jueves, 31 de diciembre de 2020

Política de Privacidad

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viernes, 18 de diciembre de 2020

Los lucenses merecemos un Gobierno que no nos mienta

 

Los lucenses merecemos un Gobierno que no nos mienta. Podemos afirmar esto parafraseando a Alfredo Pérez Rubalcaba, un histórico socialista que el día 13 de marzo de 2004 sentenció una de esas máximas que merecen estar grabadas con letras de oro en la entrada de las instituciones públicas.

Soy plenamente consciente de que la subida de las tasas de terraza es bien vista por algunas personas que, con esa mala leche que nos gastamos cuando a quien le suben los costes es a otro, aplauden el incremento porque “son muy bajas”. Lo piensan aunque Vigo cobra 5,34, Coruña 25 y Santiago 27 euros por lo que en Lugo ahora cuesta 19,32 y se va a subir a 40,32 euros. Pero hoy no les voy a hablar de lo disparatado de la subida, ya que es opinable, sino de cómo se ha justificado esa medida. Mintiendo y reiterando la mentira.

Dice el Gobierno municipal que “por ley” están obligados a subir esas tasas y que hay “tres sentencias” que le condenan a ello. Es falso. Sin paliativos, es mentira.

Para empezar, la ley ni siquiera obliga a que se cobre la ocupación de vía pública. Es una decisión del Ayuntamiento, que puede no fijar una tasa y, aunque regule dónde se pueden y dónde no se pueden poner terrazas, tiene libertad de no cobrar ni un céntimo por su instalación. Lo que no puede es cobrar lo que le venga en gana, como hizo durante muchísimos años, en que los hosteleros lucenses pagaban las tasas más caras de Galicia.

Una vez aclarado esto, también hay que explicar la diferencia entre una tasa y un impuesto. La tasa grava el coste de un servicio nada más. Es decir, que una terraza gane mucho dinero o poco no puede afectar a la tasa, porque eso donde se paga es en los impuestos. Esto da al traste con la falaz argumentación de “pagan poco y ganan mucho”, un prejuicio de discusión verdulera bastante impropia de un Gobierno.

En cuanto a las famosas “sentencias”, es cierto que han perdido un pleito en el juzgado contencioso administrativo por un tema de un vado, y que no sólo se ha anulado la liquidación que reclamaba esa persona sino que el juzgado ha elevado una cuestión de ilegalidad al TSXG, pero ni se ha resuelto todavía ese litigio que, previsiblemente, anulará la ordenanza 153 (que es la que regula vados) ni en caso de que se llegue a ese punto esto afectaría a la ordenanza 152 que es la que estamos debatiendo.

Es decir, que ninguna sentencia pone en duda la actual ordenanza fiscal que regula el cobro por las terrazas y decir lo contrario es, sencillamente, mentir.

¿Por qué se cuenta esta milonga? Sencillo, porque se quiere quedar bien con todos a cualquier precio. Se quiere subir lo que paga el hostelero por instalar su terraza, pero sin cabrearlos, así que se les cuenta que en realidad “yo no quería, es que me obliga el juzgado”. Sólo que eso es falso.

Por si esto fuera poco, la subida la basan en un “estudio de costes” que no hay por dónde cogerlo porque aplica coeficientes artificiales para convertir los poco más de tres euros que el propio estudio fija como precio real del suelo en los más de 40 que quieren cobrar. A mayores, se producen situaciones absurdas como que se suban más las tasas a las zonas menos ventajosas o que calles de menor categoría paguen otras de mayor categoría lo que, a un gobierno “progresista”, tendría que sacarles los colores.

Si quieren subir las tasas de terraza están en su derecho a hacerlo, para eso son el Gobierno, pero no de cualquier manera, ni arbitrariamente, ni, por supuesto, engañando a los interesados. Recuerden al señor Rubalcaba y apliquen su máxima: “Los lucenses merecemos un Gobierno que no nos mienta”. Asuman su decisión que, estoy seguro, habrá quien les aplauda porque ya sabemos que “tienen que pagar más” es un mantra que cuela… siempre que se aplique al de al lado, claro.


jueves, 17 de diciembre de 2020

Luces navideñas en toque de queda

 

Cuando hablábamos del tema de las luces navideñas se contraponían dos posturas bastante claras: la de quienes piensan que es un gasto superfluo que se podía obviar para destinar ese dinero a quienes más lo necesitan, y la de los que creen que es un incentivo importante no sólo para promocionar el comercio sino para intentar levantarnos el ánimo a todos, que buena falta hace. Yo soy de los segundos, pero comprendo perfectamente la postura de los primeros.

Pero lo que estoy seguro es de que ninguna de las personas que opinaba sobre esto aceptaría lo que está pasando en Lugo, la ciudad que siempre nos sorprende con su peculiar gestión en casi todos los ámbitos: la iluminación navideña se apaga a las 12 de la noche, es decir, una hora más tarde del toque de queda.

¿Qué lógica tiene eso? Porque ni los más férreos defensores de las virtudes de la iluminación navideña defenderán que se utilice cuando por la calle no puede haber nadie al margen de las escasísimas excepciones que contemplan las normas. ¿No es un despilfarro energético más que evidente por parte de una administración que va por el mundo presumiendo de ecológica?

Ni siquiera es un problema difícil de solventar. Supongo que no habrá una persona que vaya encendiendo y apagando las luces, que estará automatizado y que habrá una programación, así que es simplemente que no se han dado cuenta, como es habitual porque no se fijan en los detalles de casi nada. No parece que tenga mucho sentido poner el reloj hasta las 12, apáguenlas a las 11 de la noche y lograrán dos cosas, que sirva de aviso a algún despistado que esté fuera de casa cuando no debe… tal vez esa hora que sobra se podría añadir al inicio para disfrutar más tiempo de la iluminación.

miércoles, 16 de diciembre de 2020

El disparate de la Xunta con los carnés jóvenes

 

Presentando el nuevo carnet que recibirán 400.000 despistados en su casa, no sea que se tengan que molestar en cubrir una solicitud.

La Xunta de Galicia anunció ayer por la mañana que va a enviar el “carné xove” a 400.000 jóvenes de entre 12 y 30 años. En principio no suena necesariamente mal hasta que lo piensas un poco y razonas… ¿y si no lo quieren? ¿no es más lógico dárselo a quien lo pida como hasta ahora?

Por si la tontería no fuera suficiente, se eliminan los seis euros de tasas que se cobraban para su renovación, que se pagaban cada dos años. Un matemático, por mediocre que sea, nos diría que eso hace que el coste del carnet fuera de tres euros al año, y con esa mínima inversión se accede a descuentos y promociones… ¿Un chollo? Pues no creo, porque en todo el año 2019 hubo 19.590 solicitudes, y a finales de año estaban en vigor 43.449 (es decir, acumulando los anteriores que no habían caducado). Los datos de uso no están publicados, pero nos los podemos imaginar.

Si menos de 20.000 personas potencialmente beneficiarias se molestaron en cubrir la solicitud en 2019, ¿a qué viene ahora emitir nada menos que 400.000 unidades, que encima saldrán de nuestro bolsillo colectivo, ya que – insisto - se elimina la tasa? ¿Qué lógica tiene mandar el carnet a todos los posibles beneficiarios sin que lo soliciten y sin que a lo mejor lo vayan a usar jamás?

El mensaje es terrible. “Tú quédate en casa, bonito, que ya te llevo yo los descuentos para que puedas seguir navegando en el móvil o en el ordenador y no te molestes en hacer nada que ya nos encargamos nosotros de todo”. La cultura del todo gratis, del mínimo esfuerzo, de la comida masticada… un disparate en toda regla que encima nos va a costar una pasta a todos.

La Xunta ha metido la pata clamorosamente y supongo que parte del problema es el discreto éxito de los carnets. 20.000 unidades en un año no es que sea para tirar bombas, pero en lugar de replantearse si la estrategia está siendo la adecuada y hacer más atractivo el carnet para que la gente lo quiera han optado por mandárselo a casita, y no, ni siquiera se ha optado por una versión digital cuyo coste sería menor, sino que se enviará con la consabida carta llena de logotipos y firmas de gente muy importante que se felicita a sí misma por una iniciativa que nadie les ha pedido.

Si se dejaran de caralladas y se impulsasen medidas que favorezcan el emprendimiento y el empleo juvenil…

martes, 15 de diciembre de 2020

Lugo destinará 790.000 a plantar lechugas

Para 2021 nuestro gobierno local no tiene previsto empezar a usar el nuevo auditorio, derribar el Garañón o hacer la playa fluvial que tanto nos habían prometido...

Ni nuevo auditorio, ni derribo del Garañón, ni playa fluvial. Ninguna de las tres cosas figura en los presupuestos presentados por el Gobierno del Ayuntamiento de Lugo para 2021, aunque curiosamente sí hay partidas para la programación cultural del viejo Gustavo Freire con lo que se entiende que no tienen planeado abrir las puertas de las nuevas instalaciones de avenida de Magoy durante otro año. Se nos podrá decir que eso está en otras partidas, pero no tiene el menor sentido no reflejarlas en las “suyas” cuando otras similares sí tienen nombre y apellidos.

Se incluyen en cambio partidas chocantes como los 790.000 euros destinados a los huertos urbanos. Muchas lechugas se compran con ese dinero, la verdad, y no sé yo hasta qué punto tiene mucho sentido meter esa barbaridad de dinero con la que está cayendo y lo que se nos viene encima en unas instalaciones que tuvieron un éxito puntual y a día de hoy están semiabandonadas. No me entiendan mal, que lo de los huertos me parece muy bonito, pero como no se gestione algo mejor no va a servir de gran cosa, y en todo caso me parece que es una barbaridad de dinero para hacer unas parcelitas donde la gente pueda darle al sacho.

Para que se hagan a la idea de qué estamos hablando, 790.000 euros es el presupuesto que el Ayuntamiento de Valladolid destinó a recuperar un parque, el Juan de Austria, cuya rehabilitación supuso actuaciones bastante más importantes que poner unas vallas y aspersores para vegetales. Esa misma cifra (bueno, en realidad fueron 790.963,32 euros) es lo que presupuestó la Junta de Andalucía para el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Cañada Rosal, construyendo con ese importe basa menos que un módulo de 600 metros cuadrados con 150 puestos escolares distribuidos en seis aulas, aseos, porche cubierto… que finalmente costó 651.824,58 euros, casi 140.000 menos que los huertos de Lugo. También es el importe del saneamiento de la zona de A Malata en la Ría de Ferrol lo que hace pensar que tal vez habría sido un dinero interesante para sanear el Miño a su paso por Lugo, que cuando baja el nivel del agua da un poco de asco. Aquí nos lo vamos a gastar en parecelitas para plantar tomates. Nos salen caros.


La rehabilitación de un parque entero tuvo el mismo presupuesto que aquí se gasta en poner parcelas para plantar vegetales...

El Colegio que Andalucía presupuestó en lo mismo que nos cuestan los huertos, ha costado realmente 140.000 euros menos...


El PP ha criticado que en estos presupuestos se incluyan 70.000 euros para cambiar el coche oficial de la alcaldesa, un vehículo de casi 20 años que no sólo utiliza ella. Les confieso que no tengo ni idea de mecánica y no sé lo estropeado que está ni los kilómetros que tiene, pero a priori no tengo por qué dudar de que haya cumplido sobradamente su función. Hoy en día un coche que ronda los 14 o 15 años está “viejo” y tal vez debería ver otras opciones como el alquiler. Se podría decir que vale, que puede renovar el coche entre otras cosas porque así contaminará menos (creo que van a comprar un híbrido) pero que no hace falta que se vaya a un coche tan caro… pero francamente tampoco veo a mi alcaldesa en un acto oficial bajándose de un Twingo (¿aún los fabrican?). Sí, ya sé, ya sé, la imagen no es lo más importante… pero tampoco es lo menos relevante.

El problema de estas cosas es que nos distraen de las verdaderamente relevantes, y vuelvo al principio: Ni nuevo auditorio, ni derribo del Garañón, ni playa fluvial. Otro año perdido en temas por los que llevamos esperando… lo que llevamos esperando. Pero al menos nos entretendremos plantando guisantes.


lunes, 14 de diciembre de 2020

El compromiso de mantenimiento del empleo en los EREs-ERTEs

 


Una de las cuestiones más confusas para las empresas que han tramitado Expedientes de Regulación de Empleo (EREs o ERTEs) es el compromiso de mantenimiento del empleo. Aunque la intención de esa medida es razonable no se ha articulado con demasiado acierto y habría que explicarlo correctamente teniendo en cuenta que las consecuencias de incumplir ese punto son, como acertadamente explicaba El Progreso el pasado día 10, muy graves porque suponen la anulación del expediente y por lo tanto la devolución de todas las exenciones realizadas y de las prestaciones de los trabajadores, que parece lógico pensar que tendría que asumir la empresa. Sin embargo, hay cosas chocantes sobre este tema que es importante matizar.

Para empezar, el incumplimiento de ese compromiso de mantenimiento no anula o se convierte en improcedente el despido necesariamente. Lo que produce son consecuencias sobre el ERTE, que no es lo mismo. Es decir, la empresa tendrá que devolver el dinero, pero no habrá de readmitir al trabajador salvo que ese despido se declare improcedente o nulo en un procedimiento diferente, ajeno al de la regulación de empleo.

Tampoco implica que todos los despidos estén vetados. Los que sean disciplinarios, por ejemplo, se pueden llevar a cabo (por ejemplo, un trabador que se niega a reincorporarse y que falta a su puesto tras su llamamiento) y como es obvio ni las extinciones de contrato por invalidez ni por muerte afectan al expediente. La finalización de contratos temporales que llegan a su fecha de vencimiento tampoco se consideran despidos, porque simplemente son “no renovaciones”.

Por otro lado, cabe señalar que en realidad el mantenimiento del empleo no es consecuencia de la tramitación de un ERTE sino de acceder a exoneraciones en las cuotas de seguridad social. Es decir, que una empresa puede haber tramitado un ERTE sin asumir ese compromiso si no se benefició de las exoneraciones.

Pero probablemente lo más llamativo de todo es cómo se computan los seis meses de mantenimiento del empleo. El reloj empieza a correr cuando se recupera al primer trabajador, aunque sea a tiempo parcial. Es decir, una empresa con tres empleados a los que suspendió el contrato el 14 de marzo y que recuperó a uno de ellos a media jornada el 15 de abril habrá cumplido sus seis meses de compromiso el día 16 de octubre… y eso es válido para toda la plantilla así que podría despedir a los tres, no sólo al que recuperó.

Esto tiene como consecuencia que una persona pueda pasar del ERTE al despido sin haber trabajado un solo día, lo que crea muchísima confusión, que se incrementa si se tramita un segundo ERTE porque esos seis meses se añadirían a los primeros, siempre que uno de los trabajadores recuperados estuviese afectado en ambos expedientes.

Para liarlo más aún, en los ERTEs ETOP tramitados en base al Real Decreto-Ley 24/2020 el plazo de seis meses comienza a contar en una fecha determinada: el 26 de Junio de 2020 aunque hubieran recuperado a algún trabajador anteriormente.

Todo esto, redactado con la habitual falta de claridad a la que nos tienen acostumbrados las normas de empleo desde marzo, es el caldo de cultivo de la confusión en que viven las empresas, que ya no tienen muy claro qué pueden y qué no pueden hacer.

Artículo publicado en El Progreso del 12 de Diciembre de 2020

viernes, 11 de diciembre de 2020

El Gobierno de Lugo quiere sangrar a la hostelería

 

Lo de que el Gobierno de Lugo anuncie reiteradamente que no se pagarán tasas de terraza en 2021 está muy bien… si no fuera porque se callan que a partir de 2022 se duplicará el precio, lo que no sólo neutraliza esa “generosa” exención, sino que empeora la situación de las familias que viven de la hostelería volviendo a la senda del abuso y la desproporción. En algunos casos el incremento es del 600% de la tasa y recuerden que ese aumento no es sólo para el 2022, es para siempre.

Centrándonos en el casco histórico, que es nuestro campo de actuación, para que se hagan una idea los más de 40 euros por metro que pagará un hostelero de Lugo superan con mucho los 27 que pagaría en Santiago de Compostela, los 25 de Coruña o los 5,34 de Vigo, localidades en que es difícil rebatir que las terrazas son muchísimo más rentables por sus características turísticas e incluso climatológicas.

Desde que en 2013 Lugo Monumental denunció que nuestros hosteleros sufrían las tasas de terraza más caras de las ciudades de nuestra Comunidad, se inició un largo camino que incluyó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que avalaba nuestros postulados y anulaba el estudio de costes utilizado por la administración para inflar artificialmente los precios de las tasas. Todo aquel proceso culminó con un acuerdo que redujo las tasas a unos precios razonables pero ahora, sin que exista obligación alguna por parte del Ayuntamiento de cambiar eso, abren de nuevo el melón de la escalada de costes.

Sé que mucha gente piensa que pague lo que pague un hostelero es poco, con esa falta de empatía que algunos muestran cuando el dinero no sale de su bolsillo, pero lo grave es que quien parece compartir ese criterio es el Gobierno de Lugo a pesar de que ya se les ha demostrado reiteradamente que están equivocando el camino sangrando a quienes, sobre todo en esta situación, están pasando por un durísimo momento del que a duras penas se podrán recuperar. Muchos quedarán por el camino. Es muy fácil decir que tienen que pagar más quienes están trabajando en nuestras fiestas y los días que los demás descansamos, prestándonos un servicio que en esta pandemia se ha demostrado como fundamental, y decretar arbitrariamente disparar los precios desde un cómodo despacho pagado por los impuestos de los propios perjudicados.

Es que el café en el centro es muy caro” dirá alguno. Sí, cuesta más que en otras zonas como en todas las ciudades del mundo, pero el coste de una terraza en una calle de 1ª categoría es un 579% más cara que en una de 3ª o 4ª. Eso supondría que si un café en las primeras cuesta 2 euros, en las segundas tendría que costar 35 céntimos para seguir la proporcionalidad. Tampoco parece razonable que sea más caro poner una terraza en una calle de 5ª categoría (9,12 €/m2) que en una de 3ª o 4ª (6,96 €/m2) lo que indica la poca credibilidad del estudio usado por la administración.

Todo esto se hace en el momento menos oportuno posible y ocultando esa subida con la cortina de una exención temporal. Se podría alegar que estos procesos son largos y que la subida se hace ahora por una cuestión de “procedimiento”. Sí, podría decirse eso, sólo que se mentiría porque este incremento se votó hace menos de dos meses, el 29 de octubre. Ya sabían lo que hacían y cuándo lo hacían. Ya sabían que estaban perjudicando a los que presumen defender.

Artículo publicado como Presidente de la Asociación Lugo Monumental