Consignas, las justas

No es por meterme con nadie, pero asisto pasmado a ciertas manifestaciones por parte del “pueblo”, representado según dicen en las personas que acampan en las principales plazas de España. He sido y siempre seré un defensor a ultranza de la sociedad civil, esa que al margen del poder político se enfrenta a él y le pone coto, pero como diría José Ortega y Gasset, “no es esto, no es esto”. Lamento ser portador de malas noticias pero muchas de las reivindicaciones que parece que saldrán de los movimientos (ya hay más de uno) que se dicen abanderados de la democracia no son más que lugares comunes y simplezas de difícil defensa.

Por ejemplo, lo de no llevar imputados en las listas electorales. Es la madre del cordero, la más común de todas las reivindicaciones y la que nadie discute aparentemente. Menos mal que estoy yo para llevar la contraria a la masa. Veamos, para empezar hay que definir lo que es un imputado. Tiene tal condición, en Derecho penal, aquella persona a la que se le atribuye participación en un delito, y mantendrá esta calidad hasta el dictado de la sentencia judicial que lo absolverá como inocente o lo condenará como culpable. Esto quiere decir que hasta que hay sentencia simplemente es una persona a la que se acusa de un delito, nada más (y nada menos).

Uno de los principales pilares de un Estado de Derecho es el de la presunción de inocencia. Si nos cargamos esto, cosa que pasa con mucha frecuencia y casi siempre en los juicios “mediáticos” a los que cada vez estamos más acostumbrados, estamos perdidos. Con esto quiero decir que hasta que haya sentencia no puede haber consecuencias negativas para una persona, porque puede, perfectamente, ser inocente de los cargos. ¿Con qué derecho, entonces, se obliga a esa persona a no presentarse a unas elecciones? ¿Acaso es tan difícil presentar indicios falsos para cargarse a un rival político? ¿No recuerdan el reciente caso de la atleta a la que media España condenó y que luego resultó ser inocente?

Pedir la no inclusión por ley de imputados en las listas es una barbaridad, porque es tanto como condenar a un posible inocente. Que sea el pueblo el que decida si confía o no en la persona o en el partido que lo incluye en las listas.

Otra de las grandes simplezas es la de que cada voto cuente lo mismo. En principio suena bien, pero desde Lugo no podemos defender tamaña agresión a nuestra provincia. ¿De dónde sale la agresión? la respuesta, tras la publicidad… Cada provincia elige un mínimo de 2 diputados de los 350 que forman el Congreso, y el resto, 248, son repartidos siguiendo criterios de población. Esto implica que un diputado en Lugo salga más “barato” en votos que uno de Madrid o Barcelona. Con esto, un voto en Lugo vale más que uno en una provincia con gran población. Por otro lado, al elegirse los diputados por provincias y no por el total de votos en España se dan paradojas como que un partido como Izquierda Unida tenga casi un millón de votos y 2 diputados mientras el PNV con 300.000 votos tiene 6 representantes.

Pero ¿qué pasaría si se fuera a la fórmula de un voto por ciudadano y una circunscripción única? Que las elecciones las decidirían Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y dos sitios más, con lo que el resto de España estaríamos de meros espectadores de las elecciones y, por tanto, de las políticas nacionales. Todas las ventajas, quiero decir, aún más ventajas se irían a esos territorios marginando hasta el límite a las provincias poco “rentables” como la nuestra.

Son dos ejemplos, pero hay más. La democracia “real” es otra cosa, más que un atajo de consignas. Estoy de acuerdo con parte de las reivindicaciones que hacen los movimientos del 15-M y el resto, pero con un poquito de “sentidiño”.