Cuantos más escándalos haya, más importante es creer en la presunción de inocencia

Seguimos sin querer entender que sólo una sentencia anula la presunción de inocencia.

Siguen saliendo supuestos escándalos en el PSOE gallego, con otra exconcejala que se suma a la denuncia que algunas de sus compañeras pusieron contra Inés Rey, alcaldesa coruñesa, por acoso laboral. No sé el futuro que tiene eso, partiendo de la base de que la relación entre un alcalde o un portavoz y sus concejales no es exactamente laboral, pero en todo caso, aplicando las normas maximalistas que les ha dado por poner como verdad absoluta, nuestros vecinos quizá se queden sin alcaldesa en breve. O no, que aquí los principios que se asegura defender se aplican según les pille el día.

Los partidos políticos van a tener que redescubrir la presunción de inocencia un día de estos. Ese principio que algunos defendemos cuando nos conviene y, aún con más ahínco, cuando no nos conviene porque es en ese momento cuando tiene importancia hacerlo. Pero los grupos que se reúnen bajo siglas partidistas no lo hacen así y, como mucho, lo mencionan tímidamente cuando les toca a los otros, mientras, sorprendentemente, cuestionan sentencias judiciales si no les viene bien el resultado.

En principio el sistema está diseñado con bastante sentido común. Hay unas reglas que se crean por personas elegidas por todos nosotros (las leyes redactadas y aprobadas por los diferentes plenos, parlamentos y demás), ejecutadas por un grupo más reducido que sale de ese mismo sitio (los gobiernos) y, en caso de duda, hay una tercera pata que resuelve si esa aplicación se corresponde con las normas o si entre nosotros hacemos lo que debemos (el poder judicial).

Esta última parte en teoría no tiene poder de decisión. Simplemente vigila que las reglas se apliquen, pero su función está siendo escamoteada por un nuevo actor que nadie tuvo en cuenta: la “opinión pública”, que tiene una histórica y peligrosa tendencia a dejarse llevar por el histerismo, poner guillotinas en las plazas y hacer rodar cabezas ante la mínima sospecha.

Esta ansia por la sangre ha sido aprovechada por irresponsables que se han pensado que era su oportunidad de ponerse al frente de la turba, y han exigido a todos (a todos los demás, claro) mucho más que la ejemplaridad: la perfección. Ya no sólo llega con ser inocente, ni siquiera con parecerlo. Tiene que haber cero acusaciones, porque el mero señalamiento supone la caída en desgracia.

Orozco, Besteiro, Tomé, Camps, Fernando Blanco, Cacharro, Villares… son nombres que se han visto salpicados por acusaciones, unas consideradas por “el pueblo” (sea quien sea) más creíbles que otras, pero que han acabado en nada… a pesar de lo cual los protagonistas sufrieron unas consecuencias totalmente absurdas, por algo que no hicieron.

La presunción de inocencia es el principio básico de cualquier Estado de Derecho. Da igual que las condenas sean duras o blandas, si no damos por sentado que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, estamos creando un castillo de cartas que cae con un soplido anónimo. Un disparate.

Lo normal es que cuando hay un comportamiento que alguien considera incorrecto o delictivo lo ponga en conocimiento de quien tiene que saberlo (fiscalías o juzgados) y que, una vez un tribunal sentencie, sea cuando se tomen las medidas oportunas. Pero eso es lento, da trabajo, y no colma los voraces apetitos de entrañas de los medios de comunicación y de “la plebe”, esa masa estúpida contradictoriamente formada por personas que, individualmente, no siempre lo son. Es mejor derribar a los poderosos preventivamente y después ya veremos qué pasa.

Las consecuencias son las que son. Echaron a Orozco por una sospecha que se demostró falsa. ¿Quién le restaura ahora su buen nombre? Y lo que es peor, ¿quién le devuelve el tiempo perdido? Nadie, es imposible. Bien es cierto que Lugo sufrió las consecuencias del error de nuestros representantes. Se cambió a quien, en mi opinión, no fue un buen alcalde, por quien, contra toda probabilidad, lo hizo aún peor arruinando al Ayuntamiento y gastando fortunas en obras absurdas que nos costará una millonada mantener por los siglos de los siglos.

Nos enteramos ahora de que la jueza que hizo la instrucción del proceso contra el exconselleiro Villares pide no procesarlo porque no ve por dónde coger el tema. Falta que la audiencia ratifique la decisión, pero sería raro que no lo hiciera. No se preocupen que habrá quien siga diciendo que es culpable porque alguien le ha señalado. Dan igual las circunstancias o que una jueza lo quiera archivar. La sangre tira, y si hay intereses detrás, ya ni les cuento.

En el pecado llevamos la penitencia. Normalmente los que caen por simples acusaciones son sustituidos por alguien peor, porque es fruto de una manzana envenenada, pero moralmente la situación es aún más grave: no se puede sacrificar a nadie en los altares del puritanismo forzado, de la caza de brujas política, del más ridículo macartismo disfrazado de falso feminismo. Si no hay sentencia no puede haber consecuencias, y si la hay no pueden evitarse.

Si nos saltamos al poder judicial, el sistema cae por la base y nos vamos directos a una dictadura y eso no es bueno, incluso aunque nos creamos todos un poquito dictadores al ser parte de esa “opinión” que hace caer a quien secretamente envidiamos.

Por Dios, apliquen la presunción de inocencia siempre, y con más fuerza cuando el acusado no les guste. La alternativa es siempre peor.