La Amnistía

Encabezado de la Constitución Española una vez "blanquedo"
(originalmente tenía el escudo franquista)

 

Aunque este blog es principalmente sobre Lugo y trato temas locales, el tema de la famosa amnistía ha tomado tal consideración que no me resisto a dar mi modesta opinión sobre el asunto, a pesar de que hay muchísimas personas mucho más preparadas que yo que pueden dar su parecer, pero oigan, me apetece tratar el tema y el que no quiera leer no tiene por qué hacerlo.

Vamos por partes. Creo que aquí hay tres aspectos a matizar: el legal, el ético y el político.

El aspecto legal:

Creo que leyendo el artículo 62.i) no queda demasiada duda de la inconstitucionalidad de una amnistía. Dice ese punto que corresponde al Rey "i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales." No deja, a mi parecer, demasiado margen de maniobra.

En ese caso, ¿cómo se pudieron hacer tres llamadas "amnistías fiscales", dos de ellas durante los mandatos de Felipe González y la tercera durante el de Mariano Rajoy? Porque no eran verdaderas amnistías, sino regularizaciones que aunque pueda parecer similar, no es lo mismo. Se trató de regularización de ingresos no declarados a Hacienda, pero hay que recordar que el Constitucional anuló esta medida (al menos cuando la aprobó Montoro) porque entendía que se estaba legitimando el fraude.

En el caso actual, de lo que hablamos aquí es de un derecho de gracia, de un perdón en toda regla que contradirá varias sentencias de tribunales de justicia, y no se lleva a cabo por cuestiones humanitarias como la enfermedad terminal de un preso, sino por mero interés particular.

El aspecto ético:

Tampoco comparto el aspecto ético del asunto. Miren, si pensara que Pedro Sánchez cree realmente que es lo mejor para la convivencia en nuestro país, que se sanarían heridas y sería una especie de "borrón y cuenta nueva" que calmase los ánimos y fuera un bálsamo contra las tensiones hasta lo podría comprender. No estaría de acuerdo pero sería una postura defendible.

Pero no es el caso. Sánchez, su partido y su gobierno clamaron contra la amnistía, que consideraron reiteradamente inconstitucionalidad y que jamás se aprobaría... y ahora son ellos mismos los que registran la ley que previsiblemente la va a materializar, y todo porque se quieren mantener en los sillones a toda costa aunque sea diciendo digo donde dijeron, clamaron, escribieron y reiteraron Diego.

El aspecto político:

Aunque los dos anteriores son terribles, este es el peor. El mensaje que se está dando a gobiernos autonómicos, partidos políticos y ciudadanos es demoledor: haz lo que te venga en gana, malversa, vete contra los jueces, la Constitución, el Estado y la convivencia común porque mientras tengas los votos necesarios no sólo no va a pasar nada sino que encima serás recompensado.

El futuro que se augura con la aplicación de este principio, que siempre estuvo presente pero no con tanto descaro ni con tanta impunidad, es el de la ley de la selva, la del más fuerte. Aquí quien manda no es quien aplique unos sólidos principios sino quien vende lo que haga falta por agarrarse al sillón.

¿Qué le impide ahora a cualquiera hacer lo que quiera si tiene los votos suficientes? ¿Es la perversión de la democracia? Yo creo que sí, porque además Sánchez obtuvo sus votos con un discurso totalmente contrario a lo que hizo después. Vale que sus votantes ya estaban avisados con sus "cambios de opinión" respecto a Podemos y demás, pero creo sinceramente que esto no se lo esperaban y que su postura era "eso no lo hará, todo tiene un límite". Pues no, no lo tiene.

No creo que se rompa España, pero sí que se le está haciendo un daño terrible al conjunto premiando al incumplidor, al que malgasta, al que genera deuda a lo loco y, por la contra, se castiga a los que han sido prudentes y han intentado contener el gasto para tener unas cuentas más o menos saneadas (dentro de la espiral de deuda pública en que estamos metidos).

¿Cuánto va a durar esto? Vayan ustedes a saber.

Creo que debería pedirse un referéndum sobre esa amnistía y que España en su conjunto vote.

La grave falta de respeto institucional de la Subdelegación del Gobierno en Lugo

Foto de familia de los invitados

Que estamos en pandemia lo sabemos todos. Que hay que reducir en la medida de lo posible los actos multitudinarios, y más aún cuando se trata de eventos promovidos por la administración (por aquello de esa ejemplaridad intermitente que tienen), es también algo evidente… Pero es llamativo cómo se deciden algunas cuestiones y los criterios empleados.

El pasado día 6 de diciembre se celebró en la Subdelegación del Gobierno el habitual acto de conmemoración de la Constitución Española. Es un evento al que suelen invitar a bastante gente, incluido yo mismo (al menos hasta la publicación de este artículo), aunque este año recibimos un email en que se nos informaba que por la situación sanitaria se optaba por reducir los invitados al mínimo indispensable.

Me pareció muy acertado por parte de la Subdelegada evitar aglomeraciones y pocos minutos más tarde de recibir el correo les respondí dándoles mi enhorabuena: “han sido lo bastante responsables como para no convocar un acto público en estas circunstancias por lo que me gustaría felicitarles con toda sinceridad”.

Lo que debió quedar ahí, como un acto de coherencia, se fue al garete cuando vimos que no se invitaba a los diputados nacionales ni a los senadores. No deja de ser curioso que el breve listado no contuviera a los representantes de la soberanía nacional por la provincia de Lugo, a quienes son los depositarios de la voluntad del Estado cuya norma principal se celebra.

Estaba, eso sí, el Presidente de la Confederación Hidrográfica por motivos que desconozco, además de otras autoridades cuya presencia es más que razonable, aunque protocolariamente van muy por debajo de los Diputados y Senadores nacionales.

El salón de eventos de la Subdelegación es pequeño… pero tampoco tanto. Vemos a diario fotos de eventos públicos en que hay bastante más gente que la que se reunió ese día, y creo que cuatro diputados y cuatro senadores (además no creo que asistieran todos) no iban a marcar una diferencia radical.

Aunque tiene fama de ser un encorsetamiento artificial, el protocolo solventa muchísimos más problemas de los que crea… siempre que se aplique correctamente. Dejar fuera de un acto de celebración de la Constitución a quienes tienen en sus manos su mantenimiento y reforma es, como mínimo, un error institucional de bulto.

Pasó desapercibido, salvo por algún recorte de prensa, pero no creo que sea un tema tan menor como pueda parecer. Es una falta de respeto institucional.

Monarquía o República II: Las funciones del Rey y del Presidente

Interesante resumen que he encontrado en https://www.opoesquemas.es/funcionesrey/

Para hablar de sistemas políticos republicanos y monárquicos hemos de entender que dentro de cada uno de ellos hay diferentes tipos. Por ejemplo, no es lo mismo una monarquía absoluta que una parlamentaria, ni un sistema republicano presidencial de uno parlamentario (se repite el término, qué quieren que le haga yo).

Las funciones del Presidente de República:

Dependen del tipo de República. Las hay presidencialistas, en que se elige al Jefe del Estado en elecciones directas (el caso de Estados Unidos es el más obvio, pero también funcionaba así la República de Weimar, que desembocó en el nazismo, para poner otro caso extremo) y habitualmente éste ejerce el poder directamente o designa a un Primer Ministro que se encargue del poder Ejecutivo. También pueden ser Parlamentarias, donde se vota a los diputados del Congreso y ellos eligen al Presidente de la República. Esto último es muy parecido a lo que tenemos en España solo que a quién eligen aquí es al Presidente del Gobierno.

Dependiendo de esto las funciones varían enormemente. Por ejemplo en el caso de Estados Unidos el Presidente tiene un poder tremendo al ser jefe de Estado y de Gobierno al mismo tiempo. Puede incluso vetar cualquier ley que apruebe el Congreso y, aunque es un mito que pueda declarar la guerra (eso lo hace el Congreso) sí es cierto que comanda las fuerzas armadas y es quien lleva el peso de la contienda. No puede presentar leyes directamente (en España el Gobierno sí lo hace y de hecho su tramitación es más sencilla) pero sí suelen “encargar” a alguien del partido que lo hagan e influir para que se aprueben.

Un caso distinto es si el Presidente de una República no es al mismo tiempo jefe de Estado y de Gobierno, como en Francia. Allí el Presidente se elige en las urnas y él nombra al Primer Ministro, que puede ser cesado por la Asamblea (el Congreso en Francia). Esto es crea situaciones curiosas, como en los casos en que el Presidente es de un partido y la mayoría de la Asamblea de otro, y en esos momentos suelen ir con más cuidado, lo que no suena necesariamente mal. En este sistema el Jefe de Estado (el Presidente) suele ser más bien el responsable de las relaciones exteriores, pero también tiene poderes importantes como ser jefe del Ejército, puede convocar referédums, incluso puede disolver la Asamblea y provocar elecciones… Es un sistema más complejo pero en mi opinión más garantista que el de Estados Unidos.

Las funciones del Rey:

Aquí pasa lo mismo según hablemos de un tipo u otro de monarquía. En una monarquía absoluta el Rey ejerce todos los poderes: legisla, juzga y también es el poder ejecutivo. El Gobierno depende de su voluntad y a él se supone que lo ha designado Dios, así que es complicado rebatirle nada. Evidentemente hoy día es poco frecuente defender este tipo de gobierno, pero ya saben que hay gente para todo.

En la monarquía parlamentaria, que es el sistema que tenemos en España, hay un Rey que representa la unidad del Estado, pero realmente no tiene funciones propias. Depende enteramente de lo que le marquen el Gobierno y el Congreso de los Diputados (el Senado aquí ni pincha ni corta) y se reduce a funciones meramente simbólicas como la apertura de la sesión de las Cortes y esas cosas.

Es cierto que sanciona las leyes (es decir, las firma) pero la Constitución no le deja opción a no hacerlo. Es decir, que se dice que el Rey “sancionará las leyes”, no que “podrá sancionar las leyes”, es una obligación, no una elección.

Entonces, si el Rey está de adorno, ¿para qué sirve? Pues para nada, realmente (nunca mejor dicho). Es simplemente una figura, un símbolo, la personificación de la unidad del Estado y de la permanencia de España más allá de las luchas políticas y las veleidades de cada momento. Tampoco nos sirven para nada la Bandera o el Himno, y ahí están.

Hay una función del Rey que se basa en el ejercicio de la autoridad: el “arbitraje” entre las instituciones del Estado. Se entiende como en los sistemas clásicos que diferenciaban “autóritas” de “potestas”, es decir, la Autoridad del que habla con mesura, con juicio y con “sentidiño” frente a quien ejerce el verdadero Poder, que en teoría es el Congreso de los Diputados pero en la práctica, en España, son los partidos políticos.

En definitiva, podríamos resumir que el Rey, a día de hoy, no tiene funciones “prácticas” relevantes y simplemente es un mero ejecutor de lo que le mandan el Gobierno y el Congreso de los Diputados… pero con una autoridad importante, como es lógico.

Mañana hablaremos del coste de cada sistema.

"Por imperativo legal"

Cuando un cargo público accede a la poltrona, ya sea de concejal, diputado o cualquiera de las escalas que tenemos en nuestras muchas administraciones, ha de prometer o jurar cumplir el ordenamiento jurídico y fidelidad a la Constitución.

Pero hete aquí que llegaron los nacionalistas y se pusieron tontitos con lo de jurar la Constitución, ese documento que les permite decir lo que piensan allá donde les apetezca, y les garantiza que nadie les va a meter en chirona por montar sus espectáculos, así que se sacaron de la manga una coletilla: “por imperativo legal”. Es decir, que juro o prometo, pero porque no me queda otra, una fórmula que el PSOE quiso impedir, con gran criterio, pero que el Tribunal Constitucional consideró válida por asombroso que pueda parecer. Verán la ironía de que quienes no creen en la Constitución la utilicen pidiendo amparo al TC para llevar la suya por encima. Y encima lo consiguen.

Los nacionalistas locales también se agarran habitualmente a esa Constitución que dicen no aceptar para denunciar la invalidez de actuaciones o normas, aunque a la hora de decir públicamente que sí, que vale, que nos parece bien, monten este circo para llamar la atención para sus "groupies".

Lo que es la ignorancia...

El Ayuntamiento de Igualada, en Barcelona, ha dado un paso más y como no le quedó más remedio que poner la bandera de España junto a las demás, y encima en lugar preferente, tuvo la ocurrencia de añadir una pancarta a su lado en que dice que ponerla la ponen, pero que por “imposición” del gobierno central y en cumplimiento de una sentencia judicial.

Lo que es la ignorancia. Es triste que quienes llevan las riendas de una administración sepan tan poquito de derecho. Lo primero que habría que explicarles es que el Gobierno no impone nada, porque no es quién para tal cosa, sino que lo que les ha hecho tragarse el sapo es una sentencia de un juzgado que aplica una ley, aprobada por las Cortes Generales (Congreso y Senado) y no por el Gobierno. A ver si nos vamos enterando.

Lo que me pasma es que esto se acepte como normal. Prueben ustedes a decir el día de su boda que “sí aceptan” pero “por imperativo legal”, ya verán qué divertido y lo rápido que se acaba el convite. O cuando les pregunte el notario si aceptan las condiciones de una hipoteca. Se llaman vicios del consentimiento, ya que estás diciendo claramente que no estás de acuerdo aunque digas que sí, y no se trata de una “reserva mental” sino que lo pones negro sobre blanco, con todo el descaro.

Pero lo aceptamos, porque somos así de chulis y de progres. Que la norma suprema de nuestro ordenamiento sea acatada a regañadientes es una cosa, pero que se jure en falso es otra, y eso es lo que pasa aquí sin sonrojo alguno. En Gran Bretaña, por ejemplo, el Sinn Féin es mucho más consecuente que nuestros aprendices de revolucionarios. Por no querer jurar lealtad a Isabel II perdieron sus escaños en repetidas ocasiones, y eso es lo que se llama coherencia. Con un par. Aquí no puede pasar tal cosa que los principios son muy importantes pero la pela es la pela.

Lo más gracioso es que la Constitución lo abarca todo, porque prevé su propia reforma. Puedes jurar nuestra Ley fundamental sin creer en la monarquía, en las comunidades autónomas, o en la división de poderes, porque el propio documento dice cómo tiene que ser modificado, así que no es necesario que te lo tomes al pie de la letra en las partes que no te gustan porque se pueden cambiar. Cuando juras la Constitución juras unos principios, unas normas que se pueden modificar, un espíritu y un modelo. De la misma forma cuando juras bandera estás comprometiéndote con España, y no con las ingentes cantidades de chorizos que la manejan.

Por poner un ejemplo que hastas los nacionalistas puedan entender, su compromiso con Galicia se podría interpretar como un apoyo a Feijoo siguiendo su deficiente lógica. Pues no, señores míos, no es lo mismo. Una cosa es el fondo y otro la circunstancia. Ni imperativo legal ni rabo de gaita.

Probablemente sea mucho pedir que cierta gente llegue hasta ahí, pero por intentarlo que no quede.

¿De verdad es inconstitucional la consulta en Cataluña? ¿Seguro?

Esta mañana (ayer cuando ustedes lean esto) mi amigo Pablo González planteaba una pregunta en el Facebook en los siguientes términos: “Me gustaría saber vuestra opinión de qué puede pasar cuando el Tribunal Constitucional declare ilegal el referéndum del señor Mas. ¿Qué opciones hay, qué respuestas se darán? Por favor mojaros. Me interesan todas las opiniones.” También plantea que se debería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que dice lo siguiente:

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Me vas a permitir, Pablo, que no conteste a lo que habría que hacer si se declara ilegal la consulta, ya que me voy a centrar en poner en entredicho ese punto de inicio a tu tesis. Todo el mundo está dando por sentado que el Constitucional tumbará a Mas, pero ¿y si esto no es así?

El problema con el tema de Cataluña es doble. Por un lado jurídico y por otro social. En el social no voy a entrar, a pesar de que creo que es el que hay que abrir a un debate global. Curiosamente me parece que pasa por una reflexión personal que cada catalán ha de hacer sobre si realmente cree que España es una entidad ajena a sus personas e intereses.

Vamos a entrar en lo que se refiere a la cuestión jurídica, que es la que creo que a corto plazo es relevante. Como el tema tiene su enjundia lo voy a llevar por partes a ver si así me explico mejor.

1.- ¿Qué dice la Constitución?

El artículo 149.1.32 establece que es competencia exclusiva del Estado la autorización de consultas populares por vía de referéndum. Esto parece aclararlo todo, pero hay que tomarse el 149 con la debida cautela, porque es uno de los más vapuleados de nuestro sistema constitucional.

Aunque hable de “exclusividad”, los diferentes estatutos de autonomía han supuesto una auténtica cesión competencial en diversos campos, como la administración de justicia, las relaciones internacionales, lo relativo a hacienda y deuda del Estado y, por supuesto, los derechos y deberes de los ciudadanos, que por mucho que nos cuenten no son los mismos en Lugo que en Madrid o Bilbao.

2.- El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2010:

Gracias al amigo Zapatero, que animó descaradamente a los gobiernos nacionalistas a presentar lo que se les pasara por la cabeza en la reforma del Estatuto, nos encontramos con un texto largo y farragoso que está pensado para cogerlo por donde les interese, y redactado con miras a la situación actual. Este escenario lleva muchos años de gestación.

Dice su artículo 122, titulado precisamente “Consultas populares”:

Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución.

Lo primero que llama la atención es la barbaridad de que sea la Generalitat, es decir, el poder ejecutivo, el que establece el régimen jurídico de las consultas. No se atribuye al Parlamento Catalán, que sería lo suyo, sino que es una cesión legislativa o normativa a un gobierno.

Lo segundo es que si se fijan este artículo habla de “consulta”, que es el nombre con el que desde el principio y con gran habilidad, han denominado Mas y sus colegas a este referéndum. ¿Casualidad? No lo creo. No dan puntada sin hilo.

3.- La constitucionalidad del Estatuto:

El Estatuto de Autonomía fue recurrido también en este artículo pero el Constitucional lo dejó tal cual, sin tocar. La sentencia 31/2010 de 18 de junio, hace una interpretación y habla de que un referéndum es “un tipo de consulta”, lo que abre la puerta a que haya más tipos no incluidos en la referencia constitucional.

Una consulta sólo se considera referéndum cuando cumple unas características: Es aquella “cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC 119/1995, de 17 de julio).” (STC 103/2008, FJ 2).”

Esto quiere decir que sí hay consultas que, con la Constitución en la mano, puede crear, regular y ejecutar la Generalitat. 

4.- Conclusiones:

Visto todo lo anterior, no tengo tan claro que la consulta que propone Mas sea inconstitucional. Todo depende de cómo la plantee. Si es listo, que lo es, puede sortear el escollo constitucional con cierta facilidad, por ejemplo convocando la “consulta” sin usar la administración electoral.

Como dijo el gran Albus Dumbledore (déjenme meter esta referencia al genial personaje de Harry Potter para quitar hierro al asunto) “las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo”.

¿Y entonces qué? Pues que se abrirá más aún la fractura social que se está creando de forma irresponsable en Cataluña y a la que se ha dado alas por visiones cortoplacistas y electorales. La visión de Estado está nublada por la inmediatez de unas y otras elecciones, que han condicionado a algunos de los que tendrían que velar por la unidad de España, tachando de fachas a los que se preocupan por el futuro de este país.

La monarquía en el Sálvame Deluxe

La infanta ha sido imputada. No fue sin tiempo la cosa. Por mucho menos metieron en los juzgados a otras personas, eso sí, de menos alcurnia. Si a al exmujer del exalcalde de Marbella (cuánto “ex”) la liaron por ver a su señor esposo entrar con bolsas de basura llenas de billetes sin extrañarse, lo mismo de debe de pasar a Doña Cristina de Borbón, por muy de Borbón que sea. 

Ahora la cuestión es la siguiente: si hay condena de por medio y declaran culpable a la hija del Rey, ¿se desestabiliza – aún más – a la monarquía? Parece que la respuesta obvia es que sí, sobre todo porque las cosas parecen apuntar a que la Casa Real sabía por dónde iban los tiros y en lugar de cortar de raíz el tema se limitaron a decirle a Urdangarín que “dejara los negocios”. No debería funcionar así el tema, porque para evitar un pequeño problema han creado uno de dimensiones aún por averiguar. 

Si un alcalde roba, nadie cuestiona que el Ayuntamiento ha de continuar con otro alcalde. Si un Presidente hace lo propio, sucede igual. Si la Familia Real no responde la solución no tiene por qué ser, necesariamente, la República, sino quizás la cesión de la corona a alguien que no esté manchado por todos estos temas. ¿El Príncipe de Asturias? Quizás. 

La monarquía no puede ser un capricho pasajero, sino una decisión meditada, ya sea a favor o en contra. Todos esos discursos que hablan del coste económico de la Corona parten de un supuesto absurdo, que es decir que España tendrá Rey o Presidente de la República según nos salga más barata una cosa que la otra. Curiosamente la monarquía es más barata que la república aunque sólo sea por el extraordinario coste que tienen las campañas electorales y la organización de elecciones en sí mismas, así que el argumento, además de hueco, es absurdo incluso en la forma. 

Personalmente he tenido siempre simpatía por la figura de la monarquía pero siempre y cuando ésta responda a su papel, cosa que parece que no está pasando en España. El Rey ha de ser un elemento de estabilidad, de cohesión, que esté por encima del juego político y que agradezca sus muchos privilegios (contra los que no estoy) con una actitud y un respeto que parece que no se está teniendo en este momento. 

Ya no se trata sólo de pegar tiros a elefantes, cosa que no ayuda lo más mínimo a que nos caiga simpático el monarca, sino de que si detecta la más mínima sombra de delito en miembros de la Casa Real no sólo los ataje sino que, de persistir, sea el primero en poner la pertinente denuncia, porque primero va España y la Corona, y luego la familia, por duro que sea. En el cargo le va aceptar esto. 

En Inglaterra la monarquía peligró por los eternos cuernos que llevaba Diana de Gales, que cumplió con su muerte el último requisito necesario para elevarse a los altares del imaginario colectivo y convertirse para siempre en Santa Di. Ni la reina ni nadie de su familia hicieron nada ilegal y aún así se consideró uno de los peores escándalos de su largo, larguísimo reinado. Su “annus horribilis” incluyó la muerte de Diana de Gales, el escándalo de los támpax de Carlos de Inglaterra y el incendio del castillo de Windsor. Ni comisiones, ni contratos, ni enchufes, ni fundaciones, ni sueldos basura… todo transparente como el cristal. Y la monarquía tembló. 

Pero “Spain is different”, aquí somos de blanco o negro. Si se pasaron décadas sin mencionar la posibilidad remota de que los cuernos de doña Sofía superasen con mucho a los de Lady Di, ahora se ha pasado al otro lado y a perro flaco todo son pulgas. 

Pues ni tanto ni tan calvo. Si hay que abrir un debate sobre la Monarquía como forma del Estado, que se abra. Y ya de paso podemos hacer tábula rasa y, como he dicho aquí alguna vez, no sólo modificar la Constitución sino escribir una nueva y revisar unas cuantas cosillas como la organización del Estado, las instituciones, las competencias y todas esas cosas que tantos problemas crean y tan pocos resuelven. 

¿Quieren debatir sobre el modelo de Estado (otra vez)? Pues vale, pero que sea en un foro más serio que el Sálvame Deluxe o La Noria. Si queremos modificar el esquema que sea porque tenemos motivos lógicos para ello, y no abramos este melón porque el Rey tiene una “amiga íntima” (que es como se llama a una presunta querida en la prensa para no meterse en excesivos líos) o porque el yerno metió mano a la caja, o la hija, o incluso el propio Rey si fuera el caso. Eso son personas, situaciones puntuales, no un modelo de Estado. Seamos serios, aunque sea por una vez.

La percepción de la justicia

Si vale para un presunto mafioso chino vale para un (autodeclarado) corrupto local. Me refiero a las razones que lograron la excarcelación de nuestro ex edil Liñares, que anda libremente por la calle gracias a que el juzgado metió la pata y prorrogó su detención de forma irregular más allá de las 72 horas marcadas por la Constitución. 

Dice el artículo 17.2 de la Constitución que “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”. En este artículo se basaron tanto los abogados de la presunta red mafiosa china de Gao Ping como los del ex concejal lucense, y ante la Constitución no hay más que decir que “sí, padre”. 

Lógicamente la ciudadanía está preocupada. Ese rollo de que cuanto más trinques más fácil es que evites la cárcel porque te puedes pagar mejores abogados al final va a ser verdad y todo. Si un desgraciado roba un trozo de pan para alimentar a su sobrino moribundo (el domingo fui a ver “Los Miserables”, ¿se nota?) probablemente lo condenen a 5 años de trabajos forzados (nadie se asuste, esto también es de la novela/musical/película), pero si echa el guante a unos cuantos milloncejos de euros de los fondos públicos como mucho le caerán unos pocos años y con la gran ventaja de no tener que devolver ni un céntimo. 

Lo más triste es que si crees en la justicia no tienes más remedio que apoyar estas cosas. No lo de que suelten al que trinca los millones, sino que los tecnicismos se respeten. Hay dos principios básicos en derecho que son la presunción de inocencia (eso de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, válido en un juzgado pero muy poco habitual en tertulias y comentarios de bar) y otro menos conocido que se denomina “in dubio pro reo”, que quiere decir que ante la duda hay que utilizar la opción más beneficiosa para el acusado. 

Esto, que parece diseñado para que “los políticos” no paguen sus delitos (es lo que se suele oír) es válido para todo el mundo, no sólo para ellos, y es básico para garantizar que la justicia no condene inocentes. En teoría cuanto más garantista sea el sistema más difícil es que una persona no culpable acabe condenada por un delito aunque “tenga pinta de culpable”. Incluso así se dan casos de errores judiciales (que le pregunten a Dolores Wanninkhof) que son lo más grave que puede pasar en un Estado de Derecho. 

Evidentemente esas garantías no son incompatibles con la dureza de las normas, cosa que aqúi no pasa. Que a una persona no se le meta en la cárcel por un robo de poca entidad tiene lógica, pero si repite ese robo 50 veces parece de sentido común que se vayan acumulando unos con otros. No es lo mismo robar 20 euros de una vez que 10.000 en 500 pequeños robos. 

Hay una sensación de cachondeo generalizado, de falta de lógica en nuestro sistema judicial, de maraña legal que sólo se puede desenredar tras el pago de generosas minutas a quienes la conocen en profundidad que lo que dan es un resultado muy poco apetecible en una democracia: que la justicia no es tal. 

Desde Montesquieu la división de poderes se asienta en tres patas: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Teóricamente cada uno de los poderes puede “controlar” hasta cierto punto a los otros dos, y se entiende que hay independencia entre ellos. En España hay muy poca gente que distinga entre el poder ejecutivo y el legislativo (empezando por quienes ocupan los cargos, que no acaban de pillarle el tranquillo a esa diferencia), y el único que parece un poco diferenciado es el judicial, y eso con matices. 

Si desconfiamos del poder judicial, si perdemos la fe en la justicia, estamos aviados, y por ahí parece que van los tiros. Tal vez habría que darle una vuelta a todo el procedimiento que actualmente está en vigor, pero jamás se podrán eliminar ciertas garantías como las que han soltado a Gao Ping o a Liñares. El principio básico de que es mejor soltar a 100 culpables que condenar a un inocente sigue siendo válido, porque el Estado puede ser generoso hasta la estupidez con el que se equivoca, pero no puede ser verdugo de un inocente bajo ningún concepto.

De enchufes y escopetas

Hace aproximadamente cuarenta años un enchufe provocó un incendio en el piso donde vivían mis abuelos. Salieron de allí todos sin daño alguno de milagro, pero se perdieron fotos, recuerdos y se dañó la vivienda. Aún hoy aparecen de vez en cuando algunas fotos medio quemadas. Desde ese momento creo que casi todos en la familia le cogimos un poco de cosa a la electricidad, incluso los que no habíamos nacido, y le tenemos bastante respeto al tema de los incendios. Historias de ese tipo creo que las hay en todas partes: familias a las que les dan miedo los barcos porque el tío Fernando se ahogó cuando era pequeño, los aviones porque los vecinos se mataron en un accidente, o los coches porque salieron vivos de milagro pero el susto no se lo quita nadie. Menos los Borbones.

Ahora se sabe más porque parece que se va perdiendo el miedo a hablar de la Casa Real, pero aún muchos españoles ignoran que cuando el Rey tenía 18 años (vamos, ya era mayorcito) “jugando” se le disparó accidentalmente una pistola y murió su hermano menor Alfonso. Dicen que el Rey quedó traumatizado, pero parece que no demasiado vista su afición a liarse a tiros por ahí cargándose preciosos animales que no hace falta ser miembro de Greenpeace para admirar.

Tampoco la familia parece muy afectada por el accidente, porque ahí, por lo que sabemos, se van de caza muy jovencitos y se pasan los cartuchos de padre a hijo con una facilidad pasmosa. Tengo que reconocer que la caza no está entre mis aficiones, pero que como todos los críos de pequeño tenía una atracción natural hacia las armas de fuego. De hecho recuerdo haber pegado un par de tiros con mi padre y no creo que tuviera los 13 años de Froilán sino que probablemente sería más pequeño. No voy a entrar en lo de si Maricharlar tiene que ser juzgado (si violó la ley, claro que sí, pero tiene guasa que mientras tanto su concuñado Urdangarín esté por la calle tan pancho), pero en cualquier caso es llamativo que un crío de 13 años ande con armas de fuego, y se lo dice quien lo ha hecho. La ley dice 14 años, que tampoco son muchos.

El Rey ha perdido más popularidad con lo de irse a matar elefantes a 37.000 euros la pieza que con lo de Urdangarín, y no es que esto último le hiciera un gran favor, obviamente. Que nuestro monarca esquíe nos parece bien a todos, y probablemente lo hagan gastando el mismo dinero o más que cargándose elefantes, pero como que nos parece un poco diferente. La cuestión ya no es sólo el despilfarro, que también, o que salga de cacería mientras este país está debatiendo dónde recortar la sanidad y la educación haciendo el menor daño posible. Es la falta de sensibilidad de un Rey que disfruta matando animales tan impresionantes como un elefante o un guepardo.

Ya no se trata sólo de ecología, que probablemente también, o de economía, que seguro que sí. Esos 37.000 euros eran míos y de ustedes y yo personalmente los preferiría gastar en otra cosa. La cuestión es qué clase de imagen pretende dar una persona que disfruta encañonando y disparando a bichos que el resto de los mortales para por ver en un zoo o en un circo. Sólo le falta ponerse a apalear focas en el polo y remata la jugada. Le recuerdo que usted presuntamente representa a todos los españoles, y no sé cuántos seríamos capaces de hacer esa barbaridad.

Llevan una temporadita fina. Mira que ponían verde a los duques de Lugo por la separación y esos temas, y al final van a ser los que menos dan que hablar. Ahora es cuando los republicanos van a aprovechar para meter la  cuña contra la institución de la monarquía, lo cual, perdonen que les diga, es una imbecilidad.

No me parece una imbecilidad criticar la institución de la monarquía, su papel, su oportunidad o lo que quieran, es un debate perfectamente lícito y debería estar sobre la mesa igual que muchos otros como el de las autonomías, que Esperanza Aguirre intentó abrir pero que se apresuraron todos los partidos a meter debajo de una alfombra. Aún estoy pensando si no le habrán roto la cadera al Rey para cambiar de tema.

Lo que me parece una idiotez es criticar la institución por el buen o mal papel que haga su inquilino. Es como si en Santiago se plantean derogar el Ayuntamiento porque Conde Roa se vea obligado a dimitir por el lío que tiene con Hacienda, o como si en Andalucía disuelven la Junta por los EREs fraudulentos, o como si nos cargamos las diputaciones porque suelen ser un nido de chorizos. Una cosa es que una persona meta la pata, o sea un delincuente, y otra que haya que liquidar a la institución en sí.

Esto es, teóricamente, una democracia, así que se puede plantear cualquier cosa. Lo malo es cuando nos las planteamos porque en el ¡Hola! Letizia sale con el “déjame terminar” o el Rey se cae disparando a un pobre elefante. Esa no es la cuestión, no es el fondo del asunto (saludos a Ángel), es una mera anécdota. Claro que en este país de pandereta se tira más del detalle que del conjunto, así que no me extrañaría que además de 37.000 euros (que hemos pagado nosotros) ese elefante le costara a los borbones una corona. A saber.

Siempre nos queda la Esperanza

Ya lo dijo Hamlet: "¡Cuánto pesa esta corona!". Gobernar no es fácil sobre todo en tiempos tormentosos de vacas flacas como los que vivimos. Todos dicen tener la varita mágica, o incluso las recetas que, en ausencia de poderes místicos, nos sacarán del pozo. Unos han intentado ponerlas en práctica llevándonos a lo más hondo del abismo, a un paso de la desintegración económica de este país, y otros parece que llevan gobernando años en vez de meses y acusan un desgaste tremendo recibido de una prensa que siente poca simpatía hacia los recortes porque, a fin de cuentas, son empresas que han de dar resultados.

Y en medio de todo este barullo, surge una voz. La de Esperanza Aguirre. Dice lo que ha dicho siempre, sólo que ahora se le presta más atención. Matizo, no siempre ha dicho que haya que devolver competencias al Estado o desconcentrar en los Municipios (quien la acuse de centralista debería reparar en esto último, importante, fundamental, en una descentralización administrativa que se ha estancado en esos agujeros negros competenciales llamados Autonomías), siempre ha dicho lo que piensa, que ya es digno de mención en estos tiempos.

Aquí hay dos aspectos en la cuestión que considero importantes. El primero es el práctico, y el segundo el ideológico. No siempre ambas cosas van de la mano. La Constitución Española se redactó claramente pensando, por presión de los nacionalistas, en Cataluña, País Vasco y Galicia como autonomías históricas, que serían tres islas en medio de una España más o menos centralizada. Lo que no se esperaba nadie es que toda España se conformara con un mapa autonómico absoluto con aquel “café para todos” que nos tiene cada vez más insomnes.

Ese mapa político se tradujo en administrativo, con una huída hacia adelante en que todos los partidos fueron partícipes en tiempos de bonanza, adelgazando la Administración Central en favor de las Autonomías con al excusa de que son “más cercanas”. De ahí vienen los Gaiás, los aeropuertos fantasma, los EREs de Andalucía, los escándalos de Baleares, los tropecientosmil altos cargos, los 17 parlamentos, las desigualdades en cobertura sanitaria de uno a otro punto del país, las diferentes tributaciones dependiendo de dónde se resida… No me entiendan mal, ya sé que también hay corrupción en el Estado central, sólo que cuantos más chiringuitos, más grande es la pandilla, y más difícil es controlarlos.

Se han superpuesto capas y más capas de burocracia y papeleo, que salen carísimas. Y además suponen un berenjenal competencial de difícil comprensión. Uno nunca sabe a dónde tiene que ir a presentar el maldito papel para hacer cualquier tontería que necesite el omnipresente visto bueno de la administración, principalmente porque todas quieren su cuota de poder y te obligan a peregrinar de ventanilla en ventanilla coleccionando sellos como un idiota para cambiar los azulejos del cuarto de baño.

Como les decía, esto es un tema de praxis, pero también de ideología. A Aguirre la van a acusar de fascista unitaria, sin tener en cuenta que no ha dicho que se recentralice, ha dicho que se retomen desde el Estado las competencias que, por lógica, han de ser unitarias en un país y que se derive a los Ayuntamientos todo lo demás que se pueda. Más descentralizador, imposible. Curiosamente es lo que llevo diciendo yo en este blog desde que lo empecé, y no porque tome café con Esperanza Aguirre los martes (la verdad, me gustaría, me parece una persona interesante como pocas, hasta lo tomaría los miércoles si a ella le viene mejor).

Me imagino que saldrán ahora todos los califas a poner el grito en el cielo, encabezados por lo políticamente correcto, diciendo que esto no tiene vuelta atrás. Lo mismo pensaba Franco del franquismo y ya ven lo que duró desde que él mismo dobló la servilleta. Tiene guasa, por cierto, que entre las voces surja la de Artur Mas diciendo que está de acuerdo con Esperanza Aguirre siempre que se hable de “comunidades autónomas artificiales”. Se refiere a comunidades “sin historia”, como Asturias, Aragón o Castilla León, que peinan bastantes más canas que todas las demás juntas. ¿Saben cuál es el criterio que la Constitución usa para denominar “históricas” a algunas comunidades? que antes del golpe de estado de Franco hubieran “plebiscitado” un estatuto de autonomía. Eso sí es un criterio objetivo.

Siempre no queda la Esperanza de que alguien hable con sentido común. La lideresa ayer se ganó una medalla más en su título. Le echó valor para decir en voz muy alta lo que muchos pensamos desde hace mucho tiempo. El Estado Autonómico es insostenible tal y como está planteado y si hay que meterle mano aprovechando el argumento de la crisis, éste es el momento. Lo he dicho conscientemente: “aprovechando el argumento de la crisis”, porque esto había que haberlo hecho en tiempos de bonanza, sólo que de aquella mucha gente se resistiría. Ahora no hay excusa para organizar de una puñetera vez las cosas con un poquito de “sentidiño”.

El miedo sólo trabaja de mañanas

Me van a permitir el autobombo, pero ¡qué puntería! ¿Qué les dije anteayer que iba a pasar? (vale, era una previsión fácil, pero déjenme fardar un poco) que habría mucha gente en las manifestaciones y que aún así habría poca incidencia en los puestos de trabajo. Casi nadie ha ido a la huelga, al menos voluntariamente, pero da igual porque hay gente de sobra para llenar los trabajos que quedan y las manifestaciones.

La incidencia de la huelga en Lugo ha sido únicamente en donde el miedo a los piquetes y sus tácticas fascistas (no puedo evitar hacer un paralelismo con las que usaban los nazis contra los comercios judíos en la época en que Adolfo llegaba al poder) obligaron a los pequeños comercios, normalmente atendidos por sus propietarios y algún empleado, y alguna empresa del Ceao (salvo el restaurante donde fueron a comer los sindicalistas para aplaudirse unos a otros) a cerrar las verjas para que la foto en la prensa saliera bonita, con todo cerrado a cal y canto. A quien tenía la osadía de anunciar que no cerraría (si hay dos personas en la tienda y una es la propietaria, aunque el otro vaya a la huelga puede abrir perfectamente) le inutilizaron la cerradura con silicona y clavos, la vieja táctica para que el pueblo se dé cuenta de que quiere secundar la huelga, aunque sea por obligación.

Pero fíjense en una cosa: después de la manifestación los sindicalistas, muy orgullosos ellos de su “éxito” acojonando a la gente, insisto en que se fueron a comer a un restaurante del Ceao al que no obligaron a hacer huelga, que una cosa es ser sindicalista y otra muy distinta es perderse una cuchipanda. Desde ese momento el comercio reabrió. Por la tarde la normalidad era absoluta en toda la ciudad, incluso en el centro que es donde por la mañana estuvo cerrado casi todo al menos unas horas.

¿Qué quiere decir eso? Evidentemente la huelga era todo el día, pero el miedo sólo trabaja de mañanas, en plan funcionario. Cuando se elimina de la ecuación la amenaza de “te rompo el escaparate” los negocios florecen y reabren como por arte de magia. ¿Eso indica que cambiaron de idea sobre la huelga o que por la mañana cerraron por miedo?

También, por desgracia, he acertado con la pasividad de las autoridades. La patente de corso que disfrutan los anormales que se ponen a estropear cerraduras, quemar contenedores, poner pegatinas con sus logotipos en los escaparates sin disimulo alguno, cortar el tráfico, o amenazar a sus compañeros de trabajo de forma más o menos sutil, tuvo ayer una nueva ocasión de salir a relucir. Si ustedes o yo, en un día cualquiera, hacemos una de esas cosas nos meten en el juzgado a la velocidad de la luz, lo cual está muy bien. Pero si utilizamos la huelga como excusa las leyes quedan en suspenso y podemos cometer las mayores tropelías sin miedo alguno a que el policía que está a nuestro lado, blindado hasta los dientes por si nos da por ir a por él, mueva un dedo. Las imágenes de la policía casi protegiendo a los majaderos que cortaron el tráfico en el Ceao con incendios hablan por sí solas.

Este blog es “desde Lugo”. No voy a entrar a valorar las imágenes de Cataluña u otros puntos de España porque no estaba allí y me gusta más hablar de mi ciudad si puedo hacerlo, aunque nos intentarán vender que en esos sitios los medios informan parcialmente de las atrocidades que hemos visto. De lo de Lugo a mi que no me cuenten milongas porque yo sé lo que he visto en persona. He visto basura quemada en la calle de la reina, he visto pegatinas de la CIG y CNT pegadas donde les sale de las narices, he visto al cerrajero de Sequeiros cambiando cerraduras en varios sitios, he visto el comercio cerrado por la mañana y abierto por la tarde, he visto a los sindicalistas haciendo el paseíllo a los funcionarios que veníamos a trabajar para intentar (¡ja, ja, ja!) avergonzarnos o presionarnos para que no entráramos ejerciendo nuestro derecho a no ir a la huelga, he visto a esos mismos sindicalistas tomando el café a media mañana en negocios esquiroles a los que no les decían nada porque es a donde van ellos habitualmente a desayunar y porque el día de huelga algo hay que echarse al buche… Eso no me lo han contado los medios, lo he visto yo, y no he visto ningún trabajador presionado por sus malvados empresario. No niego que los haya, sólo que yo no he visto ninguno.

Luego nos extrañamos de que haya desafección a los sindicatos. Aunque mucha gente pueda estar de acuerdo con ellos en alguna cosa, sus métodos no pueden ser aprobados por ninguna persona de bien. Utilizar el miedo para obligar a la gente a secundar sus protestas es, además de ilegal e inconstitucional, tirar piedras contra su propio tejado porque cuando vemos un comercio cerrado un día de huelga no pensamos “uno que apoya la huelga” sino “por aquí ya han pasado los piquetes”.

Previsión de huelga

Mañana toca huelga. Nunca he entendido que no convoquen las huelgas en lunes o viernes, el seguimiento sería muchísimo mayor.

Los sindicatos ya tenían ganas de poder salir a la calle a gritar, ya que la última huelga general que habían convocado no era de las buenas porque no podían poner en un compromiso al Gobierno “amigo” así que cargaron contra los malvados empresarios, culpables de la crisis, el paro, el calentamiento global, el cáncer de páncreas y las fiebres tifoideas. Si es que había que mandarlos a todos a Guantánamo, por lo menos.

Hablando en serio, vamos a sacar la bola de cristal y dar unas pinceladas de lo que va a ser la huelga de mañana. Los ánimos están caldeados y tanto sindicatos como empresarios están tomando medidas para defender sus planteamientos. No sé si es la primera vez que la CEL hace un “gabinete de crisis” (con teléfonos de contacto a los empresarios por si hay problemas, y previsión con las fuerzas del orden) pero yo no tengo noticia de que hubiera precedentes en Lugo. A lo mejor estaría bien hacer “piquetes informativos empresariales” para usar la “fuerza informativa” como hacen otros.

Creo que se va a producir una paradoja, que es que en la calle habrá muchísima gente en las manifestaciones y en los puestos de trabajo habrá poco absentismo. ¿Cómo puede ser esto? Muy sencillo: con más de cinco millones de parados hay mucha gente que, para su desgracia en la mayor parte de los casos, no tiene nada que hacer en todo el día, así que se lanzarán a la calle para desfogar, que buena falta hará. Si a eso le añadimos la no poca cantidad de liberados sindicales, apesebrados varios de partidos de izquierdas, anti-peperos y el núcleo duro de los camorristas que siempre se unen a las concentraciones humanas para dar rienda suelta a su falta de civilización, habrá gente en las “manifas”.

Sin embargo tampoco creo que la situación permita que muchas personas dejen su puesto de trabajo por varios motivos: el primero, y más evidente, es que no va a ayudar a que su jefe le vea con buenos ojos, lo que en estos tiempos no es la mejor idea del mundo. Pero además es que hay mucha gente cuyo sueldo es el único que entra en casa, así que no sé hasta qué punto se pueden permitir que les descuenten un día de salario. Además habrá algunos que no quieran acudir a la huelga por el descrédito de los sindicatos, la percepción de la futilidad de la protesta y, quién sabe, porque no están de acuerdo con que sea lo mejor hacer esto en este momento. Hasta habrá quien no comparta la protesta, el típico esquirol vendepatrias desinformado de “la verdad”.

Pero además de esta aparente paradoja, que ya vemos que puede no serlo tanto, hay más cosas que llaman la atención. En otras convocatorias ya hemos tocado el tema que sindicatos y partidos políticos comparten: esa amnistía que disfrutan de todas las actuaciones que violan las normativas medioambientales de cualquier municipio, pongamos Lugo. Los partidos se cortan más porque viven de su imagen y no procede tener sanciones por poner carteles donde no es, pero los sindicatos no se preocupan de esas nimiedades en parte porque su mercado es, precisamente, tener esos tintes de “antisistema” que vende tan bien. Por eso pueden poner carteles donde está prohibido fijar carteles para el resto de los mortales, o hacer pintadas (¿respetarán la Muralla esta vez o harán como siempre?)

También tienen permitido llenar las administraciones públicas de letreros en las mesas y mostradores con lazos negros como si hubieran explotado más trenes en Madrid, lo cual, además de ser de muy dudoso gusto, nos hace poner en duda que la Administración haga cumplir sus propias normas de neutralidad (si fueran carteles del PP estarían en el juzgado, lo que sería lo lógico). Hace poco hasta han hecho una payasada con un ataúd y sindicalistas disfrazados de curas en la puerta de la Xunta que a muchos nos ha hecho sonrojar por vergüenza ajena, ese sentimiento tan poco habitual últimamente.

La cosa es tan descarada que hasta se les escapa a ellos mismos. En el correo oficial que tengo como trabajador de la administración, he recibido varios emails de las centrales sindicales (¡viva la ley de protección de datos!, ustedes no se corten) entre los que veía uno que decía lo siguiente: “Xuntámosvos o panfleto que repartivos convocando á concentración de mañá”. Obsérvese el uso de la palabra “panfleto”, que según el diccionario es o un “Libelo difamatorio” o un “Opúsculo de carácter agresivo”. Ellos mismos lo dicen, a mi no me miren.

Pero hay más. ¿A algún otro colectivo se le permite presionar a la gente para hacer o dejar de hacer algo a lo que tienen derecho? Los llamados “piquetes informativos” que caldean las huelgas, tienen de informativos lo que yo de obispo. Sus amenazas, veladas cuando tienen un buen día y directas normalmente, no sólo se ciñen a los empresarios (vampiros chupasangres que se merecen todos los males según el ideario sindical) sino a los propios trabajadores a quienes dicen defender.

Rompen cerraduras, atascan puertas, cortan carreteras, impiden la circulación de autobuses, camiones, trenes y otros transportes… en una especie de “noche de los cristales rotos” legalizada. Respetan los servicios mínimos que les da la gana (ya verán cómo a las cafeterías a las que van ellos habitualmente no sólo no van a decir nada sino que estarán llenas a rebosar).

Pero la cosa es tan sumamente ridícula que a las oficinas que no están en plantas bajas no van. Les da igual que la gente trabaje, lo que quieren es que se vean los comercios cerrados y las persianas bajadas para que en el telediario salgan imágenes de “éxito”. A una gestoría no va ningún piquete, o a un despacho, notaría, estudio de arquitectos, consulta médica, administración de fincas… eso da igual porque lo que importa es la foto. Insisto: que la calle se vea desierta y los negocios “que salen en la tele” aparezcan sin actividad.

¿Y las fuerzas del orden? Acojonadas en un rincón porque han recibido orden de “no provocar”. No vaya a ser que alguien defienda el derecho a la libre circulación o el derecho al trabajo, derechos que por lo visto están muchos enteros por debajo del derecho/obligación a la huelga.

Fronteras psicológicas

“Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. Pues relucirán todo lo que quieran pero ahora ya ninguno de los tres es festivo nacional, al menos según lo que entiendo yo por “nacional”. Empezaron, según recuerdo, cargándose el festivo de la Ascensión, salvo en localidades como Santiago de Compostela en que es una fiesta local y por lo tanto ese día no se trabaja. Luego dejó de ser festivo el Corpus, lo cual es llamativo en localidades como Lugo, donde hay una importante tradición en ese sentido, y ahora le toca el turno al Jueves Santo.

Tengo que reconocer que tengo un cacao bastante importante con el tema de los festivos, sobre todo ahora que parece un sudoku autonómico en que cada uno limpia, fija y da esplendor a su propio calendario laboral. Si miran el BOE del 4 de noviembre de 2011, páginas 115143 y 115144, verán que salvo agosto y noviembre el resto de los meses vienen llenos de llamadas con los festivos en cada comunidad autónoma. Si a eso le añadimos los festivos locales, dos por ayuntamiento, lo complicado es encontrar un día en donde se trabaje en toda España, o donde no, sacando Navidad y Año Nuevo. Aún hay cosas más ridículas, como que los pescadores descarguen sus capturas en Galicia o en Asturias dependiendo del calendario de vedas, que no es el mismo en toda la costa, como si el mar tuviera fronteras.

Los símbolos son importantes, muchísimo. No podemos hacer que nuestra vida gire en torno a ellos, pero tampoco tratarlos a patadas como si fueran irrelevantes. El hecho de que cada comunidad autónoma haga lo que le de la gana con el calendario es un paso más en la separación de unos y otros, en la victoria moral nacionalista de que “lo mío es mejor que lo tuyo aunque lo tuyo sea lo común y lo que ha habido siempre y no tenga más motivo para cambiarlo que ser distinto que tú”. No hay fronteras físicas, pero se intentan poner lindes psicológicos.

Hay cosas mucho más serias, por supuesto. Toda España está viendo con pasmo las medidas que se toman en Cataluña cerrando ambulatorios, metiendo unos tijeretazos que ni Christian Dior en sus mejores tiempos y estableciendo el copago de las recetas. Y si el españolito medio no abre más la boca es porque nadie le ha explicado el sistema de financiación vasco o el navarro, que vienen a ser una especie de universos financieros paralelos al del resto de los mortales.

Los que llevamos muchos años diciendo que el Estado Autonómico ha llegado demasiado lejos estamos recibiendo ahora más atención de la que hemos disfrutando hasta el momento. Como hay crisis todo el mundo se pone a mirar con lupa a dónde van los cuartos (una lupa un poco rara, que aumenta sólo unas partes y sigue ocultando otras) y se rasgan las vestiduras cuando ven la de pasta que metemos en ganchitos y gominolas para las salas de espera de los 20 presidentes que hay en España.

No me entiendan mal, no creo en recentralizar el poder, sino en organizarlo. Soy partidario de que el Estado reasuma un montón de competencias que ha ido soltando cual fallera mayor tirando pétalos, le falta la cesta nada más. Pero también creo en la descentralización en favor de los Ayuntamientos. No son el Estado ni la administración local quienes se tienen que poner a dieta, sino las Autonomías, que ni están tan controladas por el ciudadano como su Ayuntamiento ni tan vigiladas por la opinión pública como el Congreso. Esos agujeros negros competenciales tienen que dejar de serlo.

Muchos quieren que desaparezcan las Diputaciones, lo cual tiene un gran eco social principalmente porque si usted le pregunta a su vecino tendrá que reconocer que no tiene ni zorra idea de para qué sirve ese organismo. Nadie va a gestionar un papel a la Diputación, a menos que sea para pedir dinero para una cuchipanda, una exposición de un artista que no consigue vender nada sin subvenciónd e por medio, o un viajecito organizado a costa de la administración. Tal vez la clave no sea destruir, sino racionalizar.

Hemos cogido muchos vicios durante los años de bonanza, en que había dinero para todo, sacado de los impuestos que a la larga todos pagábamos mediante la compra de viviendas carísimas y desproporcionadamente revalorizadas. Ahora hacer el camino a la inversa es mucho más duro y hay una clara falta de voluntad por parte de muchos de nuestros gobernantes y no mucha más por parte de la ciudadanía. Todos queremos que se ahorre, pero sin tocar “a lo mío”. Todos queremos que se racionalice, pero siempre que a mi me sigan pagando mis viajes a Roma con subvenciones a Ryanair. Todos queremos que el Conselleiro vaya a pie para no gastar gasolina en el coche oficial, pero que hagan un hotel de lujo en Muxía, llamado Parador.

A veces da la impresión de que más que ahorrar lo que quiere el común de nuestros vecinos es hacer la puñeta a los que gobiernan por una mera cuestión de envidia poco disimulada. El “fin de los privilegios” no se busca por cuestiones económicas, sino por el efecto Iznogud de “quiero ser Califa en lugar del Califa”, que en España se traduce en un “si yo voy a pie, el Califa también”.

Los lunes uno se dispersa más, pero si se fijan el hilo conductor de festivos, diputaciones, autonomías y coches oficiales es el mismo. Racionalizar es eso, hacer racional lo que no lo era, y la lógica no entiende de privilegios ni lucha contra los privilegios (incluso que el Presidente del Gobierno vaya en coche y no lo conduzca él tiene lógica, mire usted). Si vamos a sentarnos a reorganizar esto, que sea en serio y partiendo, si no de cero, tampoco de cien. Y si por el medio hay que eliminar administraciones, reducir otras y hacer el camino inverso del que se hizo desde 1978 para aquí en algunos temas, habrá que hacerlo. Mañana si quieren hablamos de competencias. A ver si somos europeos de una puñetera vez.

Justicia ciega

Dice el refranero que “más vale caer en gracia que ser gracioso”. Una verdad como un castillo que estos días salta a la actualidad con las noticias que nos vienen dando sobre los diversos procesos judiciales de Baltasar Garzón, Francisco Camps, los niños desaparecidos en Córdoba, Iñaki Urdangarín… La valoración que se hace de unos u otros varía enormemente con independencia de los hechos probados en el juicio o la sentencia dictada por la sala. Da igual. Si la sentencia no nos gusta clamamos al cielo diciendo que la justicia no funciona y nos quedamos tan anchos.

Entre los que “caen bien” no es raro ver a personajes que han sido imputados o condenados por delitos que atentan precisamente contra su función principal. En el caso de Garzón, por ejemplo, vemos que cientos de personas, incluso miles en toda España (el otro día había una decena de lucenses frente al Ayuntamiento que, si bien no son representativos sí son llamativos) se manifiestan sin sonrojo para defender a un señor que ha atentado contra los derechos civiles de una serie de ciudadanos. Como estas personas “caen mal” por ser presuntos chorizos, no pasa nada, es lícito darles caña, interpreto yo que entiende esta masa. También había gente aplaudiendo a Barrionuevo y Vera cuando se les condenó por el tema de los GAL.

Ahora se ha archivado el proceso por cohecho impropio de Garzón, aunque está demostrado que tras aceptar una generosa donación de una importante entidad bancaria archivó un caso contra dicha entidad. Será casualidad, será mala suerte, será una rosa, será un clavel, la cuestión es que si eso lo hubieran hecho Urdangarín o Camps los manifestantes estarían gritando justamente lo contrario, porque les caen mal.

No confundan los términos. Entiendo que Garzón caiga bien porque hizo cosas que a muchos nos parecen buenas, sólo que por el camino equivocado. Si no se investigan los crímenes que se cometieron en la Dictadura es porque no hay base legal para eso, así que lo que hay que cambiar es la legislación. La persecución a ETA no la ha de hacer un juez, sino el Ministerio del Interior, que es quien ha de presentar las pruebas ante la justicia. No se puede ser juez y parte, y mucho menos defender la ley violando su letra y espíritu. Si quería cambiar las leyes tendría que haberse mantenido en su escaño parlamentario, cosa que no hizo.

No voy a valorar si la simpatía es o no ajustada a mis preferencias personales, porque ese no es el tema. La cuestión, precisamente, es que la justicia, como se suele representar, ha de ser ciega, sin entender de simpatías personales ni de otro juicio que no sea el derivado, ya no de la verdad, sino de lo legítimamente demostrable en un pleito. Es la única manera de que el sistema se sostenga, soltando a muchos culpables para evitar condenar a un inocente.

Otra cosa diferente es que los españoles hayamos sancionado una Constitución que dice unas cosas… Probablemente el 99% de la población no se ha leído nuestro texto fundamental, cosa que me cuesta mucho trabajo entender porque no es Derecho, es la piedra angular de nuestra sociedad tal y como se supone que la entendemos. Precisamente por eso, por ignorancia, el común de nuestros conciudadanos no sabe que, por ejemplo, el Rey es inviolable. Esto quiere decir que si a Don Juan Carlos le da un día por coger una pistola y empezar a liquidar gente en medio de la Puerta del Sol no se le puede detener, denunciar, procesar ni condenar. Se va a su Palacio Real tan campante. Imagino que incluso en coche oficial y con escolta. Si Agatha Christie viviera haría una serie de novelas en que el asesino fuera el Rey, y se resolverían pronto porque ni siquiera tiene que disimular. Para desgracia de su yerno, ese desmedido privilegio, difícilmente entendible, no cubre a toda la Familia Real, sino únicamente al monarca.

Pero una cosa es un privilegio otorgado al Rey por la Constitución (que, insisto, no comparto) y otra muy diferente que la ley se aplique según un muestreo popular. Garzón ha delinquido, asúmanlo. Puede que algún otro declarado “no culpable” (hablo de Camps, claro) también haya hecho algo mal, pero el principio de presunción de inocencia no sólo es vital en un Estado de Derecho, sino en una sociedad que no puede permitirse desconfiar de alguien porque tenga mala pinta. Eso no está bien ni en las tertulias de café. Si queremos ser un país serio hay que empezar por ahí.

La sentencia de Garzón

Es el tema del día. A estas alturas todo el mundo tiene su opinión formada, pero el problema realmente no es ese, sino que ya la tenían formada hace un día, una semana, un mes… Creo que ya he citado que Conan Doyle decía por boca de Sherlock Holmes que es un craso error teorizar antes de conocer los hechos, ya que intentamos apuntalar nuestras convicciones en lugar de crearlas a partir de lo sucedido. Con esto pasa algo similar.

Para informarse, la mayor parte de la población acude a los medios de comunicación. Entiendo que leerse 70 folios de sentencia no es sencillo, y que da una pereza tremenda, pero es la fuente de la discusión. Invito a buscarla por Internet, que lo tiene todo, y leerla con calma porque merece mucho la pena. Ahora toca el turno de los tertulianos de televisión, que suelen ir a los platós a decir simplezas porque saben que su audiencia mayoritariamente es lo que es capaz de asimilar. Yo tengo más fe en los lectores de este blog y sigo explicándoles el tema jurídico confiando en su buen juicio (valga la redundancia).

Vamos a partir de una base muy básica, la idea que configura nuestra Constitución, y el sentido común, sobre la justicia. Se supone que hay una parte que persigue a los criminales y otra que comete delitos. Uno son los que acusan a los malos, buscan pruebas contra ellos y proponen una condena. Los otros se defienden de las acusaciones como pueden. Ambos se someten al arbitraje de un juez imparcial que, se supone, valora lo que aporta una y otra parte con ecuanimidad y da la razón a quien las pruebas dicen que la tiene, con una peculiaridad: en caso de duda ha de apoyar la inocencia para evitar condenar a quien no ha cometido delito alguno.

Sobre este caso en particular, les voy a hacer un breve resumen para que tengan algún argumento sólido, otra cosa es que les gusten las conclusiones. La cosa va de que Garzón, juez que llevaba el tema de la presunta trama de corrupción de Gürtel, ordenó la escucha de todas las conversaciones entre los acusados y sus abogados, ya que entendía que se estaba dirigiendo un chiringuito criminal desde la cárcel a través de estas entrevistas confidenciales. Los escuchados reclamaron por estas grabaciones y ahora el Tribunal Supremo acordó por unanimidad que fueron no sólo un error, sino un delito por parte de Garzón ya que las ordenó sabiendo perfectamente que no podía hacerlo.

La cuestión no es si está mal escuchar a un acusado y su abogado si hay indicios de que están delinquiendo al amparo de esta confidencialidad, la respuesta a eso es evidente: sí está bien y de hecho se puede. El problema no es ese, sino que Garzón autorizó las escuchas de TODOS los abogados, hubiera indicios o no, incluso de los aún no contratados. Vamos a los ejemplos, que clarifican mucho las cosas: una persona está en la cárcel y dirige desde allí su imperio del mal usando de enlace a su abogado. Un juez, simplemente porque se le ocurre que tal vez sea así, no puede intervenir las conversaciones a menos que exista algún tipo de indicio razonable. Si autoriza las escuchas porque tiene algún elemento de juicio (no una prueba, sino un simple indicio) no hay ningún problema. Pero imaginen que ese juez autoriza las escuchas porque se imagina que podrían usarse para algo delictivo. Ahí sí incumple, porque hay un derecho de confidencialidad que sólo puede ser violado por una causa razonable. Creo que hasta aquí casi todo el mundo estará de acuerdo. Pues bien, Garzón autorizó las escuchas de abogados actuales y futuros. ¿Cómo puede haber un indicio de criminalidad si ni siquiera hay el más mínimo contacto? Ahí está el problema.

Lo dice claramente la sentencia: “1. Ya en lo que se refiere a la injusticia de la resolución, tal como resulta de los hechos probados, debe tenerse en cuenta: a) que el acusado acordó la intervención de las comunicaciones de los internos con todos los letrados; b) que lo hizo mediante un acuerdo tan genérico que afectaba, sin excepción alguna, a cualquier letrado defensor, ya designado o que lo fuera en el futuro; y c) que no disponía de dato alguno que indicara que alguno de los letrados, de los que según los hechos probados fueron afectados, estuviera aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos“.

Hay otro párrafo muy revelador: “la investigación criminal no justifica por sí misma cualquier clase de actuación, y con mayor razón si implica vulneración de derechos fundamentales. Como se ha dicho en numerosas ocasiones, la verdad no puede alcanzarse a cualquier precio“.

Imagino que no es popular en este momento defender esta sentencia, a pesar de que sea impecable jurídicamente y unánime en su respaldo por los jueces del Supremo. Tal vez sea dura la condena, eso no se lo voy a discutir y habría que ver qué condena le habrían puesto a otra persona que no fuera Garzón. Quizás en vez de 11 años de inhabilitación serían siete, cinco, tres o uno, pero el hecho central es difícilmente discutible.

Otra cosa es que Garzón nos caiga bien o mal, o que estemos de acuerdo o no con su actividad jurídica y política. Es curioso que cuando el ex-súper-juez critica la sentencia porque se siente perseguido le hagan mucho caso, y que cuando otras personas hablan de que les acosa nos falte sacar número para apuntarnos a esa persecución. Eso ya es cosa de cada uno con su moral.

El fin no justifica los medios, y mucho menos en un tribunal de justicia. Una sociedad en que los jueces pueden violar los derechos de un ciudadano de forma arbitraria, sin indicio alguno, tiene un nombre: dictadura. Como liberal esta sentencia me parece correcta. Como ciudadano, me alivia. El gran hermano de Orwell ha de quedarse donde está, en su novela y en un programa de televisión de dudoso gusto e indiscutible audiencia.

De políticos y curas

Don Francisco Vázquez, conocido por todos como Paco Vázquez, ex-alcalde de La Coruña y embajador hasta hace poco de España ante la Santa Sede, ha dicho que el PSOE ejerce un “anticlericalismo casposo” por decir que si gana las elecciones (lo dicen con tiempo, la verdad) se replanteará muy seriamente los acuerdos con el Vaticano. El señor Vázquez siempre ha sido peculiar en sus declaraciones, y muchas veces sorprende que esté en el partido en que está, igual que su compañero de filas, Bono.

Pero esa sorpresa no es tanta si se analizan la cosas con cierto detenimiento. Un partido político es más que un bloque de ideas fijas, es una agrupación de seres humanos con ideas propias, que pueden estar mayoritariamente de acuerdo con la filosofía general de una siglas pero en desacuerdo con temas puntuales. Eso no quiere decir que estén fuera del partido ni que estén a favor del contrario, salvo que se trate de atacar la piedra angular de la filosofía del grupo.

Por ejemplo, no tendría sentido un socialista liberal, ni un miembro del PP que defienda las teorías marxistas. Pero que Paco Vázquez defienda el papel de la Iglesia dentro del Estado es una postura filosófica que nada tiene que ver con el socialismo. Lo mismo pasa con Alberto Ruíz Gallardón, que ha montado un lío considerable al decir que considera que el matrimonio gay es constitucional. La diferencia radica en que uno es un simple ex-alcalde y el otro nada menos que el Ministro de Justicia, la cosa varía sustancialmente. Uno no se puede desmarcar cuando le apetece de su jefe si es ministro, es una de las obligaciones del cargo, la prudencia. Gallardón sigue acostumbrado a ser el todopoderoso jefe de su grupo municipal y ha de asumir su papel, le guste o no. Supongo que cuando era alcalde maldita la gracia que le haría que un concejal le contradijera en público.

Respecto a los temas en sí, ya que éste es un blog de opinión, hay que opinar. No estoy en condiciones de dar la razón a ninguno de los dos, es decir, “no” (adaptación libre de “Piratas del Caribe”; Barbosa dixit).

Empezando por Paco Vázquez, creo que no sólo no es casposo revisar esos artículos, sino todo lo contrario, lo casposo es mantenerlos. Alejar a la Iglesia de las escuelas y centros de enseñanza pública (los privados que hagan lo que quieran) no es atacar la religión, sino todo lo contrario. Cuando la religión se convierta en algo voluntario, libre, y que no tenga esa carga lectiva de “asignatura” probablemente recuperará popularidad, siempre y cuando acompañen eso de ciertas medidas básicas tan singulares como la no discriminación de la mujer en la Iglesia sin mencionar otros temas cuyo debate es más profundo. En cualquier caso, no tiene sentido alguno que la Iglesia Católica mantenga esa serie de prerrogativas con el argumento de que es la religión mayoritaria de España. Hay que reconocer que esto cada vez es menos realista y que probablemente la religión mayoritaria de España en este momento sea el ateísmo, o como mínimo el “yo creo en algo, una energía o algo así, pero no en la Iglesia”.

De la misma manera que escapamos de los crucifijos y sotanas, hay que alejar de nuestros colegios públicos las costumbres de otras religiones, incluyendo velos, turbantes y demás elementos ornamentales que no se permiten a los estudiantes si tienen forma de gorra o bufanda. En los colegios no hace un frío tal que justifique esas cosas.

En cuanto a nuestro amigo Gallardón, creo que se ha metido en una piscina de la que no ha calculado bien el agua. Quiere desmarcarse de un recurso al constitucional que su partido ha protagonizado, con un coste electoral importante en su momento, y al mismo tiempo ser el responsable de Justicia del Gobierno de Rajoy. “Aquí, ¿a qué estamos?, ¿a setas o a Rolex?”. No sé si conocen el chiste, pero por si no es así tiraremos de refranero y diremos lo de que no se puede dar misa y estar repicando.

Por otra parte, he de decir que en mi modesta opinión la Constitución no recoge el matrimonio homosexual, con lo que éste sería “aconstitucional”. La Constitución dice, literalmente “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Evidentemente este artículo se redactó pensando en acabar con el sometimiento de las mujeres a sus maridos, y parece restringir con bastante claridad el matrimonio a la idea de “el hombre y la mujer”. Sin embargo, tampoco lo prohíbe, y el artículo 14 de nuestra norma fundamental habla de la igualdad ante la ley “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Desde luego, no está absolutamente claro, y dudar de la constitucionalidad de una cosa no quiere decir que se esté en contra de la misma, puede ser un análisis meramente jurídico. En cualquier caso, si se ha modificado la Constitución para que las administraciones no se endeuden o para que un alemán pueda ser Alcalde de Mijas (es un decir) no estaría mal revisar el artículo en cuestión para aclarar las cosas de una vez por todas y reconocer un derecho que, sin la Biblia o el Corán en la mano, es difícilmente discutible.

Si les soy sincero, estoy en contra del matrimonio civil en sí mismo. Antes de que se me asuste nadie paso a aclarar mi idea. Considero que el matrimonio, como tal, es un sacramento religioso, con lo que entiendo que el término en discusión, es decir, la propia palabra “matrimonio” debería reservarse para la unión religiosa, el sacramento. Pero para el Estado, es decir, lo que viene siendo el reconocimiento legal de la unión de una pareja, el sacramento debe ser irrelevante, por lo que no comparto que se hable de matrimonio en términos jurídicos. Debería cambiarse la denominación y hablar de “uniones” o como quieran llamarlas, y que dichas “uniones” estén abiertas a cualquier adulto con capacidad legal de obrar. Me da igual sexo, raza, renta o circunstancia alguna, el Estado ha de ser simplemente un registrador de una unión personal para hacer valer los efectos legales a que dé lugar. Nada más, y nada menos.

La moralidad no está reñida con la sociedad civil, sino todo lo contrario. Es la propia Sociedad, con mayúsculas, la que crea, modifica y decide cuál es la verdadera moralidad. Hace unos siglos la esclavitud no era inmoral, ni el sometimiento de la mujer, ni muchas otras barbaridades… La religión ha variado bastante menos que esta Sociedad que cuanto más evoluciona más rechaza cruces y medias lunas. Quizás haya que replantearse muchas cosas, pero desde luego la que es difícilmente discutible es la de la separación entre las corporaciones religiosas y el Estado.

Memoria histórica selectiva

Fraga sigue dando guerra hasta después de su fallecimiento. Genio y figura, como se suele decir, ahora su persona será puesta bajo el microscopio por aquellos que, mientras vivía, no tuvieron el valor de enfrentarse a él y a todo lo que significó. Fraga personificaba la vía reformista durante el franquismo, la moderación de la derecha durante la Transición, y el espíritu liberal “dentro de un orden” en la Democracia.

Don Manuel encarnó a varias generaciones de españoles que eran niños cuando ocurrió la guerra o que aún no habían nacido y vivieron durante la dictadura, e incluso vivieron bien, sin echarse al monte fusil en mano y, lo que es más, sin avergonzarse por no ser revolucionarios. Cada uno es esclavo de la época en que vive, y es muy fácil decir hoy lo que uno habría hecho “si hubiera estado allí”. Hay que valorar a quienes se enfrentaron al franquismo, pero sin condenar a quienes lo vivieron como algo normal porque era el ambiente en el que se criaron.

Fraga no sólo vivió durante el franquismo, fue ministro del régimen, pero cuidado, un ministro aperturista y que acabó cesado por permitir que un escándalo que afectaba a compañeros de Consejo de Ministros se publicara en los medios de comunicación. Un reformista y un aperturista al que debemos el éxito de nuestro mayor activo económico, el turismo, y muchas más cosas que sin él no se habrían dado.

Ahora el BNG dice que Fraga no puede tener una calle en Lugo por la llamada Ley de Memoria Histórica (que no se llama así, pero para abreviar y no liarnos le mantendremos ese nombre). Les recomiendo que consulten a un buen abogado que les aclare que la Ley de Memoria Histórica no dice tal cosa. Probablemente ni se la han leído, como la mayoría de la población, y tocan de oído, que es la forma favorita de hablar de casi todos los demagogos. En la ley de marras se habla, sobre todo, de la reparación moral y económica al bando perdedor de la Guerra Civil y a quienes lucharon contra el franquismo desde el monte o la barricada.

Toda referencia al tema de monumentos y símbolos se reduce al artículo 15, cuyo apartado primero dice lo siguiente: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Los talibanes de la cosa republicana utilizan este artículo para afirmar que las calles no se pueden llamar “General Franco” o similar. Jurídicamente no estoy de acuerdo, ya que cuando se habla de “placas” es evidente que no se refiere a la de las calles, ya que en ese caso por lógica se haría una mención expresa a “nombres de vías”. Evidentemente me parece lógico que una calle no se dedique a Franco, pero para eso no es necesaria una Ley sino un poco de sentido común. En cualquier caso, en la norma están hablando de la típica placa de “Aquí tuvo lugar la batalla de Guadalete, en que el glorioso Caudillo de España venció a las hordas rojas” o barbaridades por el estilo.

Curiosamente la Ley obliga a retirar lo existente, pero no impide colocar placas nuevas. Sólo habla en pasado, por lo que en realidad la norma está refiriéndose a los vestigios del franquismo en toda su extensión simbólica, cosa que en realidad no se cumplió jamás. Sigue habiendo muchos pueblos con la Avenida del Generalísimo y cosas semejantes. Incluso en Santa Cruz de Tenerife Franco existe todavía una estatua enorme en uno de los principales cruces de la ciudad.

Centrándonos en el tema de Fraga y la tontada del BNG, hay que decir que no hay por donde coger las declaraciones de Bao. Es un insulto a la inteligencia del pueblo de Galicia, que durante 15 años dio poder absoluto a Fraga y que seguía rindiéndole homenaje allá a donde iba. Supongo que el sábado, en el funeral que habrá en Santiago, se dejará ver el cariño que se ganó entre lo suyos. Por otro lado, como intelectual brillante, como padre de la Constitución y como una de las persona claves sin la cual la Transición no habría tenido lugar, Fraga no merece una calle, sino una gran avenida en cada una de las ciudades de España.

Por último, y saltándome muchos razonamientos que por obvios creo superfluos, habría que decirle al señor Bao que es un cobarde. Han cerrado el pico mientras media Galicia dedicaba calles, plazas y avenidas a Fraga en vida de éste. Supongo que por muy nacionalistas que sean y por muy chocho que dijeran que estaba Don Manuel (ya les gustaría a ellos) seguían sintiendo un miedo cerval a desatar las iras del León de Villalba.

Pero su cobardía va a más. ¿Por qué no exige el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica tal y como la interpreta para retirar los nombres de las calles General Tella o Teniente Coronel Teijeiro? ¿Acaso le asusta la reacción que puede provocar entre personas conocidas de Lugo, familiares de esos militares? ¿Se opondrían también a una calle a Adolfo Suárez porque fue parte del régimen de Franco? ¿A qué estamos aquí? El BNG utiliza una memoria histórica selectiva, por intereses políticos y, lo que es peor, por cobardía.