 |
| El edificio del Garañón, un sainete que nos va a costar unos cuantos cientos de miles de euros pero, afortunadamente, parece que libramos por ahora de la multimillonaria indemnización que casi todos dábamos por sentada. Foto: La Voz de Galicia |
Los lucenses respiramos ayer con un suspiro de alivio tras la sentencia del contencioso-administrativo que nos libra de indemnizar al promotor con más de 15 millones de euros por el sainete del Garañón. El único nubarrón que en ese sentido queda en el horizonte es que la sentencia no es firme y que ante el probable recurso del damnificado cabe la posibilidad de que todavía tengamos que aflojar la pasta.
La reacción del mundo político, siempre ajeno a la realidad y sólo pendiente de las elecciones para las que falta un mes exacto, no se ha hecho esperar. Por parte de la oposición una felicitación que tiene un punto de insincera, ya que una sentencia en contra les daba hecha la campaña. Se atisba una posible sensación agridulce ya que el resultado es bueno para Lugo pero también para la alcaldesa, que recibe su primer balón de oxígeno en esta dura competición. Lógicamente, por parte del gobierno de Lara Méndez una exultante sensación de triunfo que tampoco se creen de todo, porque son conscientes de que esto puede ser una victoria temporal… aunque una vez pasado el 28 de mayo les importa un pimiento que nos carguen una indemnización. Que nadie se engañe, para los partidos políticos ahora mismo todo se circunscribe a las elecciones porque es su profesión.
¿Y qué piensa la ciudadanía? Pues vayan ustedes a saber, que no he hablado con todos, pero sí he percibido una sensación de sorpresa por la sentencia, a la que me uno. Ha sido tan asombroso el resultado que nos cuesta creer que sea cierto, porque chirría bastante que una persona que empieza a hacer un edificio avalado por un convenio firmado por el Ayuntamiento y una licencia concedida por éste no tenga derecho a ser indemnizado por la suspensión de dicha licencia por parte de los juzgados. Siendo cortoplacista es una alegría para la ciudad, pero también nos crea una sensación de inseguridad tremenda: ¿qué impide que mañana me cierren un negocio para el que tengo licencia porque el Ayuntamiento metió la pata al darla?
No he leído la sentencia, que hasta donde yo sé no está publicada, pero por lo que dice la prensa se basa en la prescripción de algunas reclamaciones (vamos, que hemos librado por los pelos) y en un razonamiento que me ha costado mucho seguir. De hecho sigo sin tenerlo claro, si les digo la verdad. Esperemos a tenerla en la mano para ver qué dice exactamente.
Cuando vi el titular me imaginé que la ausencia de indemnización se debía a que el promotor incumplió la licencia, ya que por lo visto la construcción no se adapta a la misma, y ese era un posible cauce de escapatoria para el Ayuntamiento, pero se ve que ahí no entra y que se reduce a hablar de los plazos de paralización y demás.
¿Esto quiere decir que hemos librado y que a Lugo no le va a costar nada todo este lío? Para nada. Como mínimo nos vamos a tener que gastar 600.000 euros de dinero público en demoler un edificio que jamás se debió construir y que, recordemos, es el resultado de un convenio firmado un 31 de diciembre, con el Ayuntamiento cerrado, y que avalaron el entonces alcalde, el señor Orozco, y el entonces concejal de urbanismo, el “resucitado” Gómez Besteiro. Ambos son inocentes de un delito penal, pero de ahí a que la gestión fuera acertada media un abismo, como demuestra que los juzgados anularon la licencia dada por ellos.
Lo del Garañón no terminará aquí, estoy seguro, aunque es posible que sí termine su andadura a efectos de estas elecciones, y podríamos decir que se aleja de ser un tema vital para decantar el voto de los lucenses, quizá porque todavía la mayoría no tiene muy claro qué pasó realmente con este asunto y qué consecuencias tiene para las arcas municipales. Si lo supieran, probablemente sí sería uno de esos llamados “temas de campaña”.
Por último, me gustaría hacer hincapié en un detalle que no ha pasado desapercibido, y es lo del “autoanónimo”, que es el nuevo mensaje de campaña que el PSOE pretende deslizar. Según ellos, Elena Candia no recibió ningún anónimo para denunciar a Besteiro, sino que lo preparó ella misma para ir a Fiscalía. Han pasado de acusarla de llevar un escrito sin firma a Fiscalía (lo que no sólo es lícito, sino que en mi opinión es legalmente obligatorio porque serán el fiscal y los jueces quienes determinen su validez, credibilidad y si hay indicios de delito como sí apreciaron en este caso) a preparar ella misma el anónimo, lo que me parece que es una calumnia a menos que lo puedan demostrar.
En un país con una legislación proteccionista, en que el principio básico es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es curioso que el propio PSOE, que exigía para Orozco y Besteiro la justa y razonable presunción de inocencia, se permita ahora el lujo de acusar a Elena Candia de lo que se les ocurre a ellos para poder justificar el lío judicial del que han escapado por los pelos. Así no se debería jugar a esto, pero los nervios están a flor de piel porque parece evidente que las elecciones se decantarán por un puñado de votos.
