Una vez más hablamos del tema de las puñeteras preferentes, porque nuevamente han dado que hablar en nuestra ciudad con la manifestación que terminó ayer frente a la casa del diputado y exalcalde de Lugo Joaquín García Díez. También hubo protesta en el pleno del Ayuntamiento, donde se debatía una moción de esas tan populistas que sirven para lo mismo que los ventiladores plateados en invierno: para hacer bonito.
Antes de meterme en aguas pantanosas les voy a contar una cosa que no sabía hasta la semana pasada: mi abuela Emilia, que como recordarán falleció hace un mes y medio (cómo pasa el tiempo, ¡qué barbaridad!), tenía acciones subordinadas de Caixa Galicia, así que ahora este tema toca a mi familia como afectados, con lo que no me vengan con “tú hablas porque no te toca de cerca”.
Vamos al inicio del problema. ¿Qué son las acciones preferentes y subordinadas? Como son productos bastante parecidos (aunque no idénticos) vamos a tratarlos como una única cosa, que es lo que está haciendo todo el mundo, para no liarnos demasiado. Las participaciones preferentes y subordinadas son un producto que está a medio camino de las acciones y los depósitos.
Las acciones, como casi todo el mundo sabe, son pequeñas porciones de propiedad de una compañía, que pueden cotizar en bolsa o no, y que pueden tener mayor o menor valor dependiendo del precio de la compañía en su conjunto. Quien mete su dinero en acciones sabe que si la compañía va bien su valor aumentará y por lo tanto puede venderlas obteniendo una ganancia, pero que si la empresa se va a pique perderá parte o incluso el total de su inversión.
Los depósitos, por su parte, se parecen más a un préstamo que un particular le hace a una entidad bancaria. Tú les dejas 100.000 euros durante x tiempo y a cambio el banco te paga unos intereses (y usa tu dinero para prestarlo a su vez y forrarse con la diferencia de los tipos). Los depósitos, habitualmente, suelen estar garantizados al 100%, por lo que nunca perderás el dinero que confías a la entidad, como mucho te juegas los intereses, aunque últimamente suelen estar también garantizados.
Y después están las participaciones preferentes y subordinadas. Son una especie de depósito en que no te garantizan la inversión, y que, a diferencia de las acciones, no te otorgan una parte de la propiedad de la entidad. Es un producto que, como se ha demostrado, tiene un grado de riesgo, pero que al que le salió bien le supuso cobrar de intereses el 250 o el 300% del dinero invertido. Gente que invertía 10.000 euros cobró 17.000 de intereses durante varios años, sólo que ahora esos 10.000 se le convierten en 5.400 por el canje. Por supuesto no a todo el mundo le salió el tema tan redondo, ha habido mucha gente que perdió mucho dinero.
Pero, una vez explicado esto, les diré que las acciones preferentes y las subordinadas no tienen nada de malo. Es una revelación que puede trastornar a alguien, lo sé, pero es lo que hay. Es como las acciones en bolsa, que tampoco son ni buenas ni malas, sino que son una opción para invertir como otra cualquiera arriesgando tu dinero. De hecho recientemente una importante compañía publicitaba a bombo y platillo la emisión de acciones preferentes de su titularidad. Mal momento para esa publicidad.
Decir que las preferentes y subordinadas son malas es como decir que los cuchillos jamoneros son malos: si uno sabe lo que tiene entre manos y está dispuesto a asumir el riesgo no tiene nada de malo.
Una vez explicado todo este rollo, les diré que me parece una barbaridad que el Estado tenga que resolver un problema entre una entidad bancaria y un grupo de particulares. Vale que el Banco de España avaló las preferentes y subordinadas (porque, insisto, no tienen nada de malo como tales), y que las cajas de ahorros son un ente de titularidad pública (más o menos), pero sigo sin entender por qué los impuestos de los españoles tienen que destinarse a cubrir las pérdidas de quienes arriesgaron su dinero con total libertad.
El problema está precisamente, en ese “con total libertad”. La libertad, sino está informada, no es tal. Este producto se colocó a todo el mundo sin explicarles exacta y detalladamente dónde estaban metiendo su dinero. Vamos, que es como si les ponen a ustedes el cuchillo jamonero del ejemplo anterior para untar margarina, lo normal es que se acaben ventilando un dedo.
Pero el hecho de que no se informara bien a quienes metieron ahí sus ahorros es un mero delito de estafa, y si está organizada por la entidad lo suyo es hacerla responsable de todas las consecuencias negativas de ese engaño. Les diré que dudo muchísimo que mi abuela hubiera invertido conscientemente su dinero en una opción tan arriesgada, ya que era una mujer bastante conservadora y que, hasta donde yo sé (y sé bastante), nunca metió un duro en bolsa ni en cosas que le pudieran suponer una merma. Y no era precisamente una mujer que no supiera gestionar sus cosas, que llevó una empresa (con éxito) durante medio siglo.
Pues si se engañó, mintió u ocultó información a los inversores, lo normal es poner una demanda civil conjunta contra las entidades, pero sigo sin ver qué pinta en eso el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, no entiendo qué demonios hace una manifestación frente a la casa de Joaquín. Entendería que pitaran frente a Caixa Galicia o como demonios se llame ahora, o que fueran a la fiscalía a exigir que se enchirone a los estafadores, pero me cuesta seguir el razonamiento que hace culpable a quien, cuando empezó este lío (finales de los años 80) ni estaba ni se le esperaba en el Congreso.
Si los inversores en lugar de perder su dinero hubieran ganado muchísimo (lo cual podría pasar perfectamente), ¿estarían protestando? ¿Verían lógico que los demás protestaran porque no repartían sus beneficios? Quizás deberíamos reflexionar si no hay un alto componente de oportunismo político en todo este asunto.
Las manifestaciones se pueden comprender como un tema práctico: a ver si protestando mucho consigo que me devuelvan mi dinero, aunque ese no sea el camino marcado por el sentido común. Ya se sabe, está de moda decir que la culpa de todo es de los políticos.