¿Sabían ustedes que la empresa con más empleados de España es El Corte Inglés? Da empleo nada menos que a más de 55.000 trabajadores, que se dice pronto, sin contar con la tremenda cantidad de empresas que dependen de esa organización. Inditex, tomándola en conjunto, crea aún más empleo, con más de 100.000 asalariados, pero al ser una maraña de empresas no cuenta como una única corporación.
Imagínense ahora la responsabilidad de los directivos de esas empresas. La importancia de las decisiones a tomar. Por supuesto, hablamos de personas que cobran unas cifras astronómicas, acordes con la ley del mercado que paga más a quien más poder tiene por la simple razón de que las empresas se rifan a estos genios de los números y del marketing o lo que sea. Nadie le discute a esta gente tener un coche de empresa, un móvil de empresa, un portátil de empresa… en muchos casos incluso viviendas y hasta aviones privados si hablamos de los gigantes del mercado.
Y nosotros rateando a nuestros representantes, los de los españoles, que tengan tarifa plana en el móvil o que se les pague el billete de tren para ir al Congreso o al Senado. Sí, sí, no me digan nada aún. Ya sé que es distinto porque es dinero público, pero no es tan diferente si lo analizamos bien. Los diputados y senadores no son únicamente los directivos de una empresa, son los de un Estado nada menos. Son quienes hacen las normas que tenemos que acatar todos, desde el más humilde empleado al más alto ejecutivo, así que no me digan que no son importantes. Son más que eso, son vitales.
El problema de los sueldos y prebendas de los políticos no son las cifras, ni las comodidades, ni las ventajas. El problema es que no vemos que se lo ganen, ni siquiera que se lo merezcan en muchos casos. Creo sinceramente que ahí está el talón de Aquiles del argumento de pagar bien a nuestros representantes. La percepción que tenemos muchos españoles es que Pepiños, Bibianas y Leires llegan a ministros (a ver los que nos pone Rajoy y si mejora el cartel) sin haberse agenciado un duro por medios propios en su vida, sin tener más experiencia laboral que la del coche oficial, y sin demostrar tampoco una especial habilidad en nada que no sea trincar un mullido sillón. Si esos llegan a ministros, ¿qué nivel habrá en el Parlamento y el Senado?
Nadie discutiría que se pague 3.000 euros al mes a un diputado si tuviéramos en consideración lo que es y para qué está ahí, pero no es así. Se les mira con un cristal que en muchas ocasiones la envidia tiñe de desconfianza, sin tener en cuenta la importancia de su actividad. Sé que muchos no responden a mi visión de personas lo bastante preparadas como para estar ahí, pero no culpen al cargo, culpen a los que eligen al interesado. Culpémonos todos.
Culpemos a los partidos que eligen de forma oscura a sus candidatos, sin dar voz a los propios afiliados y sin tener en cuenta en muchísimas ocasiones más que las simpatías personales de uno o dos mandamases. Culpemos al sistema, que no nos permite elegir “a éste sí, a éste no” y nos condena a votar a una lista cerrada de candidatos. Culpémonos a nosotros mismos, votantes, electores, afiliados, simpatizantes, ciudadanos, por no protestar más que por los sueldos de los políticos y no por sus capacidades.
Rajoy hará público hoy su listado de presidentes de las más altas instituciones del país. Congreso y Senado tendrán hoy cabeza visible, y sabremos a quiénes vamos a poner verdes durante los próximos cuatro años cuando salgan los típicos “reportajes de investigación” sobre las prebendas de los altos cargos públicos. Si se ganaran su sueldo, nadie abriría la boca, pero el problema es que se lo ganen.
Recuerden que si un directivo de una empresa de 55.000 trabajadores cobra lo que cobra es por algo. Los diputados y senadores tienen a su cargo un país con más de 45 millones de habitantes. Deben cobrar bien, el matiz no está en ese punto, sino en cómo los seleccionamos, y he dicho bien, “seleccionamos” porque a fin de cuentas nosotros somos los responsables, los ciudadanos.
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