Cuando pagar el doble por una obra o te manda a la cárcel o no supone consecuencia

España sigue siendo novata, casi cuarenta años después, en el tema de la democracia. Seguimos pendientes de los titulares de prensa, cada vez más amarillos, y pretendemos hacernos criterios objetivos buscando un punto medio entre tendencias que día a día se extreman más.

Conceptos como la “presunción de inocencia”, la “libertad de expresión”, la “voluntad popular” o la “responsabilidad política” son utilizados como armas arrojadizas, lejos de cualquier idea estable sobre los mismos. Hoy vemos cómo partidos que hace poco defendían una concepción de esos principios básicos, tan básicos que deberían estar al margen de ideologías, los utilizan contra el adversario como si le fuera la vida en ello, o las lentejas. Más adecuado lo segundo.

La ausencia de una base cultural con algo más de profundidad que un plato sopero, obliga a esa enorme porción ignorante de la ciudadanía a buscar referencias en fuentes supuestamente letradas. Sin embargo no se les ofrecen porque lo que se busca no es la creación de ciudadanos formados, preparados, críticos y ejercientes, sino de plebe manipulable por unos y otros. Tan borrego es el que defiende la absoluta pureza de un partido político como el PP, acosado por escándalos allá donde va, como el que sigue sin ver las contradicciones en la raíz del discurso de Podemos. No estoy hablando de “los que no piensan como yo son idiotas”, sino de “los que no piensan son idiotas”. Tengo un enorme respeto por personas que no piensan como yo pero que argumentan su opinión con una construcción lógica y plausible.

Este tipo de pensamiento plano lleva a no diferenciar matices, que son la sal de la vida. Por ejemplo, a cualquiera que le pregunte por la calle le dirá que le parece que si un presupuesto de una obra pública X se duplica misteriosamente hay alguien que tiene que ir a la cárcel. Podemos poner de ejemplo la reforma del antiguo hotel del Miño en la Nacional VI, futura sede de la UNED por designación del señor Besteiro en su ya parece que lejano mandato como Presidente de la Diputación.

Hotel del Miño desde el paseo.
Normalmente lo vemos del otro lado.

La fiscalía acaba de archivar una denuncia presentada por el Grupo Provincial del PP en que pide que se investigue por qué la obra en cuestión pasó de 959.864 euros a dos millones por arte de birlibirloque. Asegura el señor Breznes, fiscal jefe de Lugo, que no hay delito alguno y que el expediente justifica suficientemente el incremento del precio. En mi modesta opinión la explicación queda un poco coja, y sería lo propio que ese expediente pudiera ser consultado por cualquier ciudadano en una web, por ejemplo la de la Diputación.

Sin embargo, a pesar de no poder acceder al dosier, vamos a dar por buena la palabra del Fiscal, ya que no tenemos elementos de juicio para pensar lo contrario, y dar por sabido que tiene razón y que el incremento se debe a que la primera valoración fue hecha incorrectamente. Las dudas que nos asaltan son las siguientes: ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por el mero hecho de que no haya delito o no se haya podido demostrar ya tenemos que darnos por satisfechos? ¿No debería haber una penalización para la empresa o los técnicos que tuvieron tan mala puntería dando el precio inicial? ¿Soy el único al que le sorprende que la Diputación tenga capacidad de pagar el doble de lo presupuestado originalmente sin que ruede ninguna cabeza?

Insisto en que no hablo de cuestiones penales, que han quedado ya descartadas, sino “civiles”, políticas, administrativas. Lo malo es que en un país como esta España nuestra en que estamos acostumbrados a aeropuertos sin aviones, ciudades de la cultura que, literalmente, se caen en pedazos a pesar de la millonada de su coste, u obras faraónicas para mayor gloria de la administración de turno la noticia ya no es tal y vemos cómo se despilfarran millones mientras se prometen, eso sí, subidas de las pensiones de unos céntimos o unos euros y todo el mundo aplaude con las orejas.

Y luego nos quejamos.