Una de las bases más fundamentales del pensamiento liberal es la desconfianza hacia el Estado como control de la vida y milagros del ciudadano medio. Una cosa es que existan leyes que se supone que sientan las bases (mínimas en teoría) de la convivencia y regulan comportamientos ilícitos, y otra muy diferente es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo cuanto hacemos esté tasado por una norma emanada de una maraña de administraciones que parecen competir a ver quién saca más condicionantes.
En Lugo se ha generado una gran polémica con el tema de las cámaras de vigilancia del Ceao. Resulta que el Ayuntamiento instaló una serie de elementos de videovigilancia en nuestro (por ahora) principal polígono industrial para reforzar la seguridad y echar un ojo al tráfico. Desde hace varios años (creo que 2008, y ahora me da pereza confirmarlo) se renovó la licencia para estas cámaras sin problemas, pero este año se la han denegado, con la consiguiente sorpresa del Alcalde y allegados, y de los empresarios de la zona que ven con un poco de susto que un elemento como este, claramente disuasorio, desaparece para alegría de los chorizos.
La versión más baturra del asunto, ofrecida como de costumbre por el gran simplista de la ciudad, el señor Orozco, dice que es que el Gobierno es malísimo y quiere darle palos por todas partes. Ya sabemos que a Orozco le persigue, dice él, la Justicia, la Xunta, los sindicatos, la policía, el PP y un perro que vive en su calle y que cuando lo ve bajar a por el pan le ladra.
La realidad parece que es bastante diferente. Resulta que la ley dice que las cámaras sólo pueden estar instaladas “cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana”. Justificar si en el Ceao se cumple o no este requisito no atañe a la comisión que informó negativamente sobre el permiso, sino al solicitante, es decir, al Ayuntamiento de Lugo. Se le advirtió que tal y como estaba la solicitud no se le concedería, pero Orozco, en lugar de modificarla y justificar la necesidad, se limitó a recurrir la negativa. Don “erre que erre”, encarnado por Paco Martínez Soria, estaría orgulloso.
Pero vamos al fondo del asunto. ¿Realmente son necesarias esas cámaras? Volviendo al principio les diré que desconfío profundamente de ser vigilado, grabado, analizado y cotilleado por personas que dicen trabajar en favor del Estado por muy funcionarios que sean. En Lugo ya tenemos precedentes de uso de cámaras del tráfico para cotillear las relaciones sexuales privadas de personas en sus casas, no sé si lo recuerdan.
Hay ocasiones en que para analizar un argumento lo ideal es exagerarlo. ¿Quieren ustedes evitar el 100% de los delitos? Es sencillo. Hoy día es posible poner a cada ciudadano una pulsera de localización; intervenir todos los equipos informáticos y analizar sus contenidos; poner en cada calle, local y casa una cámara de vigilancia, micrófonos ocultos… el Gran Hermano (que para el que no lo sepa es un concepto que salió de un libro llamado 1984, además de un programa de televisión) puede ser hoy día más poderoso que nunca porque la tecnología le da herramientas con las que Orwell nunca habría soñado. Si se instala todo eso y el Estado controla cada movimiento de cada ciudadano, no habría delitos, ni libertad, ni intimidad…
El argumento de que sólo quiere que no le graben quien tiene algo que ocultar es muy sonoro, pero si uno quiere meterse el dedo en la nariz, por poner un caso bastante infantil, no es nada ilegal (por ahora) y no tiene por qué verlo nadie. De hecho es recomendable que no lo vea nadie.
Evidentemente el Ceao no es una zona residencial, sino un polígono industrial. No me entiendan mal, no defiendo que se quiten las cámaras, sólo que hay que ser consciente de la relevancia de que estén ahí, y no darlas por sentadas porque son “convenientes”. No es lo mismo que las instale un particular en su dominio privado (avisando al público si es un negocio de libre concurrencia, como obliga la ley) que nuestro papá Estado que ya saben que tiende a la exageración en estas cosas. La legislación en ese sentido es muy restrictiva, como debe de ser. Otra cosa es que nos preguntemos si es lógico que se obligue a quitar las cámaras del Ceao, o al menos a justificarlas con puntos y comas, y se mantengan en otros edificios como la Subdelegación del Gobierno, que por mucho que me vengan con que es por seguridad tengo mis dudas de su riesgo (cómo se nota que ETA está noqueada).
El discurso simplista es que están bien porque son una medida disuasoria contra el crimen. Nadie lo duda. La cuestión es que estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado, porque no es tan sencillo y posicionarse en un sí o un no rotundo es un error. Vamos a ver con cuidado dónde se ponen y para qué. Orwell avisó, les recomiendo echar un vistazo a su novela. Quizás se equivocó de año únicamente.
Si a este "Big Brother" de cámaras de televisión le sumamos además que el 80% de las comunicaciones por teléfono e internet de los lucenses (y del resto de los españolitos de a pié) están intervenidas a través del SITEL, nos damos cuenta que vivimos en una cyber dictadura tecnológica... un asco, en resumen.
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