Lo que hay tras la sentencia para nombrar jefe del servicio de Arquitectura

El servicio de arquitectura tendrá nueva jefa y contenta, lo que se dice contenta, con la forma de llegar al puesto no creo que esté. Foto: La Voz de Galicia

La sentencia que condena al Ayuntamiento de Lugo a retrotraer el proceso selectivo para cubrir la plaza de jefe de servicio de arquitectura y admitir a una aspirante a la que dejaron fuera del proceso tras un más que discutible informe del interventor municipal, la todopoderosa figura del equipo de la Alcaldesa, es de difícil encaje.

El trasfondo de esta sentencia es muchísimo más relevante que el del enésimo varapalo judicial a la política de personal municipal… bueno, a la política municipal en general, que casi acababan antes allanándose cada vez que les ponen un pleito porque aparentemente no dan una y pierden muchas más veces de las que ganan. Pero a lo que íbamos, la trastienda de la resolución judicial pone dos importantes temas sobre la mesa: por un lado que Miguel Couto tenía razón al dimitir cuando se trastocó artificialmente el proceso de elección de su nueva mano derecha, lo que le supuso una desautorización que hacía muy complicado continuar con su excelente labor (no se imaginan la de fuegos que apagó en Lugo) y por otro que nadie es infalible, incluyendo al interventor, al que la sentencia deja en muy mal lugar e incluso llega a decir que sus consideraciones son “supérfluas”.

La historia del nombramiento del nuevo jefe de Arquitectura, que por cierto renunció con lo que la recurrente, en la práctica, ya tiene la plaza en el bolsillo aunque el Gobierno Local afirme lo contrario (si sólo hay una aspirante es complicado dar la plaza a otro), es un sainete con informes del interventor cruzados e incluso contradictorios. Según explicaba ayer Antonio Ameijide, emitió uno el 5 de diciembre de 2020 y otro el día 20 del mismo mes diciendo cosas opuestas. En el primero era favorable a la incorporación de esta funcionaria al puesto y en el segundo la descarta porque se cuestionaba su currículum por haber ejercido a tiempo parcial. Un giro copernicano y altamente sospechoso que suena a “lo hemos estado pensando y mejor no te queremos aquí”. Quizá porque la aspirante no era de “la casa” y venía de ejercer un puesto similar en la Xunta de Galicia, y claro, meter al “enemigo” en las trincheras puede ser peligroso. Pues ahora ni les cuento.

La reacción no ha sido pedir una disculpa a la damnificada (si fuera un gobierno de otro color apuesto un brazo a que se hablaría del "sexismo" de impedir su nombramiento para poner a un hombre), ni muchísimo menos rectificar o que alguien dimita por haber metido la pata de una forma tan clamorosa. No, por Dios, el gabinete de prensa, lo único que realmente funciona bien en la casa, no consentiría tamaña acción de honor, porque con eso sólo se dan armas a la oposición. Mejor sacar pecho y decir tonterías como que la sentencia no supone cambios, aunque en la práctica implique que la aspirante sea la única que pueda acceder al puesto.

El gran varapalo se lo lleva el papel jugado por el interventor municipal, que ayer mismo salía con la Alcaldesa en las fotos de las notas de prensa como si tal cosa. Isabel Pantoja, con sus “dientes, que es lo que les jode”, creó escuela. Si les digo la verdad me escama bastante la función del interventor municipal de Lugo. Me suena a que es juez y parte del día a día del Ayuntamiento de Lugo y eso no es bueno. Se supone que los interventores son funcionarios de alto nivel cuya labor es fiscalizar y controlar la economía, las finanzas y la gestión presupuestaria del gobierno local. Que conviertan a esta persona en coordinadora, gestora o como le quieran llamar de un área tan crítica como urbanismo como mínimo chirría porque no tiene mucho sentido que quien toma decisiones políticas sobre temas tan críticos como esos también sea el garante de las cuentas municipales. Y más si cambia de criterio entre dos informes separados por quince días para eliminar a una persona de la carrera por un puesto de “su” área. Raro suena.

No se imagina uno a un juez haciendo de abogado defensor ni a un notario dando fe de la venta de su propia casa. Puede que algunas de esas cosas sean legales (si les soy sincero no tengo ni idea) pero desde luego no son ni éticas ni razonables.

El secretario municipal y el interventor son dos figuras de habilitación nacional, lo que quiere decir que no son ni siquiera funcionarios del Ayuntamiento sino del Estado. Esto se hace para intentar eliminar cualquier tipo de dependencia del gobierno al que debe controlar y supervisar y por lo tanto para que quede fuera de sospecha de parcialidad… algo que en Lugo no sucede porque por muy legal que pueda ser su doblete es más que discutible que quien ha de guardar las gallinas haga en la práctica de concejal de alto nivel, por encima de la mayoría de los elegidos en las urnas.

En fin, a ver cómo salimos de esto ahora, y uso la primera persona porque recuerden que todos los lucenses somos corresponsables solidarios y, lo que es peor, paganos de los muchos errores que cometen nuestros próceres. Pagaremos lo de caldear el agua del grifo de las bañeras colectivas, pagaremos el mareo de las bateas de río y los mejillones de agua dulce, pagaremos el Garañón (tanto el I como el II)… y pagaremos también las muchas sentencias que pierden por hacer las cosas como las hacen: mal.