Algo huele a podrido

 

Decía el Horacio de Shakespeare aquella famosa frase de “Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca”, una sentencia tan afortunada que se utiliza habitualmente para recalcar que una situación es sospechosa o que tiene visos de ocultar algo más profundo.

El pasado jueves, día 12 de diciembre, la Alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, firmó un decreto por el que se ausentaba de su puesto durante dos horas, desde las 17:00 a las 19:00. No es que sea raro que tenga que hacer otra cosa durante un par de horas, lo extraño es que se le dé forma jurídica en un decreto y delegue sus funciones en el primer teniente de alcalde, en este caso Rubén Arroxo.

La Alcaldía de Lugo, por la que siento el mayor de los respetos ya que tiene la función de regir lo que más valor en el mundo (mi ciudad), tampoco es que tenga en un cajón falso del despacho el botón nuclear, por lo que resulta muy llamativo que se haga un decreto para dos horas de ausencia en horario de tarde, algo que por ejemplo ocurrirá este viernes en la inauguración del Auditorio sin que, supongo, corra el escalafón para que pueda firmar los decretos un jefe de negociado que no va al concierto.

Quizá la cuestión es tan obvia, tan groseramente evidente, que es justo lo que se pretendió: llamar la atención sobre el asunto, y lo han logrado.

La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasó en esas dos horas? Pues casualmente durante ese breve, brevísimo plazo, el alcalde en funciones firmó facturas y contratos menores que superaron los 180.000 euros, supuestamente la mayor parte vinculados al departamento de Cultura, que gestiona su partido.

También casualmente todos esos contratos tenían reparos de legalidad emitidos por el interventor por motivos como superar los límites de costes, plazos o por hacer prórrogas tácitas de contratos.

¿Qué es un reparo de legalidad? Es un informe emitido por la intervención municipal (el funcionario encargado de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos en el Ayuntamiento) en que muestra su desacuerdo por el gasto. Muchos podrán pensar que si no le gusta el contrato que se fastidie, pero dicho desacuerdo no es sobre la oportunidad o conveniencia de la propuesta que se somete a fiscalización, sino por cuestiones jurídicas.

En Lugo es algo tan habitual que es casi la tónica ordinaria. En el año 2019 se pagaron más de 30 millones de euros con reparos de legalidad, algo que es tan sumamente escandaloso que pasa desapercibido para el gran público.

Volviendo al asunto hay algo que a muchos se nos viene a la cabeza: si tan cristalino es el asunto, ¿por qué lo hicieron así? ¿No sería más lógico que la Alcaldesa se cogiera un día y así se disimulara algo mejor el tema? Pues quizá precisamente su intención era ésta: que fuera obvio. Un “yo eso no lo firmo, si quieres hazlo tú” que quiso que fuera tan evidente que por eso hizo una delegación de dos horas: para poner a la oposición, a la prensa y a quien quiera saberlo, que ella no firmó esos documentos que el interventor considera incorrectos… aunque sí mira para otro lado mientras los firma su sustituto.

Lo que más me choca es que se les llena la boca habitualmente hablando de “los informes técnicos”, “la opinión de los técnicos”, “son los técnicos los que dicen”…, pero cuando les conviene, como en este caso, ignoran al técnico y pagan facturas con ilegalidades.

Así funcionamos en este Ayuntamiento. Así va Lugo.