobre todo si el accidente lo ha provocado una avería mecánica que se habría detectado al pasar la Inspección Técnica de rigor. Si ya no tiene permiso para circular, ni les cuento.

El peculiar caso del Pelegrín I: La Diputación se lo quiere llevar de Lugo. 

El Pelegrín I es el catamarán que funcionó una temporada en Lugo. Se suponía que su ruta iba entre “las islas” y la aceña del Rey Chiquito, pero tras una farragosa tramitación administrativa, que como todos sabemos no sirvió para nada porque en 2018 no circuló en nuestro tramo de río, la Diputación comunicó a la CHMS el traslado de ese barco al embalse de Os Peares. Eso hizo que se archivase el expediente relativo al tramo del Miño en Lugo.

Ese traslado nunca se hizo. El barco sigue en medio y medio del río Miño a la altura de la escuela de piragüismo de nuestro municipio, con un lateral medio sumergido y abandonado a su suerte para mayor gloria de la Diputación Provincial de Lugo.

¿Qué pasó con ese catamarán? No lo tengo muy claro. Supongo que a la habitual desidia pública por la buena gestión de los bienes pagados con dinero de todos se une que el chapucero tablón de horarios y la pobre publicidad hundieron la afluencia de público.

El Pelegrín I a su suerte en medio del Miño en el Municipio de Lugo... a pesar de que la Diputación afirmaba que se trasladaría a Os Peares y no tiene permiso para estar ahí en este momento.

Conclusiones:

Los catamaranes de la Diputación no tenían todos los permisos necesarios en regla durante la campaña de 2018 (presentaron los documentos pero no estuvieron completos al menos hasta diciembre de ese año, y alguno de los expedientes incluso se archivó). El seguro estaba abonado, pero teniendo en cuenta las carencias de las declaraciones responsables presentadas no sería de extrañar que hubiera problemas a la hora de reclamar a las compañías posibles daños…

Mañana comienza la campaña de 2019 y en lugar de aprender de la campaña pasada y hacer los deberes con tiempo, presentaron las declaraciones responsables de este año ante la CHMS el jueves de la semana pasada, con lo que si han vuelto a meter la pata y no tienen completo el expediente volverán a caer en los mismos errores, si bien es más difícil que las cosas estén tan mal hechas, porque por ejemplo la ITB entiendo que es para varios años, así que eso queda cubierto.

Estos expedientes son tan sumamente chapuceros que me parece inconcebible que se atrevan a sacar pecho y amenazar a los demás con demandas judiciales. Ellos verán, pero van a hacer el ridículo, si bien les dará igual siempre que se sepa después del 26 de mayo.

Este tema está lleno de mentiras, de manipulación, de rasgado de vestiduras y de princesas heridas en su honor que esconden la realidad: la tramitación ha sido chapucera y deficiente y menos mal que no pasó nada, porque la revisión de los barcos detectó deficiencias que luego se solventaron, pero que estuvieron sin arreglar con los barcos navegando.

Si la verdad es que no pasan más cosas malas porque hay suerte que si no... 60.000 usuarios y las cosas llevadas así...