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| La costa de Galicia será gestionada por la autonomía |
El Tribunal Constitucional acaba de avalar por unanimidad la legalidad de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, más conocida por su abreviatura "Ley del litoral de Galicia", que fue llevada al juzgado por el Gobierno Central por considerarla inconstitucional.
¿Por qué se aprobó esta norma?
La Xunta vio un peligro en recientes normas del Estado, sobre todo la Ley de cambio climático y el reglamento sobre costas, quizá bienintencionadas pero que podrían llevarse por delante actividades clave para el futuro de muchas familias como pueden ser cetáreas principalmente. También afectaba a otras instalaciones públicas y privadas, entre las que están colegios o centros de salud.
¿Qué cambia con la Ley del litoral de Galicia?
La administración autonómica asume las competencias y crea en tres áreas diferenciadas la costa (área de reordenación, área de protección ambiental y área de mejora ambiental y paisajística) en las que se tiene en cuenta si hablamos de una zona urbana o rústica.
¿Qué se "salva" con esta nueva ley?
Los usos que establece permiten la prórroga de concesiones para casos concretos como pueden ser establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria, dotaciones públicas esenciales para abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, infraestructuras y generación de energías renovables, instalaciones náutico deportivas, comunicaciones o instalaciones que no se puedan situar en otro lugar siempre que esto se justifique con un estudio de alternativas que justifique la ubicación.
Es un texto garantista, que deja en manos de la administración autonómica esas autorizaciones, como no puede ser de otra manera.
¿Por qué el Estado ha recurrido la norma?
Hay dos criterios: el técnico y el político.
El primero ha sido rebatido por unanimidad por el Tribunal Constitucional. El Gobierno decía que entendía que esta normativa necesitaba una transferencia de competencias en una reforma del Estatuto de Autonomía para poder tener amparo legal, mientras la Xunta decía justamente lo contrario. Los tribunales han dado la razón a la postura autonómica.
En cuanto al político, es llamativo que mientras la norma gallega se denunciaba se hiciera la vista gorda con una ley vasca sobre el mismo tema, sobre todo si tenemos en cuenta que la redacción de ambos estatutos de autonomía es exactamente la misma... claro que los vascos tenían que votar la investidura de Pedro Sánchez y ser su sustento, por lo que ya no hablamos de cuestiones técnicas sino puramente políticas, incluso oportunistas.
Hoy muchas familias suspiran aliviadas porque podrán seguir ganándose la vida y creando riqueza para nuestra tierra, y antes de que alguien interprete que es una "agresión medioambiental" que lea la normativa, porque verán que eso es una sandez.
Aquí tienen el enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-19356
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