Impunidad en retrasos, aumentos de coste y mentiras en las obras

Las obras en esta zona se retrasarán hasta superar más de un año acumulado de prórrogas.

Ayer el Gobierno Local anunció una nueva prórroga en el proyecto de la calle Montevideo y Bolaño Rivadeneira (que también afecta a la zona de Quiroga Ballesteros, Amor Meilán y otras) por la que la empresa podrá extender sus trabajos hasta el día 28 de febrero de 2025, aumentando el coste en otros 358.002 € que no financiarán la Unión Europea, sino que saldrán del presupuesto municipal, al igual que los 315.736 € que subió la obra de Santo Domingo.

El plazo se amplía y supera el año de retraso. Esta obra tenía que estar terminada el día 11 de febrero de 2024 y ahora es el 28 de febrero… pero de 2025. Esto supone 383 días de retraso. Un año y 18 días de suplicio para los locales de la zona que vieron cómo se trabajaba a paso de caracol durante el verano y que ahora, al inicio de la campaña navideña, se les anuncia que se van a tener que fastidiar (me salía “joder” pero me pareció un poco zafio) otra vez.

La sensación entre los afectados es de impotencia y de absoluta desprotección.

¿Qué consecuencias tendrá esto para los responsables (es un decir) del desaguisado? Ninguna. Ni la más mínima. Los ciudadanos estamos totalmente indefensos ante estos abusos, porque ni la vía judicial tiene posibilidades de prosperar ni una reclamación patrimonial es sencillo que triunfe, y además es una demanda carísima (tiene que incluir estudios económicos de cada local que quiera sumarse) que, si se pierde como es probable porque es muy difícil demostrar una relación de causalidad, no sólo supone un varapalo económico sino un mazazo moral aún más irónico.

No existe defensa. En principio la Unión Europea no se mete en la desastrosa gestión del día a día de una obra, sino que sólo interviene si hay desviación de fondos o cosas por el estilo, aunque en el disparate de las mal llamadas Caldas, hechas con fondos “medioambientales”, no han intervenido, contra la más elemental lógica. En todo caso se va a estudiar el asunto por si hay alguna posibilidad de elevar al Parlamento Europeo este tema para ver si dejan de tomarnos el pelo de una manera tan descarada.

La gestión de fondos europeos es como una lotería que algunos responsables municipales se toman como un maná llovido del cielo y se les olvida que las obras no sólo hay que ponerlas muy bonitas en una infografía, hay que hacerlas bien y en plazo para que los daños no sean mayores que los problemas ficticios que se quieren evitar. Digo ficticios porque no había la menor obligación de hacer estas obras ya que Lugo cumplía antes de hacer nada los criterios legales para constituir la obligatoria zona de bajas emisiones.

El arboricidio llevado a cabo caprichosamente por el Ayuntamiento de Lugo, disfrazando la tala arbitraria de ejemplares de solución a una inexistente enfermedad (como luego se reconoció en una carta que no tuvo la menor consecuencia) quedó impune. El retraso totalmente injustificable de las obras queda impune.  El aumento del presupuesto (más de 600.000 euros de aumento) por haber hecho unos proyectos que no había por dónde cogerlos quedará impune. La impunidad (pública, claro) es la norma, aunque después si a Don Fulano o Doña Mengana se le ocurre retrasarse un día en el pago del IBI (impuesto que nos aumentarán para pagar todo este desaguisado como todos los demás de la ciudad) le meten un palo que los dejan tiesos porque “hay que cumplir con las obligaciones”. 

¿Qué pasaría si todos los lucenses “prorrogásemos” los pagos un año y 18 días? Las multas serían de órdago, pero a la administración no le pasa nada y a quien toma las decisiones tampoco, porque ante la duda siempre pueden salir corriendo a Santiago a refugiarse en el comodísimo Parlamento de Galicia tras destrozar la ciudad.